Este domingo se conoció un reclamo de organizaciones de la economía popular de Córdoba, que exigen al Gobierno provincial el cobro de trabajos realizados tiempo atrás, consistentes en la confección de 25 mil kits escolares.
En un comunicado de prensa, los trabajadores organizados recordaron que “hace 8 años entre algunas cooperativas llevamos a cabo la confección de kits escolares” y que “a fines de 2019 con mucha lucha, esfuerzo y convicción conseguimos la contratación por parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba para la elaboración de mochilas y cartucheras correspondientes al ciclo lectivo 2020”.
La tarea consistió en la confección de “un total de 25 mil kits, producidos por al menos 500 trabajadoras textiles del sector. No fue sencilla dicha contratación, constó de lucha, de reuniones, de defensa por un pago digno por nuestro trabajo”, recordaron las organizaciones, entre las que se encuentran la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Movimiento Carlos Mugica, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), La Poderosa, el Encuentro de Organizaciones (EO) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
En otro tramo del comunicado, señalaron que “desde el comienzo hubo irregularidades en los compromisos por parte del Gobierno provincial, y un pago parcial durante el proceso de producción que se fue demorando, lo que implicó que nos endeudáramos para la compra de insumos y materiales”. Y en ese contexto “trabajamos arduamente durante 4 meses, con mucho esfuerzo y dedicación llegamos a cumplir con los tiempos estipulados para que la producción esté lista antes del inicio del calendario académico. Sin embargo, el Gobierno no cumplió con su parte en el compromiso asumido por el Ministerio de Educación”, criticaron.
Las organizaciones sociales recordaron que el acuerdo “estipulaba que una vez concluida la entrega de la producción correspondiente se efectuará el pago total. A 2 meses de entregada la producción no contamos con el pago de lo adeudado. La suma pendiente por pagar representa 40% de lo acordado”, detallaron.
La denuncia pública implica a los funcionarios Luciano Garavaglia -secretario de Gestión Administrativa- y Javier Taborda, del Ministerio de Educación provincial.
“Hoy, donde no hay changas ni ingresos en nuestros hogares, donde el hambre aprieta y se generaliza día a día, el Gobierno de la provincia debería estar a la alturas de las circunstancias. Exigimos lo que nos corresponde: el pago por un gran trabajo realizado. El sustento de nuestras familias depende de ello”, completaron.
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