La Nueva Mañana entrevistó al economista Claudio Lozano, flamante director del BNA que publicó dos informes que pusieron de relieve las irregularidades del grupo Vicentin.
Ed Impresa 03/07/2020 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
Todos los indicios que se derivan del concurso de acreedores y de las investigaciones en torno al caso de la cerealera Vicentin SAIC hacen suponer que los empresarios sobreendeudaron la empresa, luego hicieron que desapareciera el dinero a través de cuentas offshore y finanzas en el exterior y finalmente declararon la cesación de pagos.
Para conocer qué pasó con esta empresa, insignia del mercado agroexportador de la Argentina, La Nueva Mañana entrevistó al economista Claudio Lozano, flamante director del BNA (bajo la conducción de Eduardo Hecker que reemplazó a Javier González Fraga) que publicó dos informes que pusieron de relieve las irregularidades del grupo empresario.
¿Cómo fue la operatoria del otorgamiento de los créditos del Banco Nación Argentina a Vicentin? ¿Violaron las normas del Banco el ex presidente de la entidad Javier González Fraga y algunos directores de la entidad?
- Sí efectivamente, durante el año 2019 tanto las normas y regulaciones internas del banco, como normas establecidas por el ente regulador el Banco Central fueron absolutamente eludidas por parte de las autoridades anteriores, tanto del directorio como también de algunos funcionarios del Banco Nación.
Vicentin tenía desde mediados de 2018 la misma calificación que le permitía acceder a préstamos para prefinanciación de exportaciones con un límite de 8.300 millones de pesos y ya en enero de 2019 había superado ese límite y en abril de ese mismo año cuando la calificación vencía y tenía que ser revisada ya le debía más de 12.000 millones de pesos y por lo tanto tenía que comenzar a cancelar.
En ese contexto, en lugar de cancelar a Vicentin le prorrogaron el financiamiento hasta julio del 2019 y entre agosto y diciembre llega a una deuda de 18.000 millones de pesos violando no solamente la calificación del Banco Nación, sino también la norma del Banco Central que establece que ninguna gran empresa puede deberle a cualquier banco más del 15 por ciento del patrimonio del banco y en este caso lo excedía largamente.
Peor aún, desde agosto hasta diciembre Vicentin no solo no canceló absolutamente nada si no que en ese mismo período ingresaron a la cuenta de la empresa en el Banco Nación sucursal Reconquista 790 millones dólares por las exportaciones, más del doble del crédito que Vicentin había recibido del Banco Nación, que las autoridades pasadas podrían haber ejecutado para acomodar la situación irregular del Grupo. Como consecuencia de ello terminamos con 300 millones de dólares enterrados en la eventual quiebra de Vicentin.
El Banco Nación se constituyó en querellante en la causa penal abierta contra Vicentin ¿Piden investigar si se configuran otros delitos como resultado del entramado de la empresa?
- La presentación en la Justicia Federal fue hecha por un particular no por el Banco, en la que se pidió la imputación de las autoridades pasadas del Banco Nación por administración fraudulenta y también a un grupo de gerentes de la empresa en la que el fiscal (Gerardo) Pollicita investiga la ruta del dinero, en todo caso qué pasó con el dinero que recibió Vicentin habida cuenta de que hay una serie de indicios a partir del proceso de offshorización que vive el grupo empresario desde el 2014 en adelante, con la instalación de empresas en el exterior.
De hecho, el holding Vicentin Family Group, la empresa madre controlante del conjunto de empresas que tiene el grupo, no está registrada en la Argentina está inscripta en Uruguay y además están inscriptas allí otras empresas Vicentin Family Group Inversiones, Latam Agroindustrias y Vicentin Uruguay, también está Vicentin Paraguay, Vicentin Brasil, Vicentin Europa e incluso ha conformado una empresa offshore en Panamá. Es decir, hay una serie de indicios que parecerían indicar que la razón por la cual Vicentin termina dejando colgado a cerca de 2600 acreedores es porque hubo un proceso de derivación de recursos a cuentas en el exterior por fuera del negocio que efectivamente Vicentin llevaba adelante.
Dada esa situación, ¿por qué es importante que el Estado intervenga la empresa?, ¿Qué riesgos se corren si no interviene?
- Los riesgos ya se están corriendo con la fuente laboral que involucra de manera directa a cerca de 7.000 trabajadores, en segundo lugar desde que comenzó el concurso de acreedores la empresa está prácticamente paralizada afectando también a 1800 productores. Junto con esto está la amenaza de extranjerización porque hay grupos transnacionales vinculados a este negocio que pretenden quedarse con Vicentin, lo que implicaría una mayor concentración del negocio del comercio de granos y de las divisas de la Argentina.
El juez del concurso Fabián Lorenzini fue abogado del Banco Nación en Reconquista durante 18 años, antes de ser nombrado magistrado, y tuvo intervención a favor de Vicentin en varios expedientes, ¿cabe un pedido de recusación del juez por parte del Banco?
- Con el hecho objetivo de que efectivamente trabajó 18 años en la sucursal Reconquista del Banco Nación y la entidad financiera es el principal acreedor y que intervino como apoderado y abogado en dictámenes que involucraron al Grupo Vicentin como principal cliente de la entidad, debería llevar al juez a haberse abstenido de intervenir en el concurso.
Cualquier juez en esa situación se hubiera excusado porque claramente no hay visos de imparcialidad. De hecho las decisiones que ha tomado son por demás cuestionables, la decisión que tomó de no acatar con su fallo el decreto presidencial de intervención de la empresa que tiene fuerza de ley y que él mismo reconoce que no es competente para evaluarlo y luego reponiendo en la conducción de la empresa a los mismos que la llevaron a esta situación son indicios muy claros de que no tiene el nivel de imparcialidad que debería tener.
¿Qué lograría la sociedad argentina si se estatiza una empresa como Vicentìn?
- A partir de esta estafa generalizada a trabajadores, productores y a la banca pública, se lograrían muchas cosas. Lo primero que lograría es salvar la fuente laboral, segundo constituir una empresa mixta en la cual el Estado comparta la conducción junto con las cooperativas agropecuarias y los pequeños y medianos productores, que permitiría una gestión de la firma con la experiencia que los productores efectivamente tienen en este negocio y que el Estado ocupara un rol preponderante dentro del comercio exterior de granos y también tener una fiscalización directa sobre el ingreso de divisas de nuestro país.
Al mismo tiempo, le permitiría al Estado en beneficio de la sociedad blanquear un comercio de granos que desde que desapareció la Junta Nacional de Granos y se privatizaron los puertos se transformó en un negocio bastante oscuro donde las maniobras de triangulación, de subfacturación de exportaciones, de sobrefacturación de importaciones y de divisas que quedan en el exterior importan menor recaudación para el Estado nacional.
También permitiría mejorar los precios de los pequeños y medianos productores porque no se llevarían adelante los mecanismos abusivos que la posición dominante de las cerealeras utilizan permanentemente sobre los productores y también en perspectiva nos permitiría también una herramienta de intervención en el mercado alimentario a nivel interno. Todos estos elementos están en juego en un grupo empresario muy significativo del agronegocio en la Argentina y tenemos la oportunidad de transformar una estafa en una herramienta de política económica y comercial muy importante para el país.
¿Por qué tanta resistencia a la expropiación?
- Es absolutamente lógico que el Estado intervenga para tratar de ordenar esta situación en lugar de estar discutiendo cosas absurdas como que se está afectando la seguridad jurídica, se está afectando la propiedad privada y tonterías de esa naturaleza que son falaces porque el primero que violentó la seguridad jurídica dejando colgados a 2600 acreedores es Vicentin y en realidad cuando hablan de propiedad privada no se entiende de qué están hablando porque los 1800 productores son también propiedad privada, porque los bancos privados y públicos le han prestado con depósitos que son de ahorristas privados y que también tienen su propiedad privada en juego, por lo tanto no tiene sentido la discusión.
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