Por la decisión unánime de la Unicameral, la Ley Micaela llega a los clubes

Política 12/08/2020
La norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para autoridades y personal de las entidades deportivas de la provincia.
Legislatura de Córdoba sesion virtual
La legisladora Nadia Fernández, autora del proyecto, en su intervención en la sesión de este miércoles. - Foto: Legislatura de Córdoba

Con el acompañamiento de todos los bloques, la 14° sesión virtual dejó como resultado la aprobación de la Ley 30.829, que “establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, conforme las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27499 (Ley Micaela) para la totalidad de las autoridades y del personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la Provincia de Córdoba”.

El proyecto, presentado por la legisladora Nadia Fernández, fue elaborado y tratado con la participación de distintas actoras y actores vinculados a los quehaceres del deporte femenino y que solicitaron que sus voces fueran oídas.

“Cada vez que las mujeres entran en el juego son invisibilizadas, o cuando juegan lo hacen en desigualdad de condiciones”, definió Fernández. Y dijo que con este proyecto se busca “acompañar a todas las entidades deportivas, para que sean de todos y de todas”. “Ley Micaela para todos los clubes de la provincia de Córdoba: esto significa un verdadero cambio de paradigma en el deporte para todas y todos los cordobeses”, aseguró.

La norma determina como radio de acción a “aquellas instituciones constituidas legalmente que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas amateurs o profesionales, en todas sus disciplinas y modalidades”. Por otra parte, establece como autoridad de aplicación al Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba.

Con la aplicación de esta ley, las entidades  deberán “garantizar la implementación de las capacitaciones en la forma y contenidos que establezca la autoridad de aplicación, debiendo iniciarse las mismas dentro de un plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia”.

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