En la mañana de este lunes, se realizó un encuentro en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia para poner en común las diferentes situaciones que atraviesan las mujeres migrantes en Córdoba.
En la reunión participaron desde el Área de Pluralismo e Interculturalidad, Emiliana Tassi y Sofia Cortiglia; Marta Guerreño, presidenta de la Unión de Colectividades de Córdoba y coordinadora del área de atención integral a mujeres migrantes perteneciente al Ministerio de la Mujer; Jeryca Massenat, estudiante de Ingeniería Química que vino desde Haití hace cinco años; y Dionisia León, proveniente del Perú y quien participa activamente desde hace 12 años en el Sindicato de Empleadas de Casas de Familias (Sinpecaf).
Según el registro que tiene la Unión de Colectividades de Inmigrantes Córdoba (UCIC) en nuestra provincia habitan 120 mil inmigrantes. Las mujeres de diferentes edades y procesos de inclusión coincidieron que en diversos ámbitos donde les tocó transitar sufrieron algún tipo de discriminación.
La reunión coincidió con la conmemoración de los 21 años del asesinato de Marcelina Meneses y de su pequeño hijo Josua Alejandro Torres de 10 meses de edad, a causa de un acto de xenofobia y racismo de un grupo de varones violentos que los empujaron del tren Roca en movimiento, en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Marta Guerreño, que vino desde Paraguay hace 37 años, reconoce que con el trabajo coordinado desde la Unión de Colectividades de Inmigrantes Córdoba (UCIC) lograron avances en el reconocimiento de derechos. “Antes se creía que solo inmigrantes eran los europeos y no los que venían de países latinoamericanos”, dijo.
Reconoce además que la xenofobia o los prejuicios vienen en gran parte del desconocimiento a las realidades de cada país. A su vez, agregó que los avances en materia de derechos para los migrantes se ven reflejados en la creación de áreas, direcciones y secretarías desde los diferentes ámbitos oficiales que implementan políticas públicas para garantizar y/o restituir derechos.
“Hay que dejar de romantizar la inmigración, no es solo las comidas, bailes y nuestra forma de vestir lo que queremos que se nos reconozca, sino nuestros derechos que nos asisten por habitar este suelo desde hace tantos años”, apuntó Guerreño.
Las mujeres contaron algunas situaciones que vivieron y dan cuenta que si bien se han logrado avances en conquista de derechos “falta mucho por trabajar para lograr una ciudadanía plena”, señaló la referente.
Jerica Massenat tiene 24 años y contó que cuando fue a inscribirse a la facultad junto a otras personas haitianas les pidieron un certificado que acreditaran que hablaban español. “Fueron muy exigentes con nosotros, en cambio, con migrantes de otros países las exigencias eran diferentes”, dijo.
No obstante, valora la posibilidad de haber accedido al derecho a la educación, ingresado a la universidad, pero no excenta de atravesamiento de vivencias de prácticas discriminatorias y el no trato de sus compañeros y compañeras, aunque con el tiempo dice que aprendió a ponerse en el lugar del otro y flexibilizarse. “Yo no es que cambié para integrarme sino que pude comprender ciertas diferencias para poder hacer amigos y compañeras”, apuntó.
Dionisia León tiene 51 años, vive en nuestra provincia desde los 26. Vino sola y comenzó a trabajar en casas de familias y seguridad. Formó una familia y a través de sus hijos comenzó a sentirse cada vez más integrada.
El trabajo en el Sindicato fue un proceso natural que se dió por el aprendizaje con otras mujeres frente a la situación de precarización laboral y destrato de muchos empleadores. Pero recalcó que con la «participación en el sindicato quise devolver y enseñar de alguna manera como lo hicieron conmigo”.
Además, durante la pandemia las mujeres se organizaron para el desarrollo de actividades esenciales y desplegar estrategias de sobrevivencia en las comunidades y territorios, reforzando las redes de cooperación y solidaridad, para que la salida sea colectiva.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se renueva el compromiso de continuar trabajando en articulación con el Ministerio de la Mujer para avanzar en la implementación de políticas públicas integrales, que protejan y promuevan los derechos de las personas migrantes, como así también políticas públicas anti racistas, anti xenófobas, antidiscriminatorias y contra la violencia hacia las mujeres y que garantice el derecho humano a migrar.
