El ex ministro de Energía y Minería del gobierno de Cambiemos, Juan José Aranguren, y un grupo de ex funcionarios de ese sector fueron imputados este martes en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en la fijación con referencia dolarizada de las tarifas del gas en 2017.
La imputación fue formulada por el fiscal Guillermo Marijuan y recayó también sobre el expresidente del Enargas Ezequiel Roitman, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería, Marcos Pourteau y a la ex gerente de Legales del Enargas, Marcela Valdez, entre otros.
El dictamen fiscal elevado ante juez Rodolfo Canicoba Corral, todavía a cargo del juzgado federal 12, señala que los imputados fueron acusados por el "presunto desvío funcional" ya que habrían perseguido “intereses ajenos a aquellos por los que debían velar” al calcular de manera dolarizada las tarifas, contra la normativa vigente, para resguardar los intereses de los productores y las distribuidoras de gas.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) destacó a través de un comunicado que las maniobras por las cuales su actual interventor, Federico Bernal, denunció a Aranguren le habrían causado al Estado nacional un perjuicio de 400 millones de dólares.
Según informó Télam, en el dictamen Marijuán señaló que la maniobra habría tenido su inicio en noviembre de 2017 cuando el entonces Ministro de Energía convocó a productores y distribuidores de gas "para establecer bases y condiciones en la comercialización de Gas en PITS (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) fijando por dos años precios uniformes para cada una de las cuencas".
Esta circunstancia, según la denuncia, "iba por fuera de las pautas de libre competencia- y contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, que habría sido inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas".
"Según sostiene el denunciante la presunta maniobra desplegada habría tenido su corolario en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, cuando se pretendió que la variación del valor de cambio fuera afrontado por los usuarios, en cuotas y frente a los reclamos efectuados, aquella diferencia traducida en una suma dineraria fue absorbida por el Estado Nacional", explicó el fiscal en su dictamen.
Marijuán dispuso medidas de prueba, entre ellas el envío de un oficio al Enargas para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un "detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente" en el tema.
Al organismo también se le pidió "un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PTS" desde el año 2016.
El denunciante Bernal afirmó que desde el Energas se está “trabajando para lograr tarifas justas y razonables” pero también para auditar “lo hecho por el Enargas en los últimos cuatro años” y remarcó que ese fue el contexto en el que se formuló la denuncia.
Los hechos referidos en la denuncia ocurrieron entre 2017 y 2018, y se basan en un acuerdo ilegal que habría prohijado Aranguren con el objetivo de asegurar precios en dólares del gas en boca de pozo incluidos en la tarifa por un plazo de dos años, a un tipo de cambio variable, apelando a un período de transición inexistente en el marco regulatorio, y violando así la ley 24.076 en lo que respecta al precio del gas en los cuadros tarifarios, se indicó desde Energas.
Desde ese ente se recordó, además, que “debido al escándalo que en su momento se produjo por la fuerte devaluación de octubre del 2018, el gobierno de (Mauricio) Macri decidió trasladar el costo de la devaluación, US$ 393 millones, a todos los contribuyentes mediante afectación del Presupuesto Nacional, a través del Artículo 7 del Decreto 1053/2018”.
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