Redacción La Nueva Mañana
Este jueves, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba discute la reforma del Estatuto del Empleado Municipal, una iniciativa que pretende elevar los controles de ingreso y permanencia exigiendo certificados de antecedentes al personal administrativo.
El proyecto fue presentado originalmente por el intendente Daniel Passerini, luego del femicidio de Agostina Vega, por el cual está acusado Claudio Barrelier, quien se desempeñaba como empleado municipal.
El hombre fue detenido un año antes del crimen por atacar a otra mujer y luego obtuvo su excarcelación gracias a la ayuda del exconcejal y abogado Ricardo Moreno. Pese a que tenía una investigación en curso por un grave hecho violencia de género, siguió trabajando en el municipio.
La propuesta establece que las y los empleados deban comunicar imputaciones o acciones penales en su contra por hechos dolosos o culposos para que la autoridad competente determine la incidencia en las funciones del agente o en el normal funcionamiento del servicio para decidir si corresponde la iniciación de un sumario u otras medidas sancionatorias.
El texto final surge de los aportes del DEM, los concejales Casado (Hacemos Unidos por Córdoba), Piguillem, Caffaratti, Balastegui y Garade Panetta (UCR), Juez Corte y Villata (Frente Cívico de Córdoba).
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