El ex secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa, se negó a declarar

Está acusado de haber autorizado la construcción de un emprendimiento inmobiliario y una estación de Epec en "zona roja" de protección ambiental.

Córdoba 11/04/2023 Redacción La NUEVA Mañana Redacción La NUEVA Mañana
Raúl Costa by gentileza
Raúl Costa, ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba. Foto: gentileza.

Raúl Costa, ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, comenzó a ser juzgado este martes en la Cámara 10° del Crimen, acusado de presunto abuso de autoridad, por haber autorizado en 2010 la construcción de un emprendimiento inmobiliario de la empresa GAMA en una “zona roja” según la Ley de Bosques.

En la primera jornada, el villamariense se negó a declarar y se pasó a un cuarto intermedio "para que el jurado popular lea los expedientes y analice la prueba". La próxima audiencia se llevará a cabo el lunes 17 de abril a las 9. 

Según explicaron desde la ONG Adarsa, que impulsó la denuncia y es querellante en la causa, la imputación contra el ex funcionario se fundamenta en la autorización que otorgó a dos emprendimientos en la zona dentro del área de la reserva Valle del Cóndor, uno de ellos un desarrollo inmobiliario denominado El Dorado II, y el otro, una estación eléctrica de Epec.

Cabe destacar que dichas zonas cuentan con especial protección de la flora y fauna autóctona. “No obstante, este funcionario autorizó, no exigió el estudio de impacto ambiental, ni se instrumentó la instancia de la participación ciudadana, ambos requisitos que son parte del proceso de la evaluación de impacto ambiental y que se consagran con carácter de presupuesto mínimo -de cumplimiento imperativo, obligatorio- en todo el territorio de la Nación, ante emprendimientos que pueden dañar el ambiente”, señalaron desde Adarsa, en diálogo con Radio Universidad.

Las condenas que contempla el delito de “abuso de autoridad”, de acuerdo al Código Penal, tiene una pena de entre dos meses y cuatro años de prisión, más inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En principio, el fiscal que estuvo a cargo de la investigación, Gustavo Dalma, pediría una pena de tres años de prisión en suspenso. 

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