El dato se desprende de un informe realizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), del Ministerio de Desarrollo de la Nación. En 2020, los trabajadores denunciaron que al menos siete de cada diez llamadas ingresadas no tuvieron intervención.
Ed Impresa 31/12/2021
Consuelo Cabral
La muerte de un niño siempre es una tragedia, acaso una de las peores a las que se puede asistir. Cuando ésta es causada por un asesinato, es aberrante. Pero cuando quien le quita la vida a un niño es la misma persona que se la dio, es acaso el hecho más inhumano al que pueda asistir la humanidad. El asesinato de Lucio Dupuy, junto a las torturas a las que fue sometido, demostró que todo falló, dejándolo totalmente desprotegido y vulnerable a la crueldad y violencia de dos mujeres: su madre y la pareja de ésta. Solo. Lucio estaba solo. Nadie lo ayudó. Nadie lo rescató de la atroz muerte que le provocaron quienes deberían haberlo cuidado y protegido.
Casi un mes después de su asesinato, en Villa Nueva, Córdoba, un bebé de dos años también murió a causa de golpes. Su madre y su pareja, quien había quedado a cargo del niño, fueron detenidos e imputados por homicidio. El bebé llegó al Hospital Pasteur en condición crítica, con convulsiones, y una lesión cerebral. Tenía traumatismo encefálico abusivo y el examen de fondo de ojos reveló que sufrió hemorragias retinarias bilaterales.
La pregunta es inevitable: ¿Cuántos Lucios más debe haber para que el Estado comience a trabajar seriamente por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas?
El 22 de diciembre pasado la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), del Ministerio de Desarrollo de la Nación, presentó el “Informe de llamadas a las líneas provinciales de atención especializada en derechos de niñas, niños y adolescentes”. En un período de doce meses, las líneas 102 de todo el país recibieron 45.589 llamadas.
El informe de Senafes el segundo que sistematiza datos estadísticos sobre las llamadas pertinentes recibidas por este sistema federal. Recopila datos de las llamadas recibidas por las líneas 102 entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 en veinte jurisdicciones: Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La situación en Córdoba es grave si se toman los datos del informe de Senafy se los cruza con las denuncias realizadas el año pasado por los trabajadores y trabajadoras de la Senaf, y apoyadas con un pedido de informe al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial presentado en octubre del 2020 por la Legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, el cual hasta el momento no fue respondido.
En dicho pedido de informe, realizado con datos minuciosos brindados por los trabajadores y trabajadoras de Senaf Córdoba, se denunció que al menos siete de cada 10 denuncias ingresadas en el 2020 no tuvieron intervención alguna.
Es importante destacar que algunas de las llamadas que recibe el 102 son solicitudes de información y otras requieren intervención que puede ser desde una visita a una intervención de emergencia.
Del informe de la Senaf mencionado anteriormente, se desprende que en el último año la línea 102 en Córdoba recibió 1.794 llamadas, las cuales en su totalidad requirieron intervención. De ese número, 719 fueron por maltrato físico, 714 por negligencia, 106 por abuso sexual, y 141 por maltrato psicológico o emocional. Junto a Santiago del Estero –que tuvo solo 47 llamados en el último año- Córdoba es la única provincia de todo el país en la que la totalidad de los llamados requirieron intervención.
El dato es sumamente grave si se tiene en cuenta lo denunciado de forma insistente por los trabajadores y trabajadoras, quienes en diálogo con La Nueva Mañana explican: “El problema que tenemos es que ni la mínima visita se viene haciendo. La línea es un mecanismo de recepción de demanda de vulneración de derechos. Lo primero que argumentan desde Senaf Córdoba es que la línea no es la que hace la intervención, si no que la línea deriva a los equipos técnicos que corresponden. El problema es que los equipos técnicos que deberían hacer prácticamente la totalidad de la demanda de la línea 102, son equipos técnicos que no existen, porque al ser el primer nivel de intervención debería hacerlo la Municipalidad, que nunca dispuso los cargos ni la estructura. Entonces lo termina haciendo Senaf, que los deja sin intervención siempre porque no tienen carga penal, como los oficios de tribunales que después de un plazo de tiempo se vencen”.
Por su parte, la legisladora Echevarría también habló con La Nueva Mañana y destacó la gravedad de la problemática. “Estamos ante una problemática profunda que requiere de políticas de Estado urgentes. Sin embargo, los gobiernos miran para otro lado. En el caso del gobierno provincial, hay un vaciamiento sistemático de la Senaf y eso puede verse en que al menos siete de cada diez denuncias ingresadas en el 2020 a través de la Línea 102, no tenían intervención. Y esto no es por falta de compromiso o profesionalidad de sus trabajadores, por el contrario, son ellos y ellas quienes vienen denunciando innumerables irregularidades: falta de personal, escasez de móviles para las verificaciones, precarización laboral y, en definitiva, violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
La legisladora del MST en el Frente Izquierda Unidad también se refirió al pedido de informe sin respuesta: “Haciéndonos eco de esas denuncias, es que presentamos hace más de un año un pedido de informe bien detallado sobre el funcionamiento de la Línea 102 en la Legislatura, pero el mismo nunca obtuvo respuesta. Llevamos el tema al recinto e incluso hemos solicitado junto a otros bloques la presencia del Ministro de Justicia, pero hasta el día de hoy, nunca fue. Esta actitud indiferente va en consonancia también con la falta de presupuesto. Hoy le destinan tres veces más a los empresarios del transporte que a la Senaf, sin contar con que encima el año pasado se subejecutó casi en un 15% la partida”.
Finalmente, Echevarría concluyó: “Lo más triste y aberrante de todo es que esta desidia la pagan con sus vidas los niños y niñas, tal como lo pudimos ver con los últimos casos que salieron a la luz”.
Este medio intentó comunicarse con fuentes de Senaf en Córdoba en reiteradas oportunidades, pero no obtuvo respuesta.
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