Crimen policial de Blas Correas: “Una muerte del obrar injusto”

Ed Impresa 02/09/2022 Por Miriam Campos
El próximo miércoles inicia el juicio por el asesinato del adolescente de 17 años, muerto por una bala policial. Hay 13 efectivos imputados y se prevén 30 audiencias.
Soledad Laciar (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación)
Ojalá logre lo que pretendo, que aquellos que encubrieron no puedan volver a la fuerza”, indica Soledad Laciar.

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GATILLO FÁCIL

“El miércoles voy a entrar a la sala de audiencias sin Blas, y en noviembre, cuando termine el juicio, voy a salir de esa sala sin Blas. Por eso, esta lucha yo la siento perdida, pero está claro que quiero que se haga justicia, que los responsables paguen pero sobre todo, lograr que las condenas sean ejemplares para que esto no vuelva a pasar”, dice a LNM Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, el joven de 17 años asesinado por la Policía de Córdoba el 6 de agosto de 2020 en un retén sobre avenida Vélez Sarsfield al 2.300, cuando volvía de cenar con sus amigos. 

El próximo miércoles 7 de septiembre en la Cámara octava del Crimen en Tribunales iniciará el juicio contra los 13 efectivos imputados: los dos agentes que abrieron fuego contra el vehículo donde se trasladaban Blas y sus amigos, como aquellos policías que participaron de la trama de encubrimiento. Del total de los acusados, ocho permanecen detenidos en el penal de Bouwer. Se prevé que el proceso, de alto impacto social y mediático, tenga unas 30 audiencias y finalice el 25 de noviembre. 

“Si disparás un arma el castigo es grande; si encubrís, el castigo debería ser enorme. Ojalá logre lo que pretendo, que aquellos que encubrieron no puedan volver a la fuerza”, indica Laciar y aclara que el encubrimiento “pareciera ser algo menor” y en realidad “es de las cosas más grave porque habla de una manera de operar de la Policía de Córdoba”.  

Seis balas, un arma plantada

En la investigación a cargo del fiscal del Distrito 1 Turno 3, José Mana, se determinó que los autores de los disparos fueron los efectivos Lucas Gómez -quien accionó el arma con el proyectil que asesinó al adolescente- y Javier Alarcón. Entre ambos dispararon seis balas, de las cuales cinco impactaron en el automóvil donde se trasladaban los cinco jóvenes, cuatro de ellos menores de edad en ese momento. 

Tanto Gómez como Alarcón están imputados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser cometido en abuso de la función policial. Para ellos, la familia pedirá prisión perpetua. Por otro lado, el subcomisario Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel -quien confesó que se plantó un arma para tergiversar los hechos-, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo, están acusados de ser “autores del delito de encubrimiento por favorecimiento personal”, agravado por tratarse de policías y por la gravedad del hecho, según consta en el expediente.

“Si disparás un arma el castigo es grande; si encubrís, el castigo debería ser enorme. El encubrimiento pareciera ser algo menor y en realidad “s de las cosas más graves porque habla de una manera de operar de la Policía de Córdoba”.  

Además, deberán responder como autores de los delitos de falso testimonio y entorpecer la investigación los efectivos Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

En la elevación a juicio, el fiscal indicó que “la muerte de Blas Correas y el atentado a la vida de Juan Cruz Camerano Echavarría, C.T., M.N. y C.B.C. fueron consecuencia del obrar injusto de los imputados Gómez y Alarcón”, y agregó que ambos “desplegaron conductas similares sobre las víctimas además de aceptar implícitamente lo que hacía el otro, sin oponerse”.

Un ataque letal

La noche del ataque, en plena pandemia, Blas iba en el asiento de atrás del Fiat Argo color blanco que conducía su amigo Juan Cruz, que en ese entonces tenía 18 años. Se habían juntado con tres amigos más a comer y de regreso en dirección al centro de Córdoba tuvieron un altercado con dos hombres a bordo de una motociclista quienes metros más adelante reportaron a dos efectivos que había un automóvil haciendo “maniobras peligrosas”. Dicho aviso se tradujo en un alerta por frecuencia radial pero “como un robo”, según consignó la fiscalía. 

Los jóvenes continuaron viaje hasta que pasando el puente que atraviesa la avenida Cruz Roja, se dieron de lleno con dos patrulleros cruzados en la calle. En declaraciones a la fiscalía, el conductor del Fiat indicó que se asustó al ver las armas empuñadas y no frenó. En ese momento, “sin dar aviso”, los policías iniciaron la balacera contra el auto. Allí, Blas recibió el tiro que atravesó la luneta y le impactó en la parte superior de la espalda. 

En medio de la desesperación, sus amigos lo llevaron hasta el Sanatorio Aconcagua a unos tres kilómetros del lugar, en el barrio Nueva Córdoba pero le negaron la atención (por lo cual está abierta una causa por abandono de persona) y camino hacia el Hospital de Urgencias, fueron interceptados en el centro de Córdoba por la Policía. Blas falleció en ese infausto recorrido. 

El fiscal Manas comprobó que tras los disparos hubo una puesta de escena donde se plantó un arma para sostener la versión de que se trató de un enfrentamiento, acción en medio de una cadena de encubrimientos por parte de los efectivos involucrados. Tras conocerse el hecho y con el avance de la investigación, hubo fuertes cuestionamientos al Gobierno, el Ministerio de Seguridad provincial que finalmente repercutieron en la caída de la cúpula policial de ese entonces. 

Un modo operandi

“Acá hay algo muy simple, lo de Blas no fue un caso aislado, lamentablemente no fue el primero y más triste no fue el último. Hubo casos después y en todos, la manera de operar es la misma. No solo matan sino que encubren”, retoma Laciar y puntualiza que fueron muchos los que esa noche, “actuando, omitiendo o silenciando, estuvieron al servicio de encubrir”. 

-¿Hay personas que faltan en el banquillo de los acusados?

-Siempre soy precavida para hablar de responsabilidades penales porque de leyes yo no entiendo, no sé si hay responsabilidad penal en el jefe de la Policía de ese entonces, no sé si la hay en el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, pero sí creo que hay una responsabilidad política enorme. De repente la cadena la cortaron en Gonzalo Cumplido -ex comisario, en ese entonces subdirector de Seguridad en la zona sur de la capital cordobesa y sobreseído en la causa- que lo mandaron a Anticorrupción que es lo mismo que la nada misma. Cumplido ha dicho públicamente que recibió llamadas del jefe de Policía esa noche y del ministro de Seguridad. Sin embargo, esos teléfonos jamás se analizaron.

-En el plano político, ¿creés que debería haber cambios?

Tengo mi opinión formada sobre el ministro de Seguridad, no es objetiva porque a mí me mataron un hijo pero lo que sí estoy segura como ciudadana es que si sabía cómo actuó la Policía y lo tapó, se tiene que ir. Además tiene que tener responsabilidades. Y si no lo sabía y la Policía actuó de esta manera, también se tiene que ir porque no está a la altura de las circunstancias y también es responsable. De una u otra manera, me parece que el puesto le quedó enorme y no se hace cargo de eso. Esto lo excedió, debería tener un acto de grandeza e irse. No solo le queda enorme el cargo respecto al accionar de la fuerza de Seguridad, sino en cuanto al tema seguridad. Está haciendo aguas por todos lados y no sé por qué sigue donde está, cuál es la razón por la que lo que siguen manteniendo. Mi opinión es personal, las conjeturas que uno puede sacar no vienen al caso. Yo hablo desde la realidad que estoy viviendo: uno sale a la calle y tiene miedo que lo roben pero también uno debe tener cuidado de la Policía porque nos puede matar. 

 

 

La Nueva Mañana - Edición Impresa 274

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