El Senado busca declarar internet y telefonía móvil como servicios públicos

País 29/09/2021
Senadores de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado debaten seis proyectos de ley que buscan declarar internet y telefonía móvil como servicios públicos.
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Hay seis proyectos de ley que buscan declarar internet y telefonía móvil como servicios públicos. Foto: Télam

Senadores de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado abrieron hoy un debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar internet y telefonía móvil como servicios públicos, en una audiencia que se realizó sin la presencia de la oposición.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) desistió de participar de la reunión por considerar que las audiencias deben realizarse de manera presencial y no virtual, según lo manifestaron en una carta enviada a la presidencia del Senado.

Las propuestas que se discutieron hoy durante una videoconferencia son seis textos elaborados por legisladores del Frente de Todos (FdT) y de JxC.

El presidente de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, declaró que la Argentina "tiene una brecha digital significativa" que debe ser resuelta y mencionó que se invirtieron $400 mil millones en los últimos años desde el Estado para la inclusión digital".

"El espíritu del decreto tiene ese principio de declarar como servicio público el acceso a internet como derecho humano básico", sostuvo, y recalcó que se trata de "una política de Estado" cuya importancia ha quedado demostrada durante la pandemia de coronavirus.

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de los Derechos de Usuarios y Consumidores, consideró que la propuesta tiene como meta "evitar la pobreza en las comunicaciones" y cuestionó las posiciones dominantes de las empresas Telefónica y Telecom, al considerar que tienen un monopolio que no ha demostrado "humanidad" durante la pandemia.

Por su parte, Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), subrayó que se trata de proveer "un instrumento legal" que complemente otras normas como la regulación de las plataformas de internet.

El Estado busca que el acceso de la comunicación sea para "todo el mundo" bajo la premisa de que "la idea del derecho humano básico no debería discutirse", indicó.

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