La comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados debatirá el martes el proyecto de ley que crea el Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, que hace dos semanas obtuvo dictamen en la comisión de Turismo y aún debe ser tratado por la de Presupuesto y Hacienda.

La comisión que preside Diego Mestre se reunirá desde las 15 para abordar el texto que el pasado 7 de julio se firmó en la comisión de Turismo, y que contempló la iniciativa propuesta por el oficialista Ramiro Fernández Patri.

Fuentes parlamentarias señalaron a la agencia Télam que existe alguna posibilidad de que Presupuesto también incluya el proyecto en su esquema de trabajo de esta semana, aunque los de moratoria impositiva y de ampliación del Presupuesto dominan su agenda.

Si Presupuesto lo incluye en el temario y le da dictamen, es muy probable que el proyecto ingrese en la sesión que se realizaría el próximo jueves, con la moratoria impositiva como principal debate.

En la comisión de Turismo la propuesta de dictamen del oficialismo se impuso a la de Juntos por el Cambio por 17 firmas contra 14, merced al aporte de los representantes de los bloques pertenecientes a las fuerzas que gobiernan en las provincias de Córdoba y Misiones.

El objetivo del despacho que el martes será a puesto a consideración de la comisión de Defensa del Consumidor es la protección de las empresas del sector, mediante herramientas para la reconstrucción del turismo, con inversiones estatales que permitan a los prestadores privados posicionarse competitivamente después de la pandemia.

El plan contempla el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, destinado a unas 15.000 empresas, lo que representa el 75% del sector, con el compromiso del Gobierno de extenderlo más allá del fin de la cuarentena.

El punto destacado del proyecto del oficialismo es el Programa de Preventa, por el cual se creará un régimen orientado a fomentar y potenciar la demanda en turismo interno nacional, con el aporte de 16.000 millones de pesos.

El programa consiste en la entrega de cupones de crédito equivalente al 50% del valor de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos por parte de personas físicas, financiado por el Estado a través de partidas presupuestarias específicas para este fin.

Las compras de servicios futuros se realizarán hasta fin de 2020 y los cupones de crédito podrán ser utilizados a partir de 2021, sólo para la adquisición de servicios ofrecidos por prestadores turísticos.

También figura una amplia moratoria impositiva -ya anunciada por el Poder Ejecutivo- que abarcará a las pequeñas, medianas y grandes empresas turísticas, y créditos a tasa subsidiada a través del Ministerio de la Producción para sectores productivos y monotributistas.

Uno de los instrumentos para la protección del sector es el ya vigente Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura Turística (Pacit), un programa de 4.000 millones de pesos, para dar continuidad al auxilio brindado por el Estado Nacional, pero orientado sólo al sector turístico, que incluye capacitaciones en bioseguridad.

La iniciativa incluye el también vigente Plan 50 Destinos, con un fondo de 1.200 millones de pesos, para obras en todas provincias, que recibirán unos 60 millones cada una, para la puesta en marcha de dos obras que apuntarán a dinamizar la actividad, con mejoras que fortalezcan la oferta turística y fomenten la competitividad sectorial.

También habrá programas de auxilio y fortalecimiento de los prestadores y las empresas, con montos de 200 del Fondo de Auxilio y Capacitación Turística y 2.525 millones del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos.

El objetivo de la ley propuesta es proteger a todos los eslabones de la cadena turística para favorecer la reprogramación de los servicios contratados antes de la pandemia por sobre las cancelaciones que en este contexto implicaría la quiebra de las empresas.

El dictamen propuesto por Juntos por el Cambio, a partir de una presentación de los radicales Alfredo Cornejo y Gustavo Menna, proponía la declaración de la emergencia turística de forma retroactiva al mes de marzo, y en ese contexto establecía varios beneficios impositivos, como la exención del impuesto al cheque.