La sucesión de incidentes en la Ciudad de Buenos Aires estira al extremo los polos de una grieta que parece no tener fin. La economía y el plan Massa que se abre camino.
Ed Impresa 02/09/2022
César Martín Pucheta
El alegato mediante el cual el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión y la inhabilitación política de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo estallar una olla a presión que, en medio del último relanzamiento político del gobierno del Frente de Todos, movió los cimientos del mapa nacional.
El despertar de la movilización popular en defensa de la ex mandataria y el endurecimiento del discurso opositor, que en algunos casos se mueven en el terreno de la permanente agresión que roza discursos de corte antidemocrático, hicieron trizas el pedido original de Sergio Massa que había asumido convocando a la oposición a construir “una gran acuerdo político” para sortear la crisis.
En orden cronológico, la idea de avanzar con una serie de compromisos que contemplasen una agenda consensuada para empezar a discutir en el Congreso empezó a resquebrajarse a partir de la interna de Juntos por el Cambio. El acuerdo entre los sectores más moderados de la política nacional dejaba a un costado a los halcones del PRO, a los libertarios y a la parte más radicalizada del Frente de Todos, esa que puede identificarse entre quienes votaron en contra del acuerdo con el FMI, pero que no incluyen a Máximo Kirchner, más proclive a acercar las partes en pos de garantizar la estabilidad. Todo muy lindo, hasta que tuiteó Lilita.
Ya a comienzos de agosto, la líder de la Coalición Cívica advertía sobre la “connivencia de Massa con algunos integrantes de Juntos por el Cambio”. “La llegada de Massa le hace bien a Juntos por el Cambio, porque se va a tener que purificar”, advertía anticipando el encendido de un ventilador que salpicó a todo el mundo. Los primeros fueron Rogelio Frigerio, Emilio Mozó y Cristian Ritondo. Por elevación, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Unos días más tarde, le pegó a Bullrich, a quien acusó por espiarla durante la presidencia de Mauricio Macri. Con el ex presidente las referencias fueron distintas, no sólo no lo cuestionó sino que lo presentó como uno de sus compañeros en el reclamo interno que pedía a los referentes amarillos “no hacer negocios” con Massa.
El clima enrarecido que empezó con las respuestas a coro dentro de la oposición y la vuelta de la oleada de rumores sobre un posible alejamiento de Carrió, que finalmente no sucedió, acomodó al partido amarillo detrás de la línea Macri. El accionar de Rodríguez Larreta durante el fin de semana está lejos de ser un acto de audacia u originalidad política, más bien responde a un modo de acción que se inauguró en la Ciudad de Buenos Aires en tiempos en las que ex presidente era Jefe de Gobierno. Cuando Carrió defendió a Rodríguez Larreta antes las críticas de Bullrich, que pedía mayor firmeza por parte del alcalde porteño, parecieron correrle el velo a la discusión de fondo.
Aunque se intentó bajar el volumen a los ruidos internos, la reunión que protagonizaron los popes del PRO a comienzos de esta semana dejó expuesto el enojo de la ex ministra de Seguridad, que no tiene que ver con los aspectos técnicos del operativo que denuncia, sino con el perjuicio que le genera que la actual polarización con el kirchnerismo esté personalizada en el Jefe de Gobierno, su principal rival en la interna presidencialista opositora.
Mientras eso sucedía, la gestión Massa iba avanzando en las dos direcciones que se propuso desde el primer día: controlar el gasto y conseguir inversiones. En el marco de ese segundo objetivo, el pomposo anuncio que ayer protagonizó junto al Presidente y la empresa malaya Petronas es un punto a favor del relato que advierte que “las cosas se están acomodando”. La creación de esa sensación de mejora de la que se habla desde el gobierno también se sirvió a la triada de acontecimientos que generaron el alegato de Luciani, las vallas de Rodríguez Larreta y aguante a Cristina.
Horas antes del alegato del fiscal en la Causa Vialidad, el Tesoro dispuso un ajuste en los créditos vigentes de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Territorial y Hábitat, y recortó el dinero disponible para las provincias y municipios. La determinación consiste en una reducción de las partidas asignadas hasta el final de 2022 que supone un ahorro de unos 210 mil millones de pesos. Una parte de la oposición que quedó afuera de la discusión en torno a lo que pasaba en el barrio porteño de Recoleta, salió a denunciarlo a viva voz, sobre todo poniendo en el centro de la escena algunas áreas de las consideradas sensibles como el Programa Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (Salud) o el Conectar Igualdad (Educación). Enojo que también se advirtió en algunos sectores del oficialismo, aunque en menor medida. Pero el eje estaba puesto en otro lado. Hubo quienes se llevaron la marca, incluido el Presidente, que regaló otro furcio en el prime time de TN devolviendo a la escena a uno de los protagonistas centrales de la historia antikirchnerista contemporánea, el fiscal Alberto Nisman.
Así las cosas, una buena parte de los críticos que ven en cada movimiento de Massa una avanzada ortodoxa sobre la economía afina el ojo sobre lo que vendrá ya que estiman una serie de medidas que profundizarán el eje que se agudizó con la llegada de Gabriel Rubinstein para duplicar el ahorro anunciado la semana pasada.
En medio de todo ese lío, Mauricio Macri vino a Córdoba, desacomodó la interna de Juntos por el Cambio y dejó un mensaje nacional que vuelve a tensar a los extremos de la grieta, ahora desde el área económica. No sólo pidió avanzar con mayor convicción sobre el ahorro del gasto necesario para lograr el déficit cero, sino que dijo cómo hacerlo: reforma laboral, reforma jubilatoria y baja de impuestos.
Los días post ebullición de Recoleta no bajaron sus decibeles. La semana comenzó con el apoyo del PJ a CFK y el acuerdo de convivencia, entre pinzas, entre Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta. Un juez federal ordenó que la policía porteña abandone la custodia permanente que tiene montada en la casa de la vicepresidenta, pero el gobierno porteño retrucó por la misma vía legal para “no ceder”. Grupos de manifestantes continúan reuniéndose en en las calles del coqueto barrio y denunciando atropellos por parte de la policía. Agosto terminó ayer y casi que estamos en condiciones de afirmar que fue el mes más largo e intenso del año.
Por si faltaba algo, el legislador porteño Roberto García Moritán, el marido de Pampita, se hartó de las protestas y no tuvo mejor idea que proponer, mediante un proyecto de ley, demoler el edificio donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud, ubicado en medio de la avenida 9 de Julio. “En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás”, aseguró.
Lejos de la “propuesta superadora” que Juan Schiaretti amasa desde la gestión cordobesa, la polarización vive momentos de extremo auge y parece profundizarse para reordenar, una vez más, el tablero político nacional.
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