El proyecto de ley busca tipificar y penar la compra y venta de niñas y niños, así como la entrega de menores recién nacidos de manera transaccional.
País 19/10/2022
Redacción La NUEVA Mañana
Un proyecto de ley, que busca tipificar y penar la compra y venta de niñas y niños, así como la entrega de menores recién nacidos de manera transaccional, aunque sea gratuita, obtuvo este miércoles dictamen favorable en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
Tras un debate en el que expusieron la defensora de la Niñez y Adolescencia, Marisa Graham, y el damnificado de un caso que sentó las bases del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, senadores del oficialismo avanzaron con la firma de la iniciativa para ser tratada en el recinto.
El bloque de Juntos por el Cambio había pedido esperar unos días para la rúbrica, pero el Frente de Todos, encabezado por Oscar Parrilli en la reunión, expresó su desacuerdo y su voluntad de avanzar cuánto antes con la norma.
El proyecto sustituye el artículo 139 bis del Código Penal por el siguiente: será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en los artículos 138 y 139, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad".
Agrega que "incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial, por doble tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en los artículos 138 y 139".
La decisión del PEN de presentar la propuesta surgió tras analizar la condena a Argentina de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instó a nuestro país a incluir ese tipo de delitos en el Código Penal.
El organismo internacional se expidió en el caso de Leonardo Fornerón, oriundo de Entre Ríos que reclama desde hace 22 años por su hija entregada ilegalmente en adopción por la madre a un matrimonio porteño, con la anuencia de funcionarios judiciales provinciales.
El presidente Alberto Fernández envió al Senado el mes pasado un proyecto de ley para tipificar esta conducta y establecer una pena mínima de tres años de cárcel para quien la perpetrase, por lo que la Cámara alta abrió este mediodía el debate en comisión.
Graham, la primera en exponer hoy en la reunión de la comisión de Justicia, expresó su satisfacción de que "por primera vez en Argentina, después de tantos años, el Congreso se haya propuesto por fin tipificar la conducta de compra venta de niños en particular con fines de adopción".
"Adopciones absolutamente irregulares e ilegales. La compra venta de niños y niñas en Argentina ha sido un delito que se viene cometiendo hace muchísimos años", subrayó.
Graham añadió que "desde hace décadas" se registran casos de "mujeres en condiciones económicas que podían pagar fortunas a intermediarios para conseguir un hijo o hija" y precisó que se trata de menores que fueron "anotados como propios en los registros civiles".
"La adopción nunca puede ser un contrato entre particulares. Los niños no pueden ser objeto de una transacción, sea onerosa o gratuita. Por eso necesitamos esta norma", indicó.
Para Graham, el Estado argentino fue "bien condenado" en el caso Fornerón ya que "no había ninguna justificación" para que ocurriera lo que ocurrió, cuando el propio Estado de la provincia de Entre Ríos no permitió al hombre criar a su beba con argumentos tales como su precaria condición económica o su estado de soltería.
"El caso Fornerón es lo que dispara y concientiza. Por eso le agradecemos a Fornerón", dijo la funcionaria dirigiéndose al hombre que impulsó la denuncia para recuperar a su hija.
Emocionado, Fornerón relató con pormenores las peripecias que tuvo que atravesar para que la Justicia nacional y luego la internacional revisaran y le dieran la razón en su reclamo.
La ahora joven Milagros fue entregada a los pocos días de su nacimiento con el consentimiento de su madre a un matrimonio que actualmente reside en la ciudad bonaerense de Baradero.
Fernerón puntualizó que tras someterse a pruebas de ADN, que establecieron que era el padre de Milagros, pidió la tenencia de la niña, pero la Justicia se la denegó con el argumento de que su situación económica no era la adecuada para tenerla.
También recordó que su madre, abuela de la nena, se ofreció para tener a su lado a Milagros, pero también rechazaron esa propuesta y en consecuencia "hasta el día de hoy" no la conoce personalmente.
"Hoy no tengo vínculo con mi hija. Desde que es mayor de edad me pidió tiempo. Hace 22 años y cuatro meses que estoy esperando el juicio por los responsables de que mi hija hoy no esté conmigo. La sigo esperando", concluyó.
La abogada del demandante, Margarita Nicoliche, también expuso ante los senadores sobre la necesidad de contar con una tipificación de este tipo de hechos en el Código Penal al señalar que el Estado nacional "debe revisar sus políticas públicas en la materia".
"Quizás en este momento estén vendiendo un niño y hay otro que lo está comprando", advirtió la letrada, y dijo que no se sienten "orgullosos" de que el país haya sido condenado a partir del caso de su cliente.
Fuente: Télam
Tras el empate 1 a 1 en los 120 minutos, el Pincha se quedó con el título por 4 a 3 en la tanda, quedándose el décimo quinto título de su historia.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional realizó la presentación del Archivo de personas asesinadas por el Estado, y advirtió que “los intentos de censura sobre los medios públicos van a afectar la recopilación de casos”.
La ex ministra de Defensa de la Nación aseveró que en este tema "no hay nada estratégico" para Argentina y que, la idea del Gobierno de trasladar la Embajada a Jerusalén, "es una provocación".
Sucedió en la comunidad de Mburucuyá y se sospecha que los perros sufrieron un envenenamiento masivo como efecto de un potente veneno. Eran mascotas de familias del casco urbano de la localidad. Un grupo de afectados radicó la exposición en sede policial.
Se trata de un grupo de empresas que representan acerca del 75% de afiliados y que reajustarán tarifas por el Índice de Precios al Consumidor.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron las directivas del Gobierno que prohíben referirse a la efeméride del 8 de marzo en las redes sociales de museos nacionales y organismos de la Secretaría de Cultura de la Nación.
En el “Encuentro con estudiantes por la universidad pública, gratuita y de excelencia”, los diputados pidieron al Gobierno nacional que “se adopten las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento pleno de las instituciones educativas públicas del nivel superior del país".
Resta esperar la aprobación por parte del Senado de la ley, que ya tiene media sanción de Diputados. Con la reimposición del impuesto sobre los salarios, casi un millón de personas volverá a tributar a partir de una remuneración bruta mensual bruta de $1.800.000.
El establecimiento industrial ubicado en la zona sur de la ciudad despidió injustificadamente a alrededor de 35 operarios. La cartera laboral había dictado la "conciliación obligatoria", que no fue acatada por la empresa, y ahora citó a las partes a una audiencia para este lunes.
Tanto en Traslasierra como en Punilla hay diversos trayectos que se pueden hacer en bici para tener mayor contacto con la naturaleza y disfrutar de vistas maravillosas.
El próximo miércoles, la Cámara de Diputados buscará cambiar la movilidad jubilatoria impuesta por decreto presidencial. En tres meses, los haberes de los jubilados cayeron alrededor de un 35%. Hay tres proyectos correspondientes a Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal.
No es un buen escenario para el comercio cordobés que debe enfrentar, además del achicamiento de la demanda, un incremento de costos fijos a raíz del aumento de la electricidad arriba del 200%. Así, la desaceleración de precios no es percibida ni por comercios ni por las familias consumidoras.
