Bahía Luz De Palma
Débora, Bárbara, Tatiana y Daniela fueron asesinadas mientras trabajaban. Por los cuatro femicidios cometidos en los últimos dos meses, trabajadoras sexuales realizan un paro nacional. Este martes 3 de noviembre, el reclamo por las condiciones laborales sale, de nuevo, a escena.
En medio del alarmante aumento de las agresiones mortales en contexto de violencia de género, que en octubre registró el número más alto de los últimos cinco años, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) denunció la precariedad, la ausencia de derechos y los peligros que derivan del estigma y la clandestinidad.
“No queremos que se naturalice que una trabajadora sexual pueda salir a trabajar y no regresar a su casa. Somos mujeres, madres, hijas, compañeras y trabajadoras. Nuestras vidas tienen el mismo valor que las de cualquier otra mujer”, expresó a La Nueva Mañana Blanca Mendoza, secretaria General de Ammar Córdoba.
En cada provincia se lleva a cabo la medida de lucha a través de distintas modalidades. Cese de actividades, visualización en redes sociales, asambleas en zonas de trabajo, ollas populares, intervenciones, marchas y otros tipos de protesta y encuentro suceden en distintos puntos del país, bajo la consigna “Ni una puta menos”.
En la capital cordobesa, habrá una radio abierta desde las 18, en la Plaza San Martín.
Débora Bordó y Bárbara Aragón fueron asesinadas en la ciudad santafesina de Rosario. Daniela Villalba en la ciudad de Córdoba y Tatiana Micaela Fernández en el barrio bonaerense de Retiro. Ninguna llegaba a los 30 años. Entre agosto y octubre, tres hombres habrían terminado con la vida de cuatro mujeres que ejercían el trabajo sexual.
Axel Alejandro Mendoza, de 23 años, fue detenido y acusado de homicidio agravado por mediar violencia de género, por el crimen de Débora.
El policía exonerado Eliel Gerónimo Schiffo, de 37 años, está imputado de abuso sexual y femicidio, en el caso que investiga el asesinato de Bárbara.
Por los últimos dos femicidios está acusado Renato Iván Tabella, de 28 años.
“Nuestras vidas no son descartables”, resalta Ammar.
Desde Ammar Córdoba, expusieron que no es posible “analizar estos femicidios como hechos aislados” o reducirlo “todo” a la existencia de hombres violentos. “Hay un problema estructural que venimos denunciando desde hace años: la clandestinidad, la precarización de nuestro trabajo, la pobreza y el estigma social nos colocan en situaciones de enorme vulnerabilidad”, problematizan.
Asimismo, Blanca junto a sus compañeras, expresó que es preocupante que “la discusión pública se concentre en cómo vivían las víctimas, dónde trabajaban o por qué estaban allí, en lugar de poner el foco en quienes las asesinaron”.
El paro aglutina todos esos dolores: “No queremos seguir contando compañeras asesinadas”.
-¿Cómo llevan a cabo esta medida de reclamo? Teniendo en cuenta que es uno de los tantos trabajos informales, donde no existe una patronal.
-Esta es una de las grandes contradicciones que enfrentamos. Muchas trabajadoras sexuales ejercemos de manera autónoma, no tenemos una patronal tradicional, pero eso no significa que no trabajemos, que no generemos ingresos o que no necesitemos derechos laborales. Nuestro paro tiene características particulares. Algunas compañeras realizarán un cese de actividades, otras participarán de asambleas, intervenciones públicas y acciones en redes sociales.
En ese sentido, Blanca Mendoza reflexiona acerca del objetivo del reclamo: “Este paro no busca presionar a una patronal en particular, sino interpelar a toda la sociedad y a las instituciones que tienen responsabilidades en la protección de nuestros derechos”.
La sindicalista sostiene que las condiciones son “muy diversas” porque “el trabajo sexual también se transformó”. Algunas trabajan en la calle, otras en espacios privados, otras mediante aplicaciones y otras que producen contenido en plataformas digitales. Para Ammar hay algo que atraviesa a todas estas modalidades: la falta de reconocimiento laboral, protección y derechos.
“No estamos pidiendo que todas las mujeres ejerzan el trabajo sexual. Estamos reclamando que quienes lo ejercemos tengamos jubilación, seguridad social, acceso a la salud y condiciones seguras”, expone.
Blanca habla también de las “redes de cuidado”, estrategias que las trabajadoras sexuales construyeron ante la ausencia de mecanismos de protección específicos. “Nos ayudan a protegernos, pero no pueden reemplazar los derechos ni las políticas de prevención”, aclara.
“Nos cuidamos entre compañeras, compartimos información sobre situaciones de riesgo, mantenemos contacto durante las jornadas de trabajo y generamos redes de alerta cuando alguna no responde o desaparece”, desarrolla.
Y denuncia: “Pero estos mecanismos tienen límites. No podemos seguir siendo las únicas responsables de garantizar nuestra propia seguridad”.
Además, explica que las plataformas digitales, aplicaciones o encuentros acordados en departamentos temporarios “pueden generar nuevos riesgos”. Como la “pérdida de control sobre la propia imagen, amenazas, extorsiones y situaciones de violencia en espacios aislados”.
Una de las herramientas que activó Ammar Córdoba es el “protocolo de actuación” y un espacio para realizar denuncias anónimas, disponible en la página web www.ammarcordoba.org.
Blanca junto a otras integrantes de Ammar recuerdan el caso de Anahí Bulnes como una resolución judicial “importante”, que reconoció que su condición de mujer y trabajadora sexual, junto con la precariedad en la que ejercía, aumentaban su vulnerabilidad. En 2024, la Justicia dictó cadena perpetua para Santiago Campos Matos por el femicidio de Anahí y el ocultamiento de sus restos.
“Esto es fundamental, porque durante mucho tiempo nuestra actividad fue utilizada para cuestionar a las víctimas, minimizar las violencias o justificar determinados comportamientos de los agresores”, repasa la secretaria General del gremio.
-¿Cómo sienten que es el acceso a la Justicia?
-Continúa siendo una de nuestras mayores preocupaciones. Muchas compañeras tienen miedo de denunciar porque sienten que no van a ser escuchadas, porque han sufrido discriminación o porque temen represalias.
También existe una situación muy dolorosa que aparece cuando asesinan a una trabajadora sexual: muchas veces las propias familias desconocían que ejercía esta actividad o prefieren que no se haga público por el estigma social. Nosotras respetamos esas decisiones, pero también vemos cómo el prejuicio termina dificultando la visibilización de las condiciones en que ocurrió el femicidio.
-En la causa de Anahí resonó el acompañamiento de Ammar
-El caso de Anahí demuestra que es posible investigar y juzgar con perspectiva de género, reconociendo las condiciones particulares de vulnerabilidad. Pero también demuestra cuánto trabajo colectivo, acompañamiento y esfuerzo se necesita para conseguir justicia.
Ser trabajadora sexual no puede significar tener menos posibilidades de acceder a la Justicia. Nosotras no queremos tener que intervenir solamente cuando una compañera desaparece o es asesinada. Queremos que existan mecanismos de prevención y protección que eviten llegar a esas situaciones. Porque para nosotras la verdadera justicia no es solamente conseguir una condena. Justicia también es que no nos maten.
El femicidio Daniela Villalba ocurrió en su departamento de barrio Cofico, el 20 de octubre. La abogada Daniela Morales Leanza, representante de la familia de la víctima, confirmó a este medio que la causa avanza bajo la carátula de femicidio y, tras la indagatoria de Renato Iván Tabello en Buenos Aires, solicitó su traslado a Córdoba para avanzar con la investigación.
La letrada detalló que hay semejanzas entre los crímenes de Daniela y Tatiana. A ambas mujeres las habría contactado a través de una página web y, presuntamente, las agredió en el lugar donde prestaban sus servicios.
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