El Gobierno nacional anunció que recusará a los jueces del m Máximo Tribunal y consideró a la medida que benefició a CABA como "política".
País23/12/2022
Redacción La NUEVA Mañana
El presidente Alberto Fernández decidió este jueves recusar a los miembros de la Corte Suprema de de Justicia de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.
"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.
El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye "un fallo político, de cara al año electoral" y advirtió que, con esa decisión, "la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA".
"Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad", explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.
Además, el Gobierno consideró que la Corte argumentó "de manera insólita" que "transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas" y advirtió: "Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación".
El Presidente tomó la decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema este jueves, tras una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto ayer por el alto tribunal, que suspendió la aplicación de una ley del Congreso y modificó de 2,30% a 2,95% el porcentaje coparticipable para el distrito gestionado por Horacio Rodríguez Larreta.
El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Esas provincias "al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación" y para que soliciten la revocación "in extremis" de la resolución cautelar, según el documento.
El miércoles último, en un fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) se ordenó al Gobierno nacional que pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables.
El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.
La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas" en la ciudad.
De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.
En 2020, ya durante el Gobierno de Alberto Fernández, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.
"En la actualidad, según la Ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016", recordó el Gobierno en el documento firmado.
El máximo tribunal -si bien no resolvió la cuestión de fondo- avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% deban ser realizados "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
El encuentro de este jueves entre el Presidente y los gobernadores se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, pero un grupo de mandatarios asistió en forma virtual.
Fernández estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
Participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela; el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil.
También, el mandatario sanjuanino Sergio Uñac; el santiagueño Gerardo Zamora; el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto.
A ellos se sumaron en forma virtual el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich; el fueguino Gustavo Melella; el misionero Oscar Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia Kirchner. Sumaron sus quejas también los vicegobernadores de las provincias del Norte Grande Argentino y remarcaron que lo decidido por la Corte profundiza "los desequilibrios y asimetrías" en el país.
Fuente: Télam
Noticia relacionada
Se trata de una decisión emitida por el Comité de Emergencia que tiene como fin garantizar el abastecimiento domiciliario del servicio, en medio de la ola polar. La medida rige desde las 14 de este miércoles hasta las 14 del jueves.
La causa que investiga un presunto ataque vandálico al domicilio del diputado libertario sumó este miércoles cuatro nuevas detenciones. Crece el repudio en el peronismo y organismos de DDHH por la desproporcionada y arbitraria manera en que avanza la investigación.
En una nueva arremetida contra la libertad de prensa, y al día siguiente de avanzar contra Julia Mengolini; el presidente Javier Milei denunció este miércoles a los periodistas Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, también por "injurias".
La fiscalía que investiga las presuntas estafas de Generación Zoe en la provincia de Salta solicitó que Leonardo Cositorto sea condenado a la pena de 14 años de prisión.
El diputado de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau despotricó este miércoles contra el Poder Judicial por la “detención arbitraria” y “proscripción” política de la ex presidenta Cristina Fernández y sostuvo que se ejecutó en “venganza” por las políticas que llevó a cabo la ex mandataria durante sus dos mandatos y por el “castigo” a los represores de la última dictadura militar.
Con 136 diputados sentados en sus bancas se declaró habilitada la sesión. En el temario también se encuentran los proyectos con dictamen para reformar el régimen de DNU y juicio por jurados.
Majul había sido detenida el martes cuando registraba en video el centenario quebracho que la Municipalidad de Villa Allende y la empresa Caminos de las Sierras se aprestaban a retirar de la avenida Padre Luchesse, para avanzar con una obra vial.
Tras la masiva marcha por la ley de financiamiento, Adiuc resolvió profundizar el plan de acción en defensa de la universidad pública. La secretaria General del gremio, expresó que los salarios acumulan una perdida mayor al 40%.
Legisladores de Unión por la Patria, con ayuda de una senadora del PRO, lograron el dictamen para dos proyectos de ley que plantean un aumento en las jubilaciones y la extensión de la moratoria por dos años.
El ex funcionario dijo que se trató de un proceso “guionado” por “parte de la Justicia y parte del poder político”. Apuntó contra el ex Gobernador y dijo que el objetivo del juicio "fue evitar que un ministro del Gobierno provincial sea condenado".
El ministro de Economía defendió el precio del dólar tras fuertes cuestionamientos y aseguró que "Argentina no está en una situación ni parecida a tener un problema", aunque aseguró que el Gobierno sigue de cerca el déficit de cuenta corriente.
