Casi el 70% del patrimonio ancestral de Córdoba está en el valle de Punilla. En ese marco, las y los vecinos resisten el avance de las máquinas y apuntan a Caminos de las Sierras.
Ed Impresa 29/07/2022
Miriam Campos
Especial para La Nueva Mañana
PATRIMONIO CULTURAL
“Acá existió una cultura muy antigua y esta memoria debería cuidarse como nada en el mundo pero la están impactando por intereses económicos”, dice a La Nueva Mañana Fernando Manguz, que reside en Punilla y es parte de la organización territorial Kami Henen, que nuclea a distintas comunidades originarias en Córdoba, como los pueblos kamiare-comechingón, Sanavirón y ranqülche, que reclaman por la preservación de los sitios sagrados de los pueblos originarios que habitaron y habitan esta parte del continente.
“Nuestra postura es exigirle al Estado de Córdoba que reconozca todas las leyes que nos dan protección, tanto como comunidades, respecto a los territorios y los derechos de consulta que tenemos”, añade Manguz y explica que hace tiempo están trabajando con las comunidades que integran el Consejo Provincial de Pueblos Originarios y colectivamente reclamaron a la empresa Caminos de las Sierras “que se ajuste a Derecho” y haga la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas tal como exige el convenio 169 OIT de la Ley 24.071 que data de 1989 y se constituye como legislación supranacional tras la adhesión de Argentina.
“Estamos hablando de 12 mil años atrás, una cultura megalítica que estuvo en esta zona en conexión plena con la naturaleza”, cuenta el vecino de Punilla y añade que la traza de la Autovía pasa por lugares muy importantes de las culturas ancestrales, algunos de mucho conocimiento, otros que habían estado ocultos porque están en medio de los montes y son lugares que quedaron protegidos pero otros no, y desde que comenzó la instalación de los obradores, están en riesgo muchos territorios sagrados. “Ahora impactan piedras pero ya aparecerán cuerpos de los ancestros”, dice Manguz.
La semana pasada las y los vecinos lograron frenar que las topadoras de la empresa Roggio se detuvieran durante un trabajo que iniciaron en Santa María de Punilla y que impacta patrimonio histórico. “El sitio sagrado ancestral por el que intentaron avanzar debería haber sido detectado en las etapas previas del proyecto y habría sido arrasado ya que figuraba en medio de la traza”, denunciaron las asambleas ambientales de Punilla a través de un comunicado.
Este martes, también frenaron el avance de maquinarias de la empresa Sacde en la zona del Yuspe donde también se puso en peligro el territorio ancestral. Tras lo sucedido volvieron a reclamar por la reacción de la Justicia ante las denuncias realizadas y recalcaron que es el fiscal Raúl Ramírez quien “debe ser el garante del resguardo del patrimonio arqueológico/cultural”.
En ese marco, Manguz indica que “se trabaja en los informes para reportar este delito arqueológico”, acudiendo a instancias nacionales porque en la provincia es el Gobierno mismo el que impulsa “el impacto y destrucción de algo que es parte de la historia, la cultura y la identidad local y cuando atacan este patrimonio hay que defenderlo entre todos”.
Roxana Cattaneo es arqueóloga y asesora a las comunidades indígenas sobre el patrimonio ancestral, es investigadora de Conicet y profesora en la carrera de Antropología en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2010 trabajó en el relevamiento de sitios arqueológicos en la provincia para un proyecto integrador de ordenamiento territorial. De allí se generó años después una base de datos georefenciada de todos estos sitios que en la provincia son más de 2.000 y donde casi el 70%, quedan en el valle de Punilla.
La importancia de estos relevamientos es porque muestran por un lado, donde están viviendo las comunidades actuales originarias y a su vez, en aquellos lugares donde no hay comunidades, se visibiliza el patrimonio que ellos han dejado a lo largo del valle.
Cuando se propuso en 2018 la primera versión de la Autovía, en el estudio de impacto “el relevamiento arqueológico no se hizo con la seriedad necesaria”. Cuando se retomó el proyecto, se utilizó el mismo estilo de estudio de impacto para este nuevo trazado y “ante el registro de falencias”, los arqueólogos trasladaron la inquietud a las comunidades originarias, la Dirección Provincial de Patrimonio y a la propia empresa Caminos de las Sierras.
“Lo primero que hicimos fue solicitar información acerca de la traza exacta como está planteada hoy en día y a partir de allí, pudimos ver la superposición de la traza con toda una serie de sitios arqueológicos”, dice la investigadora y añade: “Son cientos de espacios”.
Frente a esta situación y en medio del fuerte reclamo de las asambleas ambientales, la empresa contrató a una nueva arqueóloga, la doctora Norma Ratto de la Universidad de Buenos Aires pero los investigadores del grupo de trabajo que venían participando decidieron dar un paso al costado y quedó trunco ese registro. Luego se contrató a otros nueve arqueólogos que la semana pasada recién empezaron a incorporarse para iniciar trabajo en territorio.
“El arqueólogo no es que está adelante de la topadora sino que hay que dar el tiempo y el espacio a ese trabajo porque el resultado es el elemento que permite juzgar cómo se va a intervenir en el territorio”, dice Cattaneo sobre el complicado contexto en el que se trabaja en el relevamiento y puntualiza que se trata de “una negociación pero debe ser en pie de igualdad”.
La situación es compleja porque la empresa lleva meses atrasada con respecto a todo lo que se tendría que haber hecho antes de iniciar cualquier movimiento de maquinaria. Sin contar que en la comunidad de Las Tunas, por ejemplo, donde pasaría la autovía, se partiría por el medio al poblado alterando su forma de vida tradicional. Además de los sitios arqueológicos que van a verse impactados por lo que, de seguir adelante el proyecto, la traza debería modificarse e iniciarse otros estudios de impacto.
“Estas situaciones comenzaron a generar algunos problemas porque por parte de algunas de la empresas ya comenzaron el montaje de los obradores. Entonces ya hay una intervención en el terreno”, indica Cattaneo y enfatiza que lo primero que ha faltado con respecto a las comunidades originarias, es lo que se conoce como el consentimiento libre e informado. Es decir, la notificación que esta obra se iba a hacer que iba a impactar sobre sus territorios ancestrales y la opinión consensuada, el diálogo. “Eso todavía no ha sucedido. Recién el diálogo ha comenzado pero ya con un proyecto de obra en estado de avance”.
En ese marco Cattaneo destaca que “es un tema muy delicado” porque además involucra a la salud mental de la gente que está habitando los territorios que van a ser impactados, que son expropiados hoy en día.
“Hay una presión a un cambio de vida con esta idea del progreso que debería ser entendido desde una perspectiva multicultural desde distintas formas de vida”, precisa la arqueóloga y cierra: “Creo que ese es uno de los grandes problemas en Argentina, que es justamente no pensarnos como un país multicultural”.
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