El acampe en el kilómetro 46 de la ruta 5, en contra del avance de las obras de la autovía entre Alta Gracia y Villa Ciudad de América, amaneció este martes rodeado de una docena de móviles policiales, guardia de infantería, cuerpos especiales y caballería.
"Están nuevamente rodeando el acampe. Anoche acordamos con el comisario Martin Reartes de la comisaría de Anisacate, hasta el mediodía de hoy mantener el bloqueo" informaron desde la Asamblea Paravachasca, que encabeza el reclamo contra la afectación del medio ambiente que implicaría la obra vial.
Manifestantes fueron notificados en las últimas horas de la tarde del lunes de una segunda orden de desalojo que les da tiempo hasta el mediodía de este martes para abandonar el acampe montado en el lugar.
"Nuevamente el Gobierno de Córdoba, con la complicidad del Poder Judicial, continúa vulnerando los derechos de los habitantes", expresaron desde la Asamblea Paravachasca, en un comunicado que emitieron a las 22.
Durante el mismo lunes, había arribado por el acampe la jueza de Paz Vilma Rocchietti, acompañada de numerosos agentes policiales, para notificar a los manifestantes de una primera orden de desalojo firmada por el fiscal Diego Fernández.
En un diálogo que mantuvo la jueza de Paz con los manifestantes, quedó en evidencia que no había llegado a manos del fiscal ni del juez de control Claudio Lasso la copia del amparo ambiental colectivo que asambleístas presentaron el sábado en la Sub Comisaría de Anisacate y que da cuenta de un recurso judicial que desde agosto de 2021 denuncia irregularidades e ilegalidades en el proyecto de la autovía; y que todavía no está cerrado.
Según el comunicado de la Asamblea Paravachasca, también fue rechazado el hábeas corpus que la organización interpuso, solicitando que se resguarde la integridad física de las familias presentes en el acampe.
Se espera que en la mañana de este martes, abogados que acompañan en acampe, realicen presentaciones judiciales para apelar los oficios correspondientes. También se acercarían por el lugar vecinas y vecinos, y organizaciones que vienen manifestando su solidaridad con la medida de protesta.
En diálogo con la prensa, Alejandra Perisset, una de las asambleístas, defendió el acampe como medida de reclamo, al considerarlo "una acción precautoria para defender un bien mayor, que no tiene que ver con la propiedad privada, sino con el cuidado y protección del medio ambiente".
Y respecto al daño que advierten que ya ha generado la tarea desempeñada por la empresa Paolini Hermanos, contratada por Caminos de las Sierras, advirtió: "Ya hay un kilómetro de desmonte en esta zona de alto valor de conservación, que se realizó en condiciones de absoluta ilegalidad".
Noticias relacionadas:
