Redacción La Nueva Mañana
En la sesión del Senado de este jueves, tras la aprobación de los pliegos de magistrados, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, pidió aplazar hasta la siguiente sesión el debate del proyecto de “inviolabilidad” de la propiedad privada.
Fuentes parlamentarias aseguran que el oficialismo no consiguió los votos suficientes para avanzar con el punto que contempla la eliminación de topes para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales del país.
La iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego.
El proyecto original elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.
Cada provincia conservaría la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.
También contempla este proyecto la posibilidad de que se generen desalojos exprés en los casos en que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantendrían los actuales plazos de intimación.
En cuanto a las expropiaciones, la declaración de “utilidad pública” debería interpretarse de manera restrictiva y el Estado debería fundamentar claramente los motivos de la medida; y se establecería un tope del 30% de indemnización por lucro cesante.
Asimismo, la iniciativa de Sturzenegger derogaría el artículo que establece que en caso de incendio de un predio rural, por 30 años no se puede cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
En el caso de incendios de bosques nativos se prohibiría el cambio de uso y destino previsto en la actuales normas, pero se eliminaría el plazo de 60 años establecidos en la ley promovida por Máximo Kirchner.
Fuente: NA
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