El gravamen especial alcanzaría a unas 350 empresas. El Gobierno confía en su aprobación y cree que puede llegar a recaudar más de mil millones de dólares.
Ed Impresa 10/06/2022
César Martín Pucheta
La semana que viene comenzará a discutirse en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley con el que el Gobierno nacional busca conseguir tres objetivos centrales de cara a la última etapa de su mandato. Se trata de la iniciativa que busca gravar lo que se denomina “Renta Inesperada” y regular las ganancias con la que grandes empresas se beneficiaron debido a los movimientos en los precios internacionales que provocó la guerra en Ucrania.
Además de establecer una “sobre-alícuota” en las ganancias aplicable al ejercicio fiscal 2022, el proyecto persigue otros fines políticos fundamentales para la administración nacional, hoy zambullida en un clima de crisis interna permanente que parece ser el principal escollo para poder reperfilar el último tramo de la gestión de Alberto Fernández. La unidad del espacio a partir de una iniciativa cuya importancia es destacada desde todos los tinglados del oficialismo y la apuesta por volver a tomar la iniciativa perdida desde el Congreso aparecen también como objetivos, detrás de las discusiones técnicas, que resultan importantes para la actual gestión.
Este miércoles, el Fondo Monetario Internacional anunció que la Argentina logró cumplir “todas las metas cuantitativas del programa para el primer trimestre de 2022” y que “también se están logrando avances en las reformas que fomentan el crecimiento en consonancia con los compromisos del programa”. Alberto Fernández ya conocía la información que se hizo pública mientras viajaba para participar en la Cumbre de las Américas, en los Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, la oposición juntaba los votos necesarios para darle media sanción al proyecto que establece que las elecciones nacionales deberán utilizar el mismo modo de votación que se usa en Córdoba desde hace más de una década: la Boleta Única. Todo eso en el medio de una semana que había arrancado con Kulfas eyectado del Ministerio de Producción. Uno de los hombres más cercanos al Presidente era obligado a presentar su renuncia del ministerio hacia el que todos miran a partir de una discusión pública con la vicepresidenta, que se venía extendiendo desde hace ya largo rato.
En ese contexto, el nombre de Martín Guzmán queda como el último fusible para el sector más cercano al Presidente, que ya demostró estar dispuesto a “sacrificar” al soldado que necesite en pos de no romper el espacio, lo que considera “clave” para evitar lo que él mismo nombra como “el regreso del macrismo”. Por eso, también, el éxito o el fracaso del gravamen sobre la Renta Extraordinaria es importante. Aunque, claro, no definitivo.
Nueve páginas y tres artículos tiene el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a Diputados a inicios de semana. ¿Por qué por Diputados si es la Cámara en que el Frente de Todos tiene la mayoría más complicada? Porque es la Cámara de origen para temas de índole tributaria, que por otro lado no tienen la posibilidad de ser aplicados a través de decretos presidenciales. La Constitución obliga a las autoridades a forjar acuerdos amplios a través del parlamento.
El texto establece la aplicación de una alícuota extraordinaria del 15% que debería pagarse “sobre el excedente de la ganancia neta disponible que resulte de comparar aquella obtenida en el primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, al de la entrada en vigencia de este artículo, respecto de la del ejercicio anterior, ajustada por la variación del Indice de Precios al Consmidor (IPC) que suministre el INDEC”.
Para determinar el universo se deben considerar, además, otros requisitos. Por un lado, la existencia de ganancias netas imponibles o los resultados contables ajustados por inflación, por encima de los mil millones de pesos. Pero también que el margen de ganancia supere el 10%, o bien que el margen interanual sea superior al 20%. En el Gobierno calculan que se pueden capturar alrededor de mil millones de dólares y que sólo serían unas 350 empresas las que hoy estarían en condiciones de pagar el gravamen.
Luego de que Alberto Fernández advirtiera que la responsabilidad de discutir y, eventualmente, aprobar el proyecto correspondía el Congreso, Guzmán mandó el texto el martes y definió la iniciativa como la herramienta “que busca reducir las injusticias distributivas que el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios genera en nuestra sociedad”. “Mientras que pocos se benefician con ganancias extraordinarias que no han sido fruto de más inversión o producción, sino simplemente del alza de los precios internacionales, del otro lado la gran mayoría sufre los efectos de la guerra pagando más por lo que se consume día a día (…) Trabajamos para una Argentina con un sector privado pujante, que produzca más y genere más empleo. Y el verdadero progreso se da cuando el crecimiento es compartido. Este proyecto contribuye a ello” escribió el ministro en su cuenta oficial de Twitter a modo de anuncio. “El acompañamiento del Congreso constituiría un estricto acto de justicia social”, remató.
Por sus características extraordinarias a grandes rasgos, son muchos los oficialistas que trazan un paralelo entre la discusión que marcará el pulso de la próxima semana y la que tuvo lugar en los primeros meses de la pandemia, cuando por iniciativa de Máximo Kirchner, el oficialismo logró aprobar ley de Aporte Solidario y Extraordinario, conocido mediáticamente como Impuesto a las Grandes Fortunas. Con otra conformación, el proyecto tuvo 133 votos a favor, 19 de otras bancas como fueron once del interbloque Federal; seis del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; dos de Acción Federal y dos radicales. La mayoría de esos diputados y diputadas ya no forman parte de la Cámara Baja, aunque sí, algunos de los más representativos. Por ejemplo, Alejandro “Topo” Rodríguez y Carlos Gutiérrez, el presidente del Interbloque Federal y el titular de la bancada que, dentro de ese espacio, representa al schiarettismo.
Desde el cordobesismo, las posibilidades de avanzar en la dirección que pretende el Gobierno son descartadas casi por completo. Salvo algún cambio en la letra chica que pueda surgir de la discusión en comisiones y una conversación con el interbloque que no deje a los representantes de Córdoba Federal “pegados” al Frente de Todos, repiten el mismo argumento cada vez que se les pregunta al respecto. “No vamos a votar la creación de nuevos impuestos”, tengan el nombre que tengan. Entienden que si las ganancias se incrementaron, ya hay un impuesto que debería aplicarse. La discusión con ese espacio no sólo es importante por lo que siginifcaría en términos políticos, sino que es fundamental para la suma de voluntades en la Cámara. Como ya contó LNM, son ocho diputados y diputadas que pueden resultar clave en cualquier elección, ya sea a favor del oficialismo como a favor de la oposición. De hecho, el proyecto de Boleta Única antes mencionado no podía haber sido aprobado sin la anuencia del espacio en el que conviven peronistas cordobeses y bonaerenses con socialistas santafesinos.
Más allá de la negociación específica con el interbloque, en el oficialismo apuestan a una carta que ya se considera clave a la hora de pensar en la suerte que el proyecto podría correr en caso de llegar al Senado, el peso de los gobiernos provinciales sobre las voluntades de sus representantes en el Congreso. Al tratarse de una alícuota especial sobre el Impuesto a las Ganancia e ingresar a la cuenta de Rentas Generales, lo recaudado será parte de los fondos coparticipables, lo que promete mejorar los ingresos de las provincias. En tiempos en los que las necesidades financieras apremian en las arcas locales, ese factor podía terminar siendo determinante.
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