El intendente Llaryora y el presidente Fernández encaran el desafío de enfrentar las consecuencias de las políticas pasadas para volver a poner de pie a la ciudad y el país.
Ed Impresa 27/06/2020
César Martín Pucheta
A medida que avanza el año con la pandemia como protagonista, no excluyente, Alberto Fernández y Martín Llaryora van acercándose a sus primeros seis meses en la administración con un desafío en común: reconstruir esos espacios que denunciaron al borde del colapso en el comienzo de sus respectivas gestiones.
Tanto el Intendente cordobés como el Presidente de la Nación deben lidiar por estas horas con problemas que no contemplaban en la previa que, para colmo de males, ataca a todo el mundo poniendo en jaque a las economías globales y obligando a una creatividad de gestión prácticamente inédita en la historia contemporánea. Sin embargo, los diagnósticos a partir de los cuales ambos asumieron sus planes de Gobierno se mantienen latentes y, en el peor de los casos, se profundizaron en sus facetas más problemáticas. Así las cosas, y aunque ninguno lo haya prometido con formato de paraíso, es momento de ver la realidad ingresando al segundo semestre.
El conflicto con el Suoem parece ser el principal escollo que tiene que enfrentar Martín Llaryora en este nuevo perfil que busca darle la gestión municipal. Amparado en la crisis económica que se encargó de describir durante toda su campaña y la primera etapa de su gestión, el Intendente avanzó sorprendiendo incluso a los propios referentes gremiales que, como se dice en la jerga, no la vieron venir.
Para ellos, Llaryora no podría haber tomado las decisiones sin la pandemia y el aislamiento como telón de fondo. “Vieron la posibilidad y avanzaron de modo realmente malicioso”, aseguraba a La Nueva Mañana Beatriz Biolatto hace apenas unas semanas. Desde entonces, los conflictos no cesaron y la gestión avanzó en un ordenamiento que busca sanear las cuentas apuntando al recorte de lo que consideran “beneficios” de los trabajadores municipales.
Tampoco pararon las protestas, que se recrudecieron y se judicializaron. Pese a que el aislamiento social fue relajándose, en la práctica, desde la Municipalidad juegan al desgaste. Saben que en algún momento las presiones van a tener que cesar, y allí será el momento de jugar con la negociación en la que, están convencidos, llevan las de ganar.
Los acercamientos ya existieron y la vuelta a las reuniones se oficializó, aunque de ambos lados continúan desplegando sus estrategias. La gestión avanzando sobre áreas en las que todavía no llegó el tijeretazo, que no solo tiene que ver con una cuestión económica sino también con la intención política de menguar el poder del sindicato en algunas áreas claves, y el gremio, presionando con la movilización y la paralización de servicios. Después de todo, esa fue la estrategia que mejor funcionó en los últimos 20 años.
Otro de los espacios que en estos seis meses ha logrado recuperar la gestión municipal tiene que ver con el área de higiene urbana y, puntualmente, con el funcionamiento del Ente de Obras y Servicios Públicos (ESyOP). “Tumultuoso”, es la palabra que elige Victoria Flores para describir el desembarco en el ente que cambiará de nombre, de color característico y, según aseguran, de maneras de gestionar.
Lo cierto es que la nueva administración se encontró con personal sin tarea asignada y, en base a la compra de nuevas maquinarias y herramientas constituyó la base para revertir la capacidad ociosa de un personal que desde la gestión se advierte como “muy capacitado” para las tareas que el futuro (Coys) Córdoba Obras y Servicios desarrolla por estas horas.
“Nos encontramos con una situación deficitaria que decidimos enfrentar amparándonos en el objeto del ente que es la higiene urbana. Cuando llegamos solo se realizaban actividades de barrido, mientras los demás servicios se tercerizaban. Ahora, la Municipalidad ya no contrata a externos sino que nos contrata a nosotros que pasamos de tener un servicio y medio a hacernos cargo de seis”, dice Victoria Flores quien asegura que, por la pandemia, se está trabajando con el 50% de personal pero que las condiciones permiten que la totalidad de los trabajadores tengan una tarea asignada. Desmalezamiento, desinfecciones, mantenimiento de espacios verdes, desobstrucción de canales, barrido manual y barrido mecánico son algunas de las tareas que por estas horas se fortalecieron desde el personal del ESyOP.
En ese marco, y consultada por la instancia judicial que investiga pagos a trabajadores enrolados en el Surrbac durante la anterior gestión, aclara: “El que está trabajando no debe preocuparse, estamos en un proceso de enrolamiento para conocer la totalidad de recursos con los que contamos porque cuando llegamos nos encontramos con un ente que había sido allanado por la Justicia y sin ninguna documentación. No es materia opinable lo que avanza judicialmente, nosotros respondemos a los pedidos de información cuando se nos requiere, si es que esa información está a nuestro alcance”.
Por orden de aparición, quizás sea la UTA el primer gremio al que Llaryora convenció para sumar a una cruzada que, incluso, lo expuso políticamente de un lado de la “grieta peronista”. Luego de un paro que se extendió por 28 días, el Intendente encabezó una cruzada por el reparto equitativo de subsidios que sumó a jefes comunales de las principales provincias argentinas y dejó al descubierto una realidad por todos conocida. En la Nación no gustó mucho, sobre todo a los cordobeses que hoy ocupan cargos centrales en el Ministerio de Transporte. De todos modos, logró su cometido y dejó contentos a empresarios y trabajadores. Solo por ahora.
Si bien la pandemia trastocó todos los planes que el Gobierno nacional imaginaba para hacer punta en la reactivación económica, sirvió para dejar expuesta la visión con la que la administración de Alberto Fernández llegó al sillón de Rivadavia. Entendiendo lo extraordinario de la situación, decidió posponer los planteos estratégicos más urgentes para volver a poner al Estado en medio de la asistencia que ayuda por estas horas a la sobrevida de cientos de miles de empresas y millones de argentinos.
Entre las políticas aplicadas en esa dirección se destacan la creación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia. El último de estos, además, dejó al descubierto una situación social que incluso era peor de lo que se percibía en la previa. A lo largo del país, 12 millones de personas se inscribieron para recibir el beneficio que terminó alcanzando efectivamente a más de 9 millones, que en mayo y en junio cobraron un bono de $10.000 para hacer frente al parate total de la actividad generado por la pandemia. Por su parte, el programa ATP ayudó a 240 mil empresas de todo el país a hacer frente a los salarios de unos dos millones de trabajadores registrados.
Aunque sean las dos políticas más destacadas, el Estado nacional también asistió con aportes del Tesoro a las administraciones provinciales que vieron caer sus recaudaciones, les posibilitó continuar funcionando sin problemas, incluso habilitando créditos y nacionalizando programas de ayuda y fomento para las más diversas actividades. Entre otras cosas, ese tipo de ayudas representó un sostén que permite a los gobiernos locales hacer frente a sus obligaciones más urgentes, principalmente el pago de salarios y aguinaldos.
Quizás en ese último punto haya un punto en rojo y una señal de alarma en el plano nacional. La decisión de pagar el aguinaldo en cuotas es algo que puso en alerta a los gremios, sobre todo a los estatales. Muchos dirigentes entienden que mientras el Gobierno ayuda a las grandes empresas, se escuda en la mejor forma posible de negociar con los acreedores externos y da marcha atrás o demora con los proyectos como el que grava las grandes fortunas o intenta(¿ba?) expropiar la cerealera Vicentin, el peso de las decisiones se descarga sobre la espalda de los trabajadores. Los más combativos, incluso, recriminan la participación estatal en el acuerdo entre la CGT y la UIA en el que se aceptó una reducción salarial en pos de mantener los puestos de trabajo.
Si a eso se le suma la dificultad experimentada por muchas pequeñas y medianas empresas para acceder a los créditos y subsidios, los problemas experimentados en torno al cobro del IFE y el complicado control sobre las políticas de precios en las provincias, a la administración nacional se le abre un abanico de conflictos que deberá resolver con urgencia. Sobre todo porque, políticamente, ya tiene a la oposición en la calle, violando cualquier normativa de aislamiento y dispuesta a todo para evitar que el Estado vuelva a tomar el rol benefactor que siempre caracterizó a los gobiernos de tradición peronista. En la siempre delgada línea de la negociación Alberto Fernández camina, cuidadoso, sabiendo que no es momento de perder apoyos; ni mucho menos, sumar adversarios.
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