Los gobiernos de las principales economías de la Unión Europea (UE) se manifestaron a favor de estatizaciones en caso de que la crítica situación lo amerite.
Ed Impresa 13/06/2020 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
La crisis del socialismo real abrió el paso al mundo unipolar, en donde Estados Unidos se erigió como fuerza dominante, antítesis no solo del bloque soviético, sino de toda intervención estatal. Durante su reinado, el dogma liberal que difundieron se encargó de deslegitimar, inclusive, a cualquier forma de participación estatal dentro del paradigma capitalista. Así, hasta el keynesianismo tiene el germen de la “opresión comunista”, del mismo modo, para los lobistas liberales el dirigismo del Estado en materia económica se contradice con la filosofía del laissez faire, laissez passer.
Es precisamente este dogma y la sobreactuada hasta el absurdo antítesis al Estado nación lo que carcome el poder de Norteamérica como hegemonía global. La globalización, que se presentaba como la autopista y ruta segura con la que Estados Unidos fortalecería su imperio, resultó, contrariamente, el canal propicio para el triunfo del poder trasnacional, las cadenas globales de valor y del capitalismo liberal financiero.
Es precisamente este nuevo capitalismo financiero y globalizado el que deglute el sueño de la América grande, debilita a los grandes polos industriales históricos que trasladan sus plantas en busca de menores salarios y diversifican su renta en el mercado bursátil.
El resultado de esto es inestabilidad laboral y económica en un país que, desatada la pandemia, entró en recesión, acumula una tasa de desempleo de 14% (subió más de diez puntos en solo dos meses), malos resultados sanitarios y escaramuzas desatadas en muchas ciudades por conflictos racistas.
Este nuevo capitalismo financiero y globalizado es el que deglute el sueño de la América grande, debilita a los grandes polos industriales históricos que trasladan sus plantas en busca de menores salarios y diversifican su renta en el mercado bursátil.
Además del poder trasnacional, otro modo de organización social y económica también usufructúa esas vías. Se trata de la República Popular Comunista China, quizás la síntesis más acabada de aquel enfrentamiento entre el dogma del mercado y el de la colectivización forzosa, que no para de dar pasos firmes hacia el desarrollo, superó con éxito la crisis financiera mundial del 2008 y se perfila a ser una de las pocas economías que crecerá en este contexto de pandemia.
El proceso de desarrollo chino es inédito en la historia del capitalismo. De la mano de una economía planificada por y desde el Estado, los chinos imponen condiciones a las multinacionales. Por caso, toda compañía de sectores considerados estratégicos interesada en el país más poblado del mundo debe producir desde el territorio chino, transfiriendo tecnología y know how, en asociación con firmas locales (joint venture), en donde la participación del Estado se da de modo directo o indirecto. Así, se abren a los capitales productivos a la vez que imponen condiciones, sin perder el Estado la centralidad. El éxito del capitalismo de Estado del país que preside Xi Jinping reduce a charlatanería pueril al dogma liberal.
Desatada la crisis sanitaria por el Covid-19, los gobiernos de las principales economías de la Unión Europea (UE) se manifestaron a favor de estatizaciones en caso de que la crítica situación lo amerite. A las pocas semanas de conocida la amenaza global del virus, la Comisión Europea dio luz verde a los países miembros para salir al rescate de las empresas, dejando sin efecto a la normativa que limitaba las ayudas públicas al sector privado.
Esta medida aprobada en Bruselas (principal sede administrativa de la UE) posibilita la nacionalización generalizada de empresas con problemas de solvencia en contexto de coronacrisis. Los países miembros salen al rescate de su tejido económico y de sus trabajadores, al tiempo que también buscan evitar que empresas dañadas con acciones a la baja caigan en manos de fondos de inversión especulativos que terminen por extranjerizar sectores claves de la economía.
En los últimos meses, las aerolíneas europeas fueron las primeras en recibir rescates de parte del Estado; es el caso de Lufthansa, salvada por el gobierno alemán, quien pasó a ser el principal accionista de la empresa. Por su parte, el ministro de industria italiano anunció que el gobierno tomará control absoluto de Alitalia, poniendo fin a once años de administraciones privadas.
Mientras que en Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, también asumió que llegado el caso nacionalizarían empresas para protegerlas. El Estado galo ya dispone de muchos activos considerados estratégicos, como las energéticas Engie y EDF, la empresa de telecomunicaciones Ornage, la automovilística Renault o Air France, entre las más destacadas.
Más allá de las obvias diferencias, Argentina no es Alemania; el Frente de Todos no es la coalición conducida por democristianos; Alberto Fernández no es Angela Merkel; ni Padoán-Novelli forman parte de la burguesía nacional alemana; la intervención de Vicentin y el intento de estatización tiene las mismas motivaciones que las nacionalizaciones de la socialdemocracia alemana: preservar sectores estratégicos.
Dejando de lado los 18 mil millones de pesos que el grupo Vicentin recibió del Banco Nación, las eventuales maniobras fraudulentas o la incompatibilidad de la declaración de “estrés financiero” con el proceso de expansión del patrimonio neto de la empresa, vale señalar que se trata de un peso pesado de un sector estratégico que canaliza la producción argentina hacia el mercado mundial. El sector encargado de cambiar por divisas bienes competitivos. Una compañía que despacha el 90% de lo que produce por puertos propios ubicados en la localidad santafesina de San Lorenzo.
La caída de la empresa agroindustrial y su concurso de acreedores despertó el interés de diferentes multinacionales y verdaderos tiburones de las finanzas que pretendían quedarse con los activos de la empresa que en el 2018 exportó más aceite y subproductos que el resto.
Se conocía que un fondo de inversión vinculado a la agroexportadora norteamericana Cargil tenía intereses en los activos de Vicentin, también al poderoso fondo de inversiones Blackrock (con el que Argentina renegocia su deuda) le apetecía algunos de los negocios del grupo. Estos financistas de Wall Street tienen acciones de la alimenticia y exportadora Glencore, compañía con la cual Vicentin se fusionó para producir biodiesel.
De modo tal que previo a la intervención, el comercio exterior iba camino a extranjerizarse aún más. Por el contrario, el proyecto que debatirá el parlamento posibilita que el Estado tenga presencia con una empresa testigo en las exportaciones de commodities agropecuarios.
De ser aprobado, el Estado tendrá el desafío de competir con exportadores de fuste (Cargill, A.D.M. Agro, Bunge, COFCO y AGD) y recuperar la capacidad exportadora. Corren nuevos tiempos.
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