La Asamblea por los Derechos Humanos expresa preocupación por el número de "acciones de brutalidad policial" desde 2019.
Córdoba 10/08/2022
Redacción La Nueva Mañana
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba le solicitó al gobernador Juan Schiaretti una "entrevista con carácter de urgente" a través de una nota en la que expresó su preocupación por "el creciente número de acciones de brutalidad policial" desde diciembre de 2019.
Tras citar la resonada y reciente muerte de Jonathan Romo en la comisaría de La Falda, la entidad afirma que pretende evaluar en forma conjunta con el gobernador la necesidad de que la gestión pública provincial "realice cambios en materia de Seguridad y Derechos Humanos".
"Nos preocupa que el Estado provincial no está garantizando el derecho a la vida y el respeto a las garantías constitucionales que nos rigen y deben prevalecer ante todo", esgrime enfática la APDH.
Asimismo, responsabiliza al ministro de Seguridad de la Provincia Alfonso Mosquera "de esta política que avala el accionar delictivo de los miembros de la Policía". Señala la organización que los apremios ilegales a los que fue sometido Romo y que terminaron con su muerte no son aislados: "Los hechos se repiten, y las víctimas fatales siguen engrosando las estadísticas".
Al cierre de la nota, los firmantes, autoridades de la APDH, se dirigen directamente al gobernador Schiaretti: "Usted que participó en las horas del Cordobazo contra la dictadura de Juan Carlos Onganía; y durante la dictadura cívico militar instaurada el 24 de marzo de 1976 debió exiliarse, no puede ni debe permitir que una fuerza de 23.000 agentes policiales armados, emule los oscuros tiempos de teniente coronel Antonio Domingo Navarro".
La nota enumera diez casos de violencia institucional con víctimas fatales ocurridos desde el 10 de diciembre de 2019, cuando Schiaretti asumió como gobernador y Alfonso Mosquera como ministro de Seguridad.
En primer término, se menciona la muerte de Jonathan Romo.
Acto seguido la nota refiere el caso de Ezequiel Castro, detenido el pasado 8 de junio: "Cinco días estuvo su familia sin saber oficialmente nada de él, pese a que su madre consultó en el Establecimiento Penitenciario N° 9 Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de barrio Cáceres. Recién el lunes 13 la familia Castro fue informada de que Ezequiel había sido internado en el Hospital Misericordia en estado grave. Presentaba un cuadro grave de deshidratación, que le terminó provocando la muerte el 14 de junio".
En tercer término, se menciona la muerte de Víctor Gustavo Calderón, de "13 balazos que le disparó el policía Franco Paglino, la noche del martes 15 de febrero pasado; en un suceso que oficialmente se presentó como legítima defensa ante un asalto cometido en barrio Parque La Vega III. Cabe aclarar que Paglino es el policía
que la madrugada del 15 de febrero de 2018 –exactamente cuatro años antes- abatió a uno de los
delincuentes que asaltó la “cueva” que funcionaba en Rondeau 94. Esa trágica madrugada, el policía
atendía un kiosco y estaba de civil. La noche del homicidio de Calderón, también estaba de civil. En
ambos casos utilizó su arma reglamentaria".
En cuarto lugar, se habla de Isaías Luna, quien "fue abatido por la espalda en un domicilio que había asaltado desarmado en Julio Borda al 1.200 de barrio Urca de esta Capital. Los policías que actuaron la madrugada del 18 de diciembre de 2020, plantaron en la mano derecha de la víctima un revólver calibre 38. Y luego avisaron a los servicios de emergencia sobre lo sucedido. La víctima de este caso de gatillo fácil era zurda".
Acto seguido, se menciona a Joaquín Paredes, quien "murió la madrugada del domingo 25 de octubre de 2020, mientras festejaba el cumpleaños de un amigo en Paso Viejo. Por su asesinato serán juzgados seis policías, que
dispararon más de 100 veces contra un grupo de jóvenes entre los que se encontraba Joaquín. Además, otros dos adolescentes fueron heridos por las balas policiales".
También se cita el caso de Luis Morenigo, asesinado durante el atardecer del 31 de agosto de 2020 en Alta Gracia. "El hombre, que había recuperado su libertad hace pocos meses, fue detenido junto a una mujer en barrio Paravachasca. Dos móviles policiales fueron hasta una vivienda donde se encontraba Morenigo y la mujer, sospechados de haber robado, entre otras cosas un bote inflable. Los policías encargados del operativo montaron guardia en inmediaciones de la vivienda donde estaba el sospechoso. Cuando la pareja iba a ser detenida, Morenigo, que no estaba armado escapó por un descampado, siendo perseguido por el sargento primero de la Policía, Juan Marcelo Barrionuevo, quién le disparó tres veces para hacerlo desistir de su fuga. Uno de esos balazos, a quemarropa, le dio en el cuello. Morenigo murió en el acto. El fiscal Diego Fernández imputó y detuvo al oficial Barrionuevo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y por su condición de policía. Una semana después, Barrionuevo fue liberado porque el fiscal alivianó la acusación: homicidio por exceso en el ejercicio del cargo".
A continuación, se incorpora el resonante caso de la muerte de Blas Correas, quien "regresaba de cenar con amigos en un vehículo que circulaba por avenida Vélez Sarsfield, la madrugada del 6 de agosto de 2020. Un retén policial de cuatro agentes dispuesto frente al Complejo Pablo Pizzurno dio la voz de alto mientras el conductor era apuntado en su cara por uno de los policías. Como el vehículo no se detuvo, los policías dispararon y mataron a Blas. Además, plantaron un arma, como ocurrió posteriormente en el caso de Isaías Luna. Hay más de una decena de policías imputados por homicidio y encubrimiento".
También se incorpora la historia de José Antonio Ávila, el vendedor ambulante que trabajaba con su hermano en la feria de Villa El Libertador y que apareció muerto con un balazo en el abdomen el 4 de julio de 2020: "Al lado estaba su moto tirada. La víctima vivía en barrio Parque Santa Ana. Los policías que lo asesinaron, Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, no dieron cuenta del hecho a sus superiores y siguieron patrullando. Cuando el caso se hizo conocido, por la denuncia de Johana, la viuda de Ávila, se inició una investigación, Navarro y Juárez fueron imputados y detenidos. Esos agentes policiales fueron condenados esta semana como autores del delito de homicidio doblemente calificado y encubrimiento agravado".
Se menciona además el ataque que sufrieron Gastón Mirabal y Ariel V., quienes se conducían en moto por Villa La Tela el 3 de junio de 2020, cuando dos agentes de la Policía de Córdoba los persiguieron y les dispararon: "Gastón murió y Ariel quedó grave, pero sobrevivió a seis heridas de balas. La versión oficial dio cuenta de un intercambio de disparos. La dupla policial que iba en un Fiat Cronos de color oscuro resultó ilesa y está libre".
Finalmente, se alude a la muerte de Franco Sosa el 26 de abril 2020 en la zona de inter fábricas, luego de robar en una metalúrgica: "La versión oficial de la Policía de Córdoba señala que 'los efectivos fueron alertados
por los vecinos de la zona que vieron a un grupo de personas que no respetaban la cuarentena'. Al
llegar a la esquina de las calles Manuel Leiva y Delfín Huergo, en barrio San Lorenzo, los policías
observaron a Franco Sosa bajando de un techo con unos hierros en las manos. Cuando el ladrón vio
el móvil se dio a la fuga. Los policías declararon que Sosa cubrió su retirada con un arma: 'Estaban
saliendo de la fábrica. En principio, uno de los delincuentes habría esgrimido arma de fuego y uno
de los funcionarios policiales que estaba ahí abrió fuego', explicó a los medios cordobeses el fiscal
Ernesto de Aragón. Sosa fue interceptado por el móvil en Ciudad Evita, donde fue baleado y personal
del servicio de emergencia municipal 107 constató la muerte por un disparo a la altura del cuello.
Los policías están libres".
Además de estas muertes, también se cita intervención policial "con un grado de violencia inusitado"
contra familias que acampaban contra el desmonte y la traza de la Autovía de Punilla en
inmediaciones de la localidad de Molinari en mayo pasado. Y una agresión también vinculada a la demanda por la autovía de Punilla: "La noche del viernes 22 de julio pasado, Franco Méndez, quien vive junto a su abuelo Saturnino Méndez en una casa que será expropiada para la traza de la Autovía de Punilla, fue sorprendido en plena oscuridad presuntamente por cuatro policías que actuaron en motos similares a las de la fuerza, vestidos con ropas oscuras y encapuchados para no ser identificados, quienes le dieron una golpiza".
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