Participantes de 17 países se reunieron en las instalaciones de “Cita con la Vida”, para pensar políticas contra el derecho al aborto, la educación sexual integral y la agenda LGBT+.
Ed Impresa 28/04/2023
Consuelo Cabral
ESPECIAL DÍA DE LAS Y LOS TRABAJADORES
La derecha religiosa evangélica es un fenómeno internacional fogueado económicamente por distintas fundaciones, en articulación con el poder político y económico. En el caso de Argentina, país pionero en materia de derechos vinculados a la identidad de género y a la salud reproductiva, la contraofensiva se ha visto incrementada a través de discursos de odio que tienen como blanco común a quienes abogan por el cumplimiento de dichos derechos.
Según datos del Conicet, en 2008 la religión evangélica era profesada por un 9% de la población, alcanzando en 2019 a un 15,3 por ciento. Actualmente las comunidades evangélicas reúnen por lo menos 6 millones de personas, cifra lo suficientemente importante si se tiene en cuenta el escenario electoral que tiene lugar en Argentina. Es, en síntesis, la religión que más aumentó en los últimos años y son cada vez más los dirigentes que se interesan por captar sus inquietudes.
En ese marco, la ciudad de Córdoba fue durante cuatro días, desde el 18 al 21 de abril, sede del Séptimo Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (CIPVF).
Referentes evangélicos conservadores y fundamentalistas de 17 países de América y Europa, y políticos afines a la agenda antiderechos en materia de género, se reunieron en las instalaciones de la mediática Iglesia “Cita con la Vida”. El CIPVF es un espacio fundado en el 2017 por el pastor y periodista mexicano Aarón Lara, con gran influencia política en su país.
El objetivo del Congreso: elaborar alianzas y estrategias para promover iniciativas contra el derecho al aborto, la educación sexual integral y los avances en la agenda LGBT+, además de constituir alianzas con partidos políticos para incidir en el diseño e implementación de políticas públicas futuras que van en contra de los derechos conquistados.
Un dato que ejemplifica la búsqueda de estas alianzas, y la utilización mutua entre los sectores políticos y quienes se oponen a los derechos en materia de género, es el beneplácito que el Séptimo Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (CIPVF) recibió por parte de la Legislatura de Córdoba. Así como también, la foto de sus máximos referentes recibidos por el intendente Martín Llaryora.
Para profundizar sobre los alcances que este tipo de encuentros pueden tener en derechos ya conquistados de la agenda de género y diversidad, La Nueva Mañana dialogó con las referentes feministas Pate Palero, Directora Ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD); Checha Merchán, ex secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, ex diputada por Córdoba e integrante de la corriente La Colectiva, y con Mayca Balaguer, abogada especializada en género e integrante de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
Pate Palero (Directora Ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina)
Desde CDD conocemos bien este tipo de discursos, que -si bien se van aggiornando en su formato, y en sus vocerías- responden a los mismos sectores conservadores fundamentalistas que se oponen al acceso a derechos y a la igualdad, en base a una clara raigambre antidemocrática. Su impacto es relativo en tanto y en cuanto manejan argumentos falaces, apelan a instalar el temor y la culpa, desinformando o tergiversando la información.
Consideramos que mientras quienes tienen la responsabilidad de velar por la justicia reproductiva tengan capacitación adecuada y compromiso democrático, los derechos de la población estarán garantizados.
De acuerdo al relevamiento llevado a cabo por CDD Argentina en nuestra provincia, lo que observamos es un dispar cumplimiento de las leyes vinculadas al acceso a derechos sexuales y reproductivos. En general observamos que hay un esfuerzo sostenido por profesionales de la salud, con responsabilidad y conciencia de los derechos de lxs usuarixs, pero no siempre la misma apuesta desde la conducción del Estado. Las respuestas son parciales, concentradas en algunos centros urbanos, y con casi nula información para la población. En algunos casos hay incluso limitación para el acceso a métodos. Y en un sistema de salud precarizado, sobre cargado y con recursos humanos limitados, la respuesta integral (como demandan nuestras leyes y recomiendan organismos internacionales) sigue siendo una deuda de la democracia.
Checha Merchán (ex secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del MMGyD e integrante de la corriente La Colectiva)
Que existan estos encuentros es lógico porque estos sectores conservadores siempre van a existir. Siempre hay grupos reaccionarios que reaccionan ante cualquier avance de derechos. Lo terrible es que existan sectores de la vida institucional que tienen que velar por el cumplimiento de los derechos y que en lugar de ver cómo se está garantizando eso en la provincia, en la localidad o a nivel nacional, están viendo cómo consiguen votos a través de este vínculo con estos sectores conservadores.
Considero grave que desde sectores institucionales como la legislatura, o la Municipalidad de Córdoba, se les otorgue una dimensión tan grande como declarar un beneplácito por su existencia, en vez de trabajar por garantizar nuestros derechos en toda su extensión, en todo nuestro territorio.
Es necesario que las autoridades, los funcionarios y funcionarias públicas cumplan con su función democrática de garantizar derechos como la ESI, la interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario, identidad de género.
Creo que en “esta necesidad”, que lo pongo entre comillas, de acercar votos, de poder encontrarse con sectores populares que se sienten identificados muchas veces por la cuestión religiosa con algunos de estos sectores conservadores, hacen concepciones que después realmente traen consecuencias que son muy complicadas. De hecho se pudo ver lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, lo que pasó en Estados Unidos con Trump, y podemos dar otros ejemplos. En nuestro país no hay espacio para este tipo de asociaciones. No hay espacio para que sigan avanzando porque la nuestra es una sociedad que tiene muchos movimientos, es una sociedad muy diversa, con muchas propuestas, con muchísimas posibilidades de seguir avanzando.
Mayca Balaguer (abogada especializada en género y referente de Fundeps)
Este tipo de encuentros y movimientos son legítimos en el marco de la libertad de asociarse y de profesar un culto o una religión. Lo que resulta preocupante es el objetivo que propone, que es el de crear cuadros políticos e incidir en la agenda pública local y regional, a partir de la instalación de consignas que vienen de los dogmas religiosos. En el programa se pueden leer puntos como “¿Es competencia de la iglesia el ejercicio del gobierno? ¿Podemos competir con éxito en la participación política?”, “La educación del Siglo XXI, ¿ciencia o ideología?”, en el medio de oraciones y prédicas. Y sabemos que quienes participan son líderes políticos cuyas plataformas son conservadoras, opositoras a los avances en materia de derechos. Entonces no se puede negar la potencialidad que tiene la toma de poder de este tipo de líderes en el escenario público para obstaculizar el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos que ya tenemos reconocidos, como la salud (sobre todo la sexual y reproductiva), la identidad, la no discriminación y vida libre de violencias.
Me preocupa que este evento haya tenido el beneplácito de la Legislatura de Córdoba, así como la participación de funcionarios políticos actuales, porque en un estado laico, no debería beneficiarse o favorecerse a alguna religión o confesión determinada en particular, máxime cuando la agenda del evento contiene consignas de mínima polémicas o que podrían interpretarse como contrarias a derecho.
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