En diciembre se lanzó el Ente Regional de Desarrollo, un organismo que reemplaza al ente sospechado por el manejo de fondos durante la presidencia de Eduardo Accastello.
Política 09/01/2018 Miguel Perín
En la localidad de Alejandro Roca se realizó hace poco más de tres semanas una reunión en la que participaron 14 jefes comunales de localidades de los departamentos San Martín, San Justo, Río Segundo, Unión y Juárez Celman.
El objetivo del encuentro fue crear el Ente Regional de Desarrollo, una institución superadora del fallido Eninder, que hoy está en la mira de la Justicia Federal a raíz de las acciones desarrolladas cuando lo conducía el ex intendente de Villa María, Eduardo Accastello.
Se trata de la búsqueda de una nueva oportunidad para la integración de comunidades que forman parte de una región con un importante poderío económico, que necesita soluciones para temas como infraestructura básica y servicios que apuntalen ese potencial basado en la transformación de las materias primas que provee el campo.
El Eninder fue creado en el año 2000, con el carácter de un ente autárquico público. Inicialmente se integraban en ese organismo los municipios de Villa María, Villa Nueva, La Carlota, General Deheza, Las Perdices y Alejandro Roca pero, en un momento llegó a agrupar a 51 localidades.
Según se puede leer en el libro “Una nueva cuidad, un nuevo tiempo”, editado para conmemorar los diez años de gobierno accastellista en la tercera ciudad más importante de la provincia, el Eninder es definido como “un organismo de gestión estratégica para el desarrollo sustentable, abarcando aspectos humanos, económicos y sociales, destinados a colaborar con los gobiernos locales ubicados en el centro-sudeste de la provincia de Córdoba”.
Herido de muerte por las sospechas de corrupción y la realidad de haber sido una herramienta para la proyección de Eduardo Accastello, hace un año que se produjo el alejamiento de intendentes de localidades gobernadas por la alianza Cambiemos.
Esto dio pie a que el intendente de Villa María, Martín Gill, buscara una nueva fórmula para recrear el proyecto de asociativismo regional.
Tratando de recuperar la iniciativa y el liderazgo regional, se propuso una reforma estatutaria que elimina algunos de los vicios que abrieron la puerta a conductas que hoy están bajo la lupa de la Justicia Federal.
Es así que el nuevo organismo no será presidido por el intendente de Villa María de forma obligatoria, sino que se elegirá entre los miembros participantes quién conducirá la gestión del ente.
Otro de los aspectos que presenta el nuevo esquema organizativo es que se equipara la condición de socios del ente y el grado de participación se tomará en proporción a la cantidad de habitantes que posee cada localidad, garantizando que todos tengan voz y voto. A la vez, se abre el juego a la sociedad civil, permitiendo que ingresen con la condición de socio adherente las instituciones intermedias del sector productivo, cámaras empresariales, universidades, entre otros actores sociales.
El puesto clave de director general del Ente Regional de Desarrollo ya no será nombrado discrecionalmente por el intendente de Villa María sino que será la Comisión Directiva la que lo nomine.
Como resultado de la reunión en Alejandro Roca, quedó constituida la conducción del ente, recayendo la presidencia en Martín Gill, quien es secundado por Fabio Guaschino, de La Carlota, en el cargo de secretario.
La Auditoría General de la Nación detectó numerosas irregularidades en el manejo de fondos girados por el gobierno kirchnerista hacia el Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (Eninder). El informe se centró en analizar las transferencias de fondos destinadas a la concreción de la remodelación del Anfiteatro de Villa María, la construcción del puente Villa María – Villa Nueva y obras de pavimentación en las localidades integradas al ente.
Todos estos hechos se produjeron mientras ejerció la presidencia del Eninder Eduardo Accastello y, según figura en otras denuncias relacionadas con esta causa, aparecen involucrados empresarios muy cercanos al ex jefe de gobierno villamariense.
En los Tribunales Federales de la avenida Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrolla una investigación basada en ese informe y en otras denuncias que se fueron sumando. En el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral se sustancia el expediente referido a contrataciones poco transparentes, pago de sobreprecios y desvío de fondos hacia operaciones financieras poco claras.
En la causa aparecen imputados funcionarios de alto rango de la gestión kirchnerista, Eduardo Accastello y el ex director del Eninder, Edgar Bernaus.
Preocupados por recuperar la imagen del organismo intermunicipal, los intendentes se propusieron dar muestras de transparencia en la gestión y por eso se contrató una auditoría externa, que está a cargo del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba. Para ello se suscribió un convenio entre las partes, estableciendo que, más allá de los mecanismos de control internos del ente, todos los años se realizará una auditoría sobre el funcionamiento del organismo.
La transparencia es un aspecto clave luego de lo que sucedió con la gestión de Accastello y los actos que están siendo investigados por la Justicia.
Ante los acontecimientos resulta oportuno preguntarse si los intendentes que hoy promueven este lavado de cara de lo que pudo ser un excelente vehículo para el desarrollo regional han tomado nota de los riesgos que implica el uso personalista de organismos públicos.
La malversación de los objetivos de un ente como el Eninder y las comunidades regionales para impulsar la figura de un político son una clara muestra de falta de respeto a la democracia y una falta de respeto hacia los ciudadanos, al desvirtuar el fin de mejorar sus condiciones de vida.
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