Gemelas de un año fueron internadas con fracturas: detuvieron a sus progenitores
Por orden de la fiscal Juliana Companys, detuvieron a la madre y al padre de las bebés. Ambos trabajaban en un tambo de Tío Pujio.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reportó que hasta fines del año pasado habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias.
País 23/03/2021La Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar entre 1975 y 1983, etapa que el gobierno militar de facto denominó "Proceso de Reorganización Militar".
El dato surge de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que hasta fines del año pasado habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.
Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos.
A la vez, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500.00 y 1 millón de pesos (de 5.600 a 11.200 dólares).
El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura.
También se abrieron causas contra cientos de mandos inferiores, pero este proceso se interrumpió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín entre 1985 y 1986 y que impidieron el juzgamiento o ejecución de las condenas contra represores.
El pacto de impunidad se perfeccionó con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien firmó indultos a favor de los militares del régimen que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Recién en 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las "leyes de impunidad" del alfonsinismo y los juicios se reanudaron.
Hasta el momento, fueron condenados 1.013, y en los últimos años creció el número de pedidos de prisión domiciliaria, la mayoría por la avanzada edad de los acusados, algo a lo que se sumó en 2020 el argumento de la posibilidad de contraer coronavirus en la cárcel.
Fuente: Noticias Argentinas
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Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar confirmaron el rechazo. Olivera fue condenado en un juicio oral realizado en 2022 a nueve años de prisión por su responsabilidad en dos homicidios y el secuestro y tormentos contra tres personas.
LNM habló en exclusiva con José Manuel Ubeira, abogado que lleva la defensa del empresario Oscar Thomas en la causa que acaba de sacudirse mediante la presentación de un documento del empresario Mario Ludovico Rovella, quien dejó testimonio previo de que iba a declarar bajo coacción en su indagatoria.
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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron las directivas del Gobierno que prohíben referirse a la efeméride del 8 de marzo en las redes sociales de museos nacionales y organismos de la Secretaría de Cultura de la Nación.
En una declaración junto a la canciller Diana Mondino, el secretario de Estado norteamericano dijo estar agradecido por "el tiempo del Presidente y las profundidad de nuestra conversación, que refleja el interés por profundizar y fortalecer los lazos entre nuestros países".
Se trata de una abogada que actúa como querellante en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En una nota que le dejaron en su casa le escribieron que debe "rajarse a tiempo".
La actualización tarifaria elevará el costo para los tramos ubicados en La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
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