Redacción La NUEVA Mañana
Este jueves a las 19 horas se realizará un encuentro para intentar conformar una multisectorial en contra de los dos proyectos ingresados en la Unicameral que buscan prohibir y sancionar la protesta social. Será en el Sindicato Luz y Fuerza, ubicado en Deán Funes 672, tercer piso.
Uno de los proyectos es de autoría de Juan Manuel Cid (integrante del bloque de Hacemos por Córdoba) y otro de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta (miembros de juntos UCR). Los mismos cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio y otras entidades, y buscan impedir la protesta social, dándole más poder a la policía y a la justicia y cercenando un derecho elemental. Proyectos similares fueron presentados en el Concejo Deliberante por los mismos bloques que en la unicameral.
"El lógico crecimiento de la protesta social es producto de las políticas de ajuste aplicadas por el mismo gobierno que hoy pretende prohibirla. El ataque al salario, a las jubilaciones, la falta de trabajo, de vivienda y la defensa del ambiente, los casos de gatillo fácil por parte de la policía y los derechos de las mujeres son los principales reclamos de esas protestas y en todos los casos la responsabilidad es del propio gobierno. Para acallar y reprimir los reclamos populares, desde la legislatura lanzaron una campaña reaccionaria contra el derecho de protesta, cuando deberían resolver las causas que las generan", indicaron desde la convocatoria.
Y agregaron: "Los sectores que atacan permanentemente las libertades populares, exigen que sea respetado su derecho a circular por sobre el derecho a protestar. Cuando colisionan derechos siempre debe darse prioridad al más elemental e importante de los dos, en este caso se hace evidente que debe prevalecer el derecho a la alimentación, al trabajo, a cobrar un sueldo digno, a la vivienda, a vivir en un ambiente sano y libre de violencias. Las protestas expresan justamente que no se han resuelto las necesidades más básicas de la población y que por eso miles salen a las calles para ser escuchados".
Además, destacaron que el ataque al derecho de la protesta y libertades democráticas se da en momentos en que "la provincia de Córdoba se encuentra sumergida en una gravísima crisis social con el 40% de la población pobre, y el 10% en la indigencia. ¿Cómo se pretende que los trabajadores no se manifiesten cuando el salario y las jubilaciones no alcanzan para lo básico y las paritarias son a la baja? ¿Cómo quieren que las mujeres y disidencias abandonemos la calle si cada día nos matan por el sólo hecho de serlo? ¿Cómo los activistas ambientales van a dejar de reclamar si el poco monte que tenemos arde bajo el fuego del agronegocio? ¿Cómo van a sacar a las organizaciones sociales de la calle si la pobreza y la indigencia avanzan y cada día se hace más difícil para los sectores populares poner un plato de comida en la mesa? La Legislatura debería responder esos reclamos, y no impulsar la represión".
Por último indicaron que "la avanzada contra el derecho constitucional a la protesta, está enmarcada en un accionar sumamente discriminatorio y persecutorio". "Denunciamos que detrás de los proyectos presentados, el gobierno y los funcionarios públicos, están desarrollando toda una cobertura política y social que busca criminalizar y estigmatizar a las personas que se manifiestan. Con estos proyectos se le otorga más poder a la policía de Córdoba que asesinó sin miramientos a Blas Correa y tantos más. Y también a un poder judicial corrupto, que mete preso al ladrón de gallinas y protege la impunidad de los ladrones de guante blanco", aseguraron.
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