Tragedias viales: los duelos que no cierran por falta de justicia

Alejandro Dolman y Miriam Gil nunca se habían visto, pero el viernes 27 de mayo, ambos estuvieron parados a pocos metros uno del otro escuchando el veredicto que se oyó afuera de Tribunales II cuando en la Cámara nueve los jueces condenaron a Alan Amoedo -quien atropelló y mató en Circunvalación- bajo la figura de homicidio con dolo eventual, lo cual sentó jurisprudencia para los casos de siniestros viales. 

La noticia es trascendental porque, más allá de los años de prisión al acusado, la Justicia en Córdoba empezó a diferencia entre lo que es un accidente y crimen vial. Ese día, Dolman llevaba una camiseta con la imagen de su sobrina y la pareja de ella, con una inscripción que decía “Juli y Gera”. Gil, por su parte sostenía entre sus manos un cartel con la imagen de un joven, su hijo, donde podía leerse “Justicia por Elías López”. Ambos estuvieron ahí, acompañando a las familias de las víctimas y sintiéndose esperanzados también porque pronto les llegue justicia a sus seres queridos.

Hasta entonces todo tipo de tragedias ocurridas en las rutas de la jurisdicción cordobesa eran consideradas errores, conductas culposas, propias de una persona que tiene una conducta negligente, imprudente, o por impericia, pero desde la sentencia por las muertes en Circunvalación ya se puede considerar “que la conducta es una actitud reprochada por un dolo”, explicó a este medio uno de los abogado de la querella Martín Fresneda tras conocerse el fallo.

“Si una persona sale alcoholizada, mata a dos personas y recibe tres años de prisión, bajo la idea idea que se equivocó, que fue un accidente, que fue un error, obviamente la sociedad responderá en función de ello y hará una valoración”, indicó Fresneda y añadió: “El sistema jurídico penal argentino es un sistema que lógicamente es de premios y castigos, de sanciones, Amoedo tuvo una sanción porque ha destruidos tres familias enteras y en ese sentido el dolo eventual, que nosotros hemos peleado, tiene que ver con poder generar garantías de no repetición al futuro y que las muertes no sean en vano y eso es justicia para las víctimas y las familias”. 

"Muchas irregularidades"

“A Elías le arrebataron la vida en cuestión de dos horas y medias, sufrió y murió pero el que lo atropelló nunca estuvo detenido ni le practicaron alcoholemia en el lugar, a pesar que la Policía tiene alcoholimetro”, dice Miriam Gil, mamá de Elías López Gil, el joven de 23 años, estudiante de la UNC, que murió el 8 de octubre de 2021 tras ser embestido por Maglio Roberto Barreta, un chofer del Ministerio de Agricultura de la Provincia, “que lo atropelló en Laboulaye con una pickup de su trabajo”. 

Ese día, el joven había estado en la casa de su abuelo y luego, a bordo de su motocicleta nueva, se iba a encontrar con sus amigos, eran las 18.37, tenía el casco puesto y en su mochila llevaba el mate, un termo y unos apuntes. En la intersección de la calle Tucumán y Belgrano, pese a que Elías circulaba por la mano que tiene prioridad de paso, Barreta lo atropelló, “sobre la calle que él venía hay un baden pero no quedaron marcas de frenadas”, cuenta Miriam y agrega: “tras el impacto, mi hijo hace un giro y en la esquina la moto lo despide”.

Luego del choque, un testigo llamó al 911 y quienes estuvieron en el lugar contaron a la familia, que el conductor que provocó el accidente “emanaba olor a alcohol”, pero a Barreta recién le sacaron sangre en el hospital esa noche, y la muestra, se giró para análisis días después. La versión del conductor, según cuenta la mamá del chico, es que “Elías lo atropelló a él”, pero lo cierto es que el joven ya transitaba por más de la mitad de calle cuando fue embestido.

“En la causa no se investigó quién hizo la llamada al 911, ni tampoco se registraron los testigos presenciales, ni se menciona en el expediente al paramédico y ni al bombero que asistieron primeramente a Elías, lo acompañaron al Hospital Ramón J. Cárcano y dieron aviso que presentaba signos de hemorragia interna”, relata Miriam sobre la causa y añade que el expediente tiene varias contradicciones, porque en algunas partes puede leerse que el conductor fue imputado por homicidio culposo y en otras, aparece acusado de homicidio doloso. “Todo está mal hecho”, dice.

“Hay mal procedimiento. El expediente también dice que no hay testigos y la Policía no sabe ni quién llamó al servicio de emergencia, esos datos los investigué yo y si la fiscalía quiere le puedo pasar el contacto pero no hacen nada”, dice la mujer que tras la poca celeridad en la investigación a cargo de la fiscal Georgina Osella, comenzó ella misma a recolectar datos e información de lo que sucedió ese día, tanto en el choque como también en el hospital donde fue atendido Elías porque “él llegó consciente” y en poco tiempo perdió la vida.

Hay una serie de blancos en la trama y Miriam reclama respuestas, pidió hablar con la fiscal pero Osella hasta el momento nunca la recibió, por lo que con todo lo recolectado en mayo, a más de seis meses de la muerte de su hijo, la mujer denunció ante el fiscal General de la Provincia, Manuel Delgado y el Tribunal de Ética Judicial “irregularidades en la investigación” por la muerte de su hijo. 

“No puedo aún hacer mi duelo y llorar porque cuando lo hice, sin ninguna investigación, intentaron llevar la causa a Cámara, y hoy siguen insistiendo en llevarla así, sin una investigación seria”, dice Miriam y agrega: “Hay muchas irregularidades y yo sigo con este dolor”. 

“Se tapó todo” 

“Nosotros estamos trabajando con abogados de Bell Ville porque somos de ahí pero el hecho se investiga en Río Tercero”, cuenta a este medio Alejandro Dolman sobre el choque ocurrido en la ruta provincial 2 donde el 18 de abril de 2021 perdió la vida su sobrina Julieta Dolman que era estudiante de medicina en la Universidad de Villa María y el joven cardiólogo Gerardo Gómez, que era su pareja.

Ambos se trasladaban a bordo de una motocicleta Kawasaki Versys, era domingo cerca de las 20 horas, cuando "de frente y a alta velocidad intentando sobrepasar el acoplado de un vehículo", los embistió de lleno el empresario Guillermo Barale a bordo de un Chevrolet Tracker. 

El impacto provocó un estallido y la motocicleta se prendió fuego, Gerardo fue envuelto por las llamas y Julieta, que iba de acompañante, también murió producto de las lesiones y quemaduras. De todo este horror, la familia de Julieta recién se enteró al día siguiente, más de 12 horas después. 

“Se tapó todo en esta causa. Lamentablemente este señor Barales, es un empresario muy poderosos en la zona de Río Tercero en la cual tienen negocios en el tema combustible, inversiones en estaciones de servicios, ha logrado usar una estrategia de no tener testigos”, dice Dolman y agrega que la versión del conductor primeramente fue decir, que la motocicleta ya venía prendida fuego. Barale declaró que “se había prendido fuego el tanque” y eso hizo que, según él, la moto lo chocara a él.

“Nosotros nos sentíamos solos, no teníamos modo de verificar si era cierto eso y es por ese motivo que iniciamos la investigación con mi hermano, él era abogado pero lamentablemente, falleció por una semejante depresión, por una crisis de nervios, no pudo superar la muerte de su hija de 28 años que le faltaban dos meses para recibirse de médica”, relata Dolman que ahora tomó la posta en busca de justicia para los dos jóvenes y también, como dice él, para su hermano, “que es una tercera víctima en todo esto”. 

Poco después del siniestro vial, la familia de Julieta pidió a través de los medios que aquellas personas que habían presenciado el hecho dieran declaración de los sucedido. Contaron también que la Policía nunca pidió los datos a quienes se detuvieron a asistir y fue el propio padre de Julieta, que después del choque visitó el lugar de la tragedia y encontró tirado el tanque de la motocicleta, una prueba que la misma Policía dejó pasar.

“Nosotros contratamos peritos en Kawasaki porque si supuestamente la moto se prendió fuego había que investigar, cosa que nunca sucedió previo al choque. Cuando insistimos la búsqueda de testigos, uno de ellos, un camionero, declaró que la moto no iba prendida fuego y con esto el asesino cambió un poco su versión”, cuenta el tío de Julieta y añade que aún siguen luchando con la causa.

“Los expedientes no se mueven, llevamos así un año y dos meses. El que provocó el choque no fue detenido, en su momento le retiraron el carnet pero sigue conduciendo más allá de haber matado a tres personas y digo tres porque mató a Juli, a Gerardo y a los cuatro meses, a mi hermano que falleció por tristeza. Estamos acá, con un dolor inmenso intentando que se active la causa, que llegue la justicia para nuestra familia”. 

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