Son trabajadores municipales detenidos de modo ilegal durante la dictadura y despojados de sus empleos. A pesar de algunos reconocimientos parciales, siguen peleando por sus derechos.
Ed Impresa 24/09/2021
Adrián Camerano
Francisco Sánchez Spallina dice que aún siente el miedo en el cuerpo. María Beatriz Argüello comparte una resolución judicial que la certifica como víctima del terrorismo de Estado. José Raúl Caminos relata una lucha que lleva décadas y, orgulloso, sostiene que “no estamos vencidos”. Ellos son apenas tres de las decenas de trabajadores municipales que estuvieron detenidos-desaparecidos en la cochera del Palacio 6 de Julio, fueron cesanteados cuando la dictadura cívico-eclesiástica-militar amanecía y llevan décadas peleando por un reconocimiento pleno que tarda en llegar.
En los albores del golpe de Estado más despiadado que vivió nuestro país, la represión alistó un centro clandestino de detención en el subsuelo municipal. Allí fueron a parar “entre 150 y 200 personas” relata Argüello; la mayoría de ellos en su doble condición de militantes y municipales. “Sabían bien a quién detenían” coinciden los sobrevivientes, a 45 años y reunidos donde coinciden las calles de 27 de Abril y Marcelo T. de Alvear, en torno a la placa que recuerda qué fue ese sitio. Afuera, en la calle, porque la policía de custodia les niega el ingreso al lugar donde permanecieron detenidos-desaparecidos.
No es una historia tan conocida la del centro clandestino de detención que funcionó en las mismas entrañas del Palacio Municipal. Del ex CCD comenzó a hablarse tímidamente en los primeros años de la recuperada democracia, y recién en 2018 fue reconocido mediante la Ordenanza 12.669 y la placa de mármol que ella dispuso. En ese sótano, improvisado por la represión como cuadra de detención que incluía boxes para torturas, los apresados sufrieron vejámenes de distintos tipo. “Hemos vivido torturas, golpes, vejaciones, activación de armas. Hemos visto cuando se han llevado personas de acá, que después han sido desaparecidas. A algunos nos dejaron en libertad: ellos decidían quién vivía y quién moría”, relata Sánchez Spallina. “Yo me acuerdo de Beatriz porque estábamos juntos y le di mis datos para que ella se comunicara con mis padres en el caso de que yo desapareciera”, completa el militante peronista, que en épocas del General supo tener libre acceso a la Quinta presidencial de Olivos.
A su lado como aquel 28 de abril de 1976, Argüello asiente y relata: “Yo me acuerdo que él me habló, y nada más, porque tenía tanta vergüenza que no quería mirar a nadie. Había varias personas, pero no puedo decir quiénes eran”. Otro compañero, Ovidio Carlos Lascano, denunció incluso haber padecido agresiones sexuales.
Tirados en el piso, ensangrentados y amenazados por una custodia armada, algunos de los detenidos iban siendo liberados; de otros no se supo nunca más. “Escuché que preguntaban si los llevaban al río o al monte, y con los años deduje que el monte podía ser La Perla o Unquillo, y el río, Campo de la Ribera”, rememora Francisco.
A Caminos, inspector de Tránsito -“zorro gris”-, lo apresaron en “la zorrera” de calle Mariano Moreno. “En la cochera no vi a nadie, sí me acuerdo que me preguntaban nombres; el tipo que a mí me preguntaba tenía el pelo corto, rubio; tenía cara de mono y estaba de civil, era de un grupo de tareas. Lo que viví ahí lo puedo describir como que había olor a muerte, y no sabemos cuántos desaparecidos son, porque la Municipalidad ha determinado cuántos pero para mí no son todos”, completa.
La cochera municipal era –al decir de Argüello, ex militante de la Juventud Universitaria Peronista- “un espacio de tránsito; te captaban y te llevaban a un lado o a otro”. Es por eso que, a diferencia de muchos de los otros centros clandestinos montados en la vasta geografía provincial, las detenciones eran por poco tiempo, un día, dos. Tal fue el caso de Carlos Scheurer, el esposo de María Mercedes Aranguren y sobrino del depuesto gobernador Ricardo Obregón Cano. “Él siempre contó que le mostraron listas con nombres, que los tipos sabían que era pariente de Obregón y que pensaba que no saldría vivo de allí. Lo tuvieron desde la mañana que fue a marcar la asistencia hasta la noche; después lo cesantearon. Sobrevivió, luchó pero quedó mal, hasta que le dio un ACV y murió”, ilustra su viuda.
Se cuentan por decenas los municipales cesanteados víctimas del terrorismo de Estado que han quedado en el camino.
Despedidos algunos de manera inmediata, otros algunos meses más tarde, los municipales que habían sido liberados de la cochera iniciaron ya en democracia el reclamo por la reposición en el empleo arrebatado. Sánchez Spallina relata que comunicada la cesantía “me hicieron un sumario que duró varios años y salió favorable, pero cuando intenté reingresar no me lo permitieron”.
“Salimos y quedó el miedo de la persecución –completa Caminos-. La lucha la comenzamos después; con la democracia comenzaron los movimientos y una lucha infinita; el mismo gremio nunca nos reconoció, hay un signo interrogativo ahí. Hubo acercamientos, en algún momento pensábamos que entrábamos, pero a lo último se deshacía todo”. “Para nosotros sería un honor que nuestros hijos entraran a trabajar”, se ilusiona.
Aranguren considera justo “que un derecho adquirido que arrebató la dictadura lo devuelva la democracia”. Y Francisco denuncia que “acá todo el mundo juega con el paso del tiempo”. “La Justicia pareciera que está jugando con que nos vayamos muriendo para que se puedan perder los derechos, y el hecho de recuperar nuestro trabajo es imposible porque existe una ordenanza que no nos permite entrar a trabajar después de los 60 años”, reconoce, pero pide que se aplique el convenio colectivo e ingrese algún familiar directo.
El ex inspector de Tránsito recuerda a sus compañeros “que han ido falleciendo” y señala que en las últimas décadas “ningún intendente ni gobernador solucionó el problema”. “Siempre nos dieron la espalda; nosotros somos sobrevivientes, nunca nos dieron el derecho que tenemos y ahora es para nuestros hijos, porque a nosotros la vida se nos va. La lucha a veces decae, pero son los compañeros los que me levantan. No nos hemos entregado”.
Los sobrevivientes han testimoniado ante el Archivo Provincial de la Memoria y en los Tribunales Federales, donde se instruye la causa 130.788/2016. Llevan a la vez años esperando que el Estado nacional les otorgue el beneficio reparatorio previsto en la ley, un trámite que en algunos casos lleva mucho tiempo sin avances, pese a la avanzada edad del solicitante y que la Municipalidad de Córdoba está reconocida como centro clandestino de detención en el oficial Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte).
Mientras sus compañeros desgranan algunas de las penurias padecidas en los últimos tiempos, María Beatriz sigue enojada por no haber podido ingresar a la cochera para realizar esta entrevista. “Nosotros tenemos derecho a entrar, estuvimos ahí, pasamos cosas horribles. Ese lugar no es de ellos” dice, señalando a la policía.
En su fuero íntimo sabe que el reconocimiento tarda en llegar, pero al final hay recompensa.
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