El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad protagonizan conflictos con los gremios estatales más poderosos. ¿Hasta cuándo la cuarentena contendrá el estallido?
Ed Impresa 29/05/2020
César Martín Pucheta
Las flexibilidades del aislamiento que se fueron sucediendo en la Córdoba otoñal se motorizaron a razón de los progresos en materia sanitaria y amparadas en las expectativas de algunos sectores, entre ellos el Gobierno, respecto a las posibilidades de volver a hacer girar la rueda de la producción y la actividad económica lo antes posible. En sentido, se avanzó, se retrocedió y se volvió a avanzar. Algo perfectamente entendible en el marco de una pandemia mundial, inédita en la historia contemporánea.
Pero más allá de eso, hubo otras situaciones que lentamente fueron rompiendo los límites establecidos por las disposiciones nacionales y provinciales. La manifestación pública, el descontento social y el reclamo colectivo se fueron desperezando del letargo impuesto y, luego de ocupar techos y espacios digitales se animaron a tomar la calle nuevamente.
Para Federico Cortelletti, “no se puede hablar de un conflicto gremial tradicional” porque “las limitaciones son muchas”. “Las amenazas de las imputaciones por violar la cuarentena y la posibilidad de contagios masivos han sido una limitación muy grande”, asegura el titular de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) que también afirma que dichas situaciones “obedecen al respeto por las advertencias esgrimidas desde la autoridad sanitaria”.
“Cuando se atraviesa un contexto tan extraordinario y único como el que estamos viviendo, los conflictos no desaparecen, de hecho ha sucedido todo lo contrario”, dice a La Nueva Mañana Beatriz Biolatto.“
Lamentablemente, de una manera hartera y tramposa, el Gobierno provincial y el municipal han avanzado sobre derechos constitucionales como lo son el salario y las jubilaciones. Y lo peor de todo es que lo han hecho violando un decreto nacional que deja en claro que ese tipo de medidas no se pueden tomar”, afirma la titular del Suoem, el gremio de los municipales que el pasado miércoles llevó adelante una de las concentraciones más grandes en lo que va de la cuarentena en Córdoba.
Hay en sus afirmaciones, un detalle no menor a la hora de analizar los conflictos: el accionar sindical obedece, en prácticamente todos los casos, a una estrategia defensiva. Entre las acciones que se han observado desde el comienzo del aislamiento no se enumeran pedidos de aumentos salariales, presiones en medio de una negociación paritaria o algún tipo de medida mediante la cual los trabajadores busquen adquirir nuevos derechos o mejoras en sus condiciones laborales. El pedido es, simplemente, que lo conquistado no sea vulnerado. “No se puede volver atrás con los derechos que hemos adquirido como trabajadores”, afirma Biolatto en esa dirección. “Así como hay un decreto que nos inhabilita a manifestarnos por esta situación crítica sanitaria, el conflicto municipal debiera mirarse con la foto completa, porque ellos vieron la posibilidad y avanzaron de modo realmente malicioso. Esto no puede quedar así”, asevera.
Para César Arese, “no caben dudas de que los trabajadores se han manifestado ante una acción que los perjudicó en sus derechos”. Hay un marco extraordinario, pero “la protesta se puede canalizar, no se puede prohibir”, afirma el laboralista que deja expuestas una de las preguntas que motorizan las discusiones por estas horas: ¿Qué pasa si en una manifestación masiva se produce un brote de contagio? ¿Quién se haría responsable en tal caso?
En la vida interna de los gremios, los días de la pandemia también experimentan situaciones extraordinarias. Para empezar, por la imposibilidad de desarrollar asambleas, ordinarias y extraordinarias, que no sólo prorrogaron mandatos en todos los sectores sino que dificultan la relación entre las bases y las conducciones. “La mayoría de las decisiones han recaído en la cabeza de cada una de las organizaciones”, explica Cortelletti, que agrega que la implementación de encuentros virtuales y las pequeñas reuniones se convirtieron en algunas de las formas que se imponen por estas horas en las que las grandes conglomeraciones están prohibidas.
“Las resoluciones del Ministerio de Trabajo que prohíben las actividades sindicales que impliquen asambleas y la aglomeración de gente plantea la dificultad para realizar una actividad que resulta esencial a la hora de pensar en las estrategias gremiales para la resolución de conflictos; tanto para plantearlos como para negociarlos”, asegura Arese quien afirma que si bien la huelga se puede hacer, y de hecho se hace, hay una tensión entre el derecho a manifestarse y la emergencia sanitaria. “Si está en juego la vida y la salud de las personas, eso está por encima de todo lo demás”, asegura.
El problema aparece cuando los reclamos tienen que ver precisamente con la defensa de la salud. Un ejemplo claro de esa situación tiene que ver con aquellas manifestaciones que se suceden pidiendo que se respeten los protocolos de salud o bien se entreguen los insumos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria. Médicos, trabajadores del delivery y empleados públicos de diferentes áreas se manifestaron en ese sentido desde el comienzo de la pandemia.
“Nos hemos aggiornado a los tiempos. Hemos ido a las reparticiones con muy poquita gente, hemos establecido encuentros por videollamada y así pudimos ir analizando las medidas que fuimos llevando adelante”, cuenta Biolatto, cuyo gremio estableció algunas novedosas formas de manifestación que buscaron por un lado no entorpecer las condiciones sanitarias y, por otro, evitar que los trabajadores individualizados en un contexto en el que las imputaciones por violar la cuarentena parecen estar a la orden del día.
“La paz social se garantiza entre las partes y es la Municipalidad que se está corriendo de la parte que le toca con el avasallamiento que ha hecho sobre los derechos que hemos logrado a lo largo de muchísimos años”, dice Biolatto, cuyo sindicato ya realizó acciones judiciales denunciando el carácter unilateral de las decisiones del Ejecutivo comandado por Martín Llaryora.
“No tenemos dudas de que ha habido un total aprovechamiento de la situación. Eso es lo más grave. En un contexto de normalidad esto no se hace de esta manera. En el mes de diciembre acordamos que en mayo nos íbamos a sentar a discutir cómo transitar la situación que sabíamos que no era simple, al tiempo en que estaban votando un proyecto sin consultarnos”, afirma la referente sindical que también advierte que la ausencia de diálogo fue tal magnitud que los trabajadores se enteraron del proyecto por medio de la prensa.
Ya la CGT había advertido sobre el momento elegido por el Gobierno provincial para llevar adelante la reforma previsional, la política que disparó el conflicto que involucra a la mayor cantidad de trabajadores en toda Córdoba. En la propia Legislatura, el tiempo y las formas en que el tema se trató en el recinto fue el blanco principal de las críticas opositoras. Incluso hubo quienes se animaron a decir que la decisión del COE de dar marcha atrás con la fase cuatro del aislamiento, anunciada apenas unas horas antes que el tratamiento de la ley, respondía a los intereses gubernamentales, excediendo la cuestión sanitaria.
“Si bien estamos en una circunstancia extraordinaria, la pandemia se ha utilizado para hacer cosas que no se hubiesen dado del modo en que se dieron en una situación normal. De no haber existido la circunstancia del aislamiento no hubiese salido como salió el recorte jubilatorio. Al menos no pacíficamente”, asegura Cortelletti.
Lo mismo puede analizarse a partir de lo sucedido con las medidas que mantienen paralizado el servicio de transporte, tanto en a nivel urbano como interurbano. En este último, el paro alcanzará este viernes los 47 días. La lectura al respecto iguala a los gremios en un estado emocional de bronca e indignación: las medidas se toman en un contexto que “conviene” a los gobiernos que “zafan” de pagar los costos políticos de una serie de conflictos que en circunstancias “normales” hubiesen jaqueado el funcionamiento institucional y social de la provincia.
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