Con subas pronunciadas de los precios y una inflación de los alimentos que ya roza los 30 puntos en solo cuatro meses, el debate sobre retenciones sigue vigente.
Ed Impresa 03/06/2022 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Más aún cuando, según fuentes oficiales, la escalada inflacionaria llegaría al 5% en mayo. “Desacoplar” los precios internos de las materias primas de las pizarras del mercado mundial es el verbo más empleado por el Gobierno. En la alianza gobernante las posiciones son diversas respecto a aumentar el derecho de exportación de los principales commodities agropecuarios.
Esta última semana fue el diputado oficialista de estrecho vínculo con el presidente Leandro Santoro, quien reavivó la discusión. En declaraciones radiales enfatizó que las retenciones son una “herramienta que sigue sirviendo”. En el marco de la debilidad parlamentaria del Gobierno nacional que imposibilitaría actualizaciones de las alícuotas para la exportación de materias primas, el funcionario porteño instó a “militarlas en la sociedad”. El esquema de derechos de exportación, que se ideologizó fuertemente a partir del 2008, no es “de izquierda ni de derecha. Se puede ser liberal tradicional y estar de acuerdo con esta medida transitoria”. En efecto, para capear la crisis global extraordinaria de 1930 fueron gobiernos conservadores quienes aplicaron políticas proteccionistas, significó.
De hecho, desde la vuelta a la democracia hasta hoy todos los gobiernos han implementado retenciones a las materias primas: a veces con la mira puesta en la inflación, otras en busca de recursos fiscales. Este instrumento permitió transitar la salida del esquema de la convertibilidad con cierto éxito. Por otro lado, la experiencia de Cambiemos demostró la dificultad de quitarlas en un contexto de desequilibrios macroeconómicos. A partir de la crisis del 2018, el gobierno de Mauricio Macri tuvo que volver a incorporarlas luego de reducir las retenciones a la soja y quitársela definitivamente al resto de las principales materias primas.
Estos gravámenes sobre las exportaciones de materias primas son valorados en varios sentidos. No pocos destacan la capacidad para gravar la renta extraordinaria del agro cuando el precio internacional de los commodities se dispara y, a su vez, evitar el traslado a precios internos. Así, la retención permite “captar” un porcentaje del valor del bien exportado, fijando el precio local por fuera de la cotización internacional. Por ejemplo, frente a una suba hipotética en el mercado de Chicago por un shock de oferta de algún alimento de tal magnitud que encarezca un dólar por kilo, la retención “desacopla”. Lo cual significa que en caso de que el gravamen sea del 30%, el impacto no sería de $120 (valor del dólar hoy) por kilo de alimento, sino de 84 pesos.
Dicho de otro modo, esto significa una desdolarización de los alimentos y un aliciente al agregado de valor al abaratar los insumos de la cadena de valor agroindustrial. En 2008, cuando las retenciones fueron el foco de atención de la opinión pública tras el conflicto por la Resolución 125, el investigador principal de Conicet y especialista en historia agraria, Osvaldo Barsky, las consideraba claves, “por ser una condición del bienestar general”. “Ningún político, ni Macri, va a salir de este esquema, salvo que sea un suicida. Es el corazón de la economía. Es lo que garantiza que los precios internos no se disparen, que haya superávit fiscal, que entren recursos para pagar la deuda y que se puedan acumular reservas”, puntualizaba el autor de Historia del Agro Argentino.
Sin embargo, este instrumento también tiene sus “contraindicaciones”. Frente a un gobierno debilitado, actualizaciones de los derechos de exportación pondrían al complejo exportador en pie de guerra pudiendo condicionar con la liquidación de las exportaciones. Uno de los flancos débiles de la economía del Frente de Todos. A la fecha, el agro lleva liquidando poco más de 15 mil millones de agrodólares. Sin embargo, producto de un aumento de la importación de combustible (cuyo precio también incrementó), junto a la demora del ingreso ya acordado de divisas de bancos multilaterales -sostienen en el Banco Central- las reservas internacionales no terminan por robustecer lo deseable.
Además, la incertidumbre en las reglas del juego de la mano de mayor presión impositiva puede repercutir en los niveles producidos. Esto significa una reducción de la cantidad de materias primas producidas tanto para su exportación en crudo como para ser procesada por la industria. Quien sostiene esto dentro del Gobierno es el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El ex candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires señaló anteriormente (en el Plan Agroalimentario 2010-2020) su preocupación porque la estructura tributaria no desaliente la inversión. El contacto del Gobierno con la ruralidad cree que, en el mediano plazo, las retenciones terminan afectando a las exportaciones agropecuarias.
También, no pocos dirigentes del Gobierno se niegan a romper lanzas contra el agro pensando en la elección próxima y proponen mecanismos más sofisticados. No pocos entienden que el Gobierno no solo no tiene el músculo suficiente para resistir una movilización del agro sin perder más de lo que pueden capitalizar. Sino que también advierten que en distritos bonaerenses eminentemente agropecuarios también hay votantes del Frente de Todos. Por caso, en Coronel Suárez el peronismo volvió a la intendencia en el 2019 y para la presidencia hubo casi empate técnico.
Asimismo, en otro partido del interior bonaerense típicamente agropecuario como es Guaminí se impuso Alberto Fernández en el 2019. También lo hizo en Tres Arroyos, y Daireaux. Mientras que, en otros distritos con territorialidad agraria como Colón, Chivilcoy, Chacabuco, Salto, Suipacha, Bragado, General Viamonte, Pehuajó o Carlos Tejedor, entre otros, el peronismo cosechó alrededor del 40% de los votos. Se trata de territorios con una estrecha vinculación con la actividad agropecuaria, en donde se cosecha maíz, trigo, entre otros cereales, y también se crían vacunos.
En efecto, al interior de las filas de la alianza gobernante también están quienes se plantean por lo producente de las retenciones (en caso de que pudiesen aumentarlas) teniendo en cuenta que una minoría de productores explica el 80% de la producción. Es decir, el gravamen termina repercutiendo en todo el mundo agrario, cuando unos pocos son grandes rentistas, mientras que la mayoría son pequeños productores. Por lo tanto, algunos proponen aplicar otro tipo de carga impositiva sobre el 10% de las grandes empresas agropecuarias, liberando del impuesto al 90% de los productores.
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