En las últimas semanas ingresaron oficialmente dos iniciativas que buscan legislar sobre la interrupción voluntaria de la vida, sumadas a otros anteproyectos de diversos sectores políticos que pretenden debatir una nueva ley nacional.
Ed Impresa 03/12/2021
César Martín Pucheta
La agenda sobre la ampliación de derechos ha ido marcando los debates más importantes de la agenda política argentina de la última década. El último gran tema que puso a la sociedad toda a discutir fue el que derivó en sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se aprobó en la calurosa madrugada del pasado 29 de diciembre.
En la previa a esa discusión, iba ganando terreno entre diputadas y diputados la discusión en torno a un derecho que, según quién lo pronuncie iba tomado diferentes nombres: buena muerte, interrupción voluntaria de la vida, eutanasia, o incluso como ya se la nombró en Italia, uno de los siete países que tiene una legislación al respecto, suicidio asistido.
Se trata de una norma que permita a los pacientes con cuadros irreversibles tomar la decisión de poner fin a la vida a partir de diferentes herramientas médicas que se podrían habilitar desde procedimientos específicos. Esos procedimientos se especifican en una serie de proyectos que hoy están puestos a disposición de legisladores y legisladoras nacionales, que podrían avanzar en la discusión de un momento a otro. Esa discusión, que parece lejana por la particular dificultad para afrontar temas que requieran de acuerdos amplios en la política argentina, podría encontrar su lugar en las agendas por venir, sobre todo a partir de las nuevas alternativas que ofrecerá el nuevo Congreso que quedará conformado, sin mayorías automáticas, a partir del 10 de diciembre.
En las últimas semanas ingresaron al Congreso de la Nación dos proyectos que buscan legislar sobre el derecho de las personas a decidir sobre su vida para evitar sufrimientos prolongados a partir transcurrir enfermedades incurables.
A diferencia de la Ley de Muerte Digna, que el Congreso aprobó en el año 2012, las normativas propuestas dan un rol activo a la decisión de finalizar con la vida.
Curiosamente, se trata de dos iniciativas que nacieron desde el seno del radicalismo mendocino y que ingresaron por ambas cámaras. La semana pasada, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, a quienes se sumó el puntano Alejandro Cacace, ingresaron el primer proyecto por la Cámara baja. Días atrás, hicieron lo propio Julio Cobos y Pamela Verasay.
Según pudo saber La Nueva Mañana, hay pequeños matices respecto a herramientas legales y mecanismos de control entre ambos proyectos, aunque en el fondo persiguen el mismo fin. Incluso hubo partes del trabajo de elaboración en que los proyectos compartieron trayecto y evolución. “El objetivo final es exactamente el mimo, tiene características distintas respecto al articulado pero busca y regla lo mismo. Por eso se presentaron casi al mismo tiempo, la idea era que tanto en Senadores como en Diputados esté el proyecto”, dijeron desde el sector de Cobos ante la consulta de este medio.
El proyecto, que se presenta bajo el concepto de “interrupción voluntaria de la vida” contempla dos modalidades: por un lado, la práctica eutanásica y, por otro, la muerte asistida.
La diferencia entre esas alternativas está dada por la acción final. En el caso de la eutanasia activa voluntaria, debería ser un profesional de la salud quien asuma una posición activa en la solicitud del paciente, en general al suministrar una sustancia letal intravenosa. En cambio, el suicidio asistido implica que el médico le administre al paciente los “medios letales”, y que sea éste quien los emplee.
La posibilidad estará dada para aquellos pacientes que sufran “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificada por el médico responsable” y deberá estar precedida por un correcto y claro acceso a la información por parte del paciente, cuya decisión deberá quedar registrada en su historia clínica.
La norma también específica que el paciente en cuestión deberá “tener nacionalidad argentina o ser residente por un término no menor a doce meses, ser mayor de edad, y capaz al momento de la solicitud”.
Ese último punto se torna central en el proyecto de los senadores radicales ya que la iniciativa señala que la práctica sólo podrá llevarse a cabo “si el paciente ha suscripto con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital o documentos equivalentes legalmente reconocidos”. En caso de no poder hacerlo, otra persona podría tener la posibilidad de firmar tal solicitud, pero siempre ante la presencia del paciente, que deberá estar acompañado por un profesional de la salud. También se establecen mecanismo para dar marcha atrás en la decisión, en caso de algún tipo de arrepentimiento o mejoría en la situación médica.
Al igual que sucede con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se contempla la figura del profesional objetor de conciencia, que debería dejar asentado tal posicionamiento por escrito y de forma anticipada.
La iniciativa que lidera el titular del Comité Nacional del radicalismo que abandonará la Cámara baja para asumir como senador la semana próxima, Alfredo Cornejo, se presentó a finales de la semana pasada bajo el nombre “Buena muerte”. Entre sus argumentos centrales vuelve a poner énfasis “el derecho de terminar con su vida a aquellas personas que padecen enfermedades incurables”. Entre los alcances del proyecto están contempladas las personas desde los 16 años con su sólo consentimiento y los menores de esa edad con el consentimiento de sus tutores o padres.
Según se pudo saber, una de las principales razones por las que Julio Cobos decidió avanzar con un proyecto de las características antes descriptas tiene que ver con una historia personal: la de su madre. Asunción Navarro murió a los 89 años tras sufrir durante casi una década Alzheimaer y Parkinson. “De ella quedaba un tercio del físico que había tenido. No podía ser mi vieja, no quería que sufriera más”, supo decir Cobos tras su fallecimiento en septiembre del 2011.
Una de las iniciativas que desde hace tiempo viene tomando relevancia pública a la hora de instalar socialmente la discusión lleva el nombre de Ley Alfonso. La denominación tiene su origen en la historia de Alfonso Oliva, un joven diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que falleció en 2019.
Su situación lo convirtió en un referente en la lucha por la apertura del debate de la ley de eutanasia en el Congreso nacional. En pos de ese pedido, sobre el que insistió hasta su último suspiro, su médico y amigo Pecas Soriano comenzó a trabajar en un anteproyecto que lentamente fue acercando a diferentes sectores de la política cordobesa. Así, magíster en Bioética, se contactó con la entonces legisladora Liliana Montero, y las diputadas Brenda Austin y Gabriela Estévez. Recibió el apoyo y el acompañamiento de todas. Montero llegó a pedir que la Unicameral “instruya” a los representantes cordobeses en el Congreso para que impulsen el proyecto a nivel nacional, y Austin trabajó durante un prolongado tiempo en contacto otros representantes en un anteproyecto que finalmente no llegó a ser presentado. En esa marco, en tiempos en los que el debate por la despenalización del aborto ocupaba toda la trama legislativa nacional, hubo compromisos públicos y acercamientos con referentes de otros bloques; como por ejemplo con su coterránea del Frente de Todos, Gabriela Estévez, que con sus equipos técnicos, asesoramiento profesional externo y el propio Soriano, terminó de afinar el texto que podría sumarse en cualquier momento a las iniciativas que ya ingresaron a la Cámara y podrían ser tratadas a partir del año próximo.
Vale señalar que a nivel provincial, desde finales del 2017 se encuentra vigente una Ley de Muerte Digna (10.058) que, según señalan desde el propio Ministerio de Salud provincial “tiene por objeto establecer, regular y garantizar el derecho que tiene cualquier persona a decidir en forma anticipada su voluntad respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos de encarnizamiento terapéutico que pretendan prolongar de manera indigna su vida”.
Esa ley es una adhesión local de la norma nacional sancionada en el 2012 y establece que un paciente puede tomar decisiones anticipadas y disponer directivas por escrito sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos y decisiones relativas a su salud; pero no terminar directamente, o con la ayudas de terceros, con su vida. Allí radica la principal diferencia.
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