El pasado miércoles, el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé procesó por el espionaje ilegal a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los ex jefes de Inteligencia del gobierno de Mauricio Macri, su amigo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes habrían ordenado el espionaje de manera ilegal a la ex presidenta en Instituto Patria y en su vivienda personal. Arribas es íntimo amigo de Macri y muchos creen que la orden de espiar a Cristina Kirchner partió directamente de la Casa Rosada. Hoy, tanto Macri como Arribas están en la mira de la Justicia por esta causa, que se extiende a una serie de espionajes ilegales que involucran a dirigentes opositores durante el macrismo, a dirigentes del propio espacio que lidera el ex presidente de Boca, a periodistas y a referentes sindicales y sociales. El reconocido abogado Alejandro Pérez Chada es el defensor que comparten Macri y Arribas. 

Arribas y Majdalani “impartieron órdenes”

Según trascendió a principios de semana, Gustavo Arribas, que junto a Majdalani fue embargado por decisión del juez en dos millones de pesos y que tiene sobre sus espaldas la prohibición de salir del país, habría estado planeando su partida hacia Brasil, específicamente San Pablo, donde vivía con su familia antes de ser funcionario del gobierno de Cambiemos. Cabe destacar que la semana pasada, ya los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían solicitado el procesamiento Arribas y de quien era su segunda, Silvia Majdalani, en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal en 2018 al domicilio de Cristina Kirchner y al Instituto Patria, lo que finalmente ocurrió el pasado miércoles. Arribas y Majdalani están acusados de violar la ley de Inteligencia por supuestamente ordenar y realizar tareas de espionaje ilegal, pero también habrían cometido el delito de falsedad ideológica debido al intento de ocultar las maniobras a través de la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a la operación. El procesamiento también alcanzó al ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste, acusado también de espionaje ilegal y falsificación de documentación pública.

Según el juez Augé, hasta el momento la investigación ha podido acreditar que “al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018” Arribas y Majdalani “impartieron órdenes” a Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para que conformara los grupos que llevarían a cabo el espionaje ilegal. 

Cómo se realizaban los espionajes

El modus operandi que utilizaban en ese momento los agentes orgánicos y externos de la AFI en sus maniobras ilegales, y por las cuales han sido imputados y/o procesados por el juez Augé, habrían consistido en observaciones, fotos, almacenamiento de datos sobre diversos dirigentes, referentes políticos, sindicales, periodistas y otras personalidades que en su mayoría tenían una posición crítica al gobierno de Macri.

En este sentido, según lo manifestado por el juez Augé, Martín Coste, que asumió como director de Contrainteligencia en junio de 2018, “conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas”.

Desde Juntos por el Cambio buscan despegar a Macri

Desde que trascendieron los primeros indicios del espionaje ilegal que el gobierno macrista llevó adelante sobre todo con la mira puesta en dirigentes de la oposición, los principales referentes de la alianza PRO-UCR-Colación Cívica has salido públicamente a defender al ex presidente, responsabilizando a ciertos grupos autónomos dentro de la AFI que respondían –según ellos- a intereses particulares, lejos de tener vinculación con la Casa Rosada. Sin embargo, los lazos establecidos con los agentes de AFI de la ex directora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, que tenía su despacho a metros del sillón presidencial, y donde recibió recibió reiteradas veces a los agentes, sumado esto a los chats del ex secretario privado de Macri, Darío Nieto, complican la situación del ex presidente, hoy disfrutando del verano francés junto a su familia.

“Desde principios de año el kirchnerismo buscó de todas las formas posibles involucrar judicialmente a ex funcionarios de Cambiemos en causas de corrupción, con un ánimo desenfrenado de revancha, lejos de la búsqueda de la verdad y la justicia”, dice el comunicado que Juntos por el Cambio hizo público días atrás. 

Por su parte, cuando el diputado cordobés Luis Juez fue consultado por un matutino porteño sobre la causa de espionaje ilegal que involucraba a su espacio político, el ex intendente de Córdoba manifestó: “A los del servicio de inteligencia yo los haría mierda. Los sacaría cagando, no sirven para nada. Para lo que sirven es para saber quién sale son fulana, quién gorrea a fulano o no. En un país como el nuestro, que ha sufrido tantos atentados, no pudieron prever nada, así que sirven para nada. Sirven mucho más ustedes, futuros periodistas, que el servicio de inteligencia. Si Macri quiere dar respuesta porque lo denuncian de haber utilizado los servicios de inteligencia para espiar a un opositor, que dé respuesta. Y si tiene que dar respuestas judiciales, por ese tema, que dé respuestas”.

En tanto, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, siempre fue crítica de los servicios de Inteligencia, además de haber manifestado duras críticas en su momento contra Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, más la ofensiva mediática que Lilita lanzó contra el ex ministro de Justicia, Germán Garavano. Lo cierto es que tardó en dar su apoyo a Macri en esta causa que salpica al interior del ex gobierno de Cambiemos, pero lo hizo luego del allanamiento a la vivienda a su ex secretario Nieto. Allí, según manifiestan fuentes cercanas a Carrió, ella cerró filas y se encolumnó detrás de la estrategia de Juntos por el Cambio, acusando al kirchnerismo de “persecución política y revancha” en una causa que tildan de “armada”.

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