De los siete especialistas convocados para disertar, solo uno respaldó la propuesta oficialista para la reestructuración judicial. La semana próxima sigue el debate virtual.
Política 06/08/2020
El proyecto de ley de Reforma Judicial impulsado por el Poder Ejecutivo sumó este jueves varias objeciones en la segunda audiencia que se llevó a cabo en el Senado de la Nación, durante un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.
La iniciativa fue rechazada por la mayoría de los invitados a la reunión remota, quienes cuestionaron la oportunidad de la presentación de la iniciativa, aspectos vinculados con las subrogancias y el mantenimiento del sistema inquisitorio en detrimento del acusatorio, contenido en el nuevo Código Procesal Penal.
El Senado comenzó a tratar el proyecto de ley enviado por el gobierno de Alberto Fernández el último martes, con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo.
Las audiencias continuarán la próxima semana con la presencia, en principio, del ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni; y del ex consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, como representante del Colegio de Abogados de Buenos Aires.
De los siete convocados por los senadores a la audiencia remota de este jueves, el único que se manifestó a favor de la reforma fue Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata-Berisso-Ensenada, quien celebró la iniciativa y dedicó el primer tramo de su exposición a cuestionar el desempeño del Poder Judicial en los años del gobierno de Mauricio Macri, al señalar que se trató de "una justicia al servicio del Poder Ejecutivo".
En cambio, Alberto Garay, abogado magister y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, consideró que el proyecto enviado por el PEN "adolece de algunas inconsistencias técnicas", calificó como "desmedido" el aumento de jueces federales de 12 a 40 y declaró que "hay una falta de constatación empírica sobre la necesidad de tantos juzgados federales en Caba, cuando quizás hagan falta mucho más en el resto de las provincias".
El abogado especializado en asuntos penales Marcos Salt sostuvo que "es necesaria una reforma a la justicia federal" por los "graves problemas que atraviesa desde hace muchísimo tiempo", aunque señaló que en la forma en que está propuesto el nuevo sistema "no colabora" a reorganizar el Poder Judicial, sino que "atrasa y es antiguo".
En similar términos se expresó Raúl Heredia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, ex diputado provincial peronista y convencional constituyente provincial en 1994.
Si bien elogió como "pertinente, necesario y urgente" la apertura de "un proceso de reforma", indicó que "este proyecto crea órganos que pueden estar contradiciendo la finalidad del sistema acusatorio". "Hay una contradicción en la multiplicación de órganos que sigue apegada a una cultura del juez feudal y no se avanza hacia la idea de un juez decisor", señaló.
El presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Seijas, quien firmó una acordada junto a sus pares en la que consideraba que el proyecto carecía de "sostén constitucional", cuestionó el modo en que se transferirán a la justicia porteña las competencias de los delitos no federales cometidos en su territorio.
Su intervención fue observada por el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, quien le preguntó si haber dicho que "esta ley es inconstitucional no resulta en prejuzgamiento".
"La Cámara no consideró inconstitucional la ley. Fue un título periodístico. El texto de la acordada no dice esto. Es una simplificación extrema que hicieron los medios", se defendió Seijas.
En tanto, el abogado constitucionalista y miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores), Alfredo Vítolo, remarcó que "el proyecto no contribuye a solucionar los problemas de la Justicia" y señaló que "si bien la decisión final corresponde al Congreso, en su preparación deben participar las ong, los jueces, los abogados, los fiscales".
Finalmente, el representante de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, dijo que coincidía con las expresiones del presidente de la Nación cuando señaló que "iba a ser un férreo defensor de la independencia del Poder Judicial", pero también cuestionó que se le dé la espalda al sistema acusatorio.
"El texto sólo habla de la unificación de fueros y de la creación de juzgados. Y sólo se limita a crear 23 fiscalías", expresó, para luego sostener que "la sociedad pretende una mejora en el sistema de justicia, pero este proyecto se está presentando en un momento donde la mirada de la sociedad está puesta en otras preocupaciones".
Fuente: Télam
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