Sin periodo de gracia, Alberto Fernández cumplió los primeros 100 días al frente del país acorralado por una profunda crisis económica heredada del gobierno anterior y la pandemia.
Ed Impresa 20/03/2020 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
100 DÍAS DE GOBIERNO
La alegoría de los cien días de luna de miel para un nuevo gobierno comenzó con la llegada a la presidencia de Franklin D. Roosevelt , en 1933, y remite a que en su primera centena de días consiguió que el Congreso le aprobara un conjunto de proyectos de ley que le dieron forma a los Estados Unidos que hoy conocemos.
Mediante la aplicación del programa político conocido como New Deal, (literalmente en español: “Nuevo trato”) nombre dado por el presidente Roosevelt a su política intervencionista, sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión originada por la crisis de 1929.
Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar una economía estadounidense herida por el desempleo y las quiebras en cadena.
Como se cree, si bien los primeros 100 días de gobierno apenas representan el 6 por ciento de una gestión de cuatro años tienen un significado político simbólico que marcarán el rumbo del resto del mandato.
Alberto Fernández no tuvo la misma suerte de gozar del período de gracia acuciado por la recesión y la insostenible deuda externa que heredó del gobierno de Mauricio Macri agravada por el brote de coronavirus.
La crisis es profunda y la reseñó el propio Presidente en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa y la ratificó hace unos días en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso trazando una situación “dramática, de destrucción” de la economía y del Estado Nacional.
“Hemos asumido el Gobierno Nacional en un escenario que creo imperioso recordar: soportamos un nivel de inflación record de 53,8% durante 2019. Debemos enfrentar una deuda pública también record en monto y concentración temporal de vencimientos. Sólo en 2020 los vencimientos de capital representan 48.968 millones de dólares. La desocupación trepó al 9,7 %, destruyendo más de 240.000 empleos privados entre 2015 y 2019. La industria instalada registra un nivel de capacidad ociosa que roza el 40%. Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial. Nuestro país, hace dos años que está sumido en una recesión profunda. Los aumentos tarifarios de los servicios públicos registraron incrementos excesivos. El servicio de gas se incementó alrededor del 2.000% y el de electricidad cerca del 3.000%. El nivel de esos aumentos llevaron a situaciones críticas a miles de familias, jubilados, comercios, Pymes e industrias. Más de cinco millones de argentinos y argentinas que son parte de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, se endeudaron con la Anses a altas tasas de interés solo para cubrir otras deudas que los apremiaban”, señaló el primer mandatario.
Como consecuencia del coronavirus , tanto la Cámara baja como el Senado establecieron que “solo se sesionará en el supuesto que se trate un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo de la Nación”.
Apenas en este tiempo pudo fijar el rumbo de su gestión. En ese marco, convocó “a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social” y “crear una ética de las prioridades y las emergencias. Comencemos por los últimos, para llegar a todos”, fijó el Presidente como horizonte de sus políticas.
Con ese objetivo, logró la aprobación del Congreso de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que marcó el inicio de una nueva etapa en la economía argentina con prioridades inversas a las que mantuvo Macri durante sus cuatro años que tienen que ver con los beneficiados en cada gestión. Como muestra de esta inversión de prioridades, la asignación de recursos del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) sobre el valor de las divisas extranjeras se destina en un 70% al financiamiento de la Anses y en un 30% a solventar obras de infraestructura económica y vivienda social y fomentar el desarrollo del turismo local. Lo mismo sucede con la afectación de recursos captados por los derechos de exportación, que en un 70% financian a la seguridad social.
Además, para ratificar el rumbo trazado en la Ley de Solidaridad el gobierno dispuso de un aumento del 13 por ciento para las jubilaciones más bajas y el incremento del salario promedio del 5,5% para el comienzo del año y la reducción de las tasas de interés bancarias del 63 al 40 por ciento. También estableció la desdolarización y el congelamiento de las tarifas, la doble indemnización para los despidos sin causa, la renovación de los programas Ahora 12 y de Precios Cuidados y la Tarjeta Alimentar para la lucha contra el hambre.
Por el contrario, los escollos los encontró en un sector del campo que impusieron la semana pasada un cese de comercialización de granos y ganado por el aumento del 3% en las retenciones a la soja solo para las producciones mayores a 1000 toneladas, que pasó sin pena ni gloria y de parte de la Asociación de Magistrados que ya decidieron plantear después del 31 de marzo la inconstitucionalidad de la ley que modificó los regímenes especiales de las jubilaciones del Poder Judicial y el cuerpo diplomático.
Si bien el gobierno también logró el apoyo político de la oposición para la restructuración de la deuda externa y el presidente Alberto Fernández ratificó esta semana : “Nosotros tenemos hecho un cronograma que se está respetando al pie de letra. Se está cumpliendo perfectamente”. Al ser consultado sobre una posible alteración de los tiempos previstos en la reestructuración de la deuda producto de la pandemia de coronavirus, el Presidente dijo que “nada de eso puede ocurrir”.
Sin embargo, en Finanzas- según pudo conocer La Nueva Mañana- están rediseñando operativamente el cronograma que estableció el gobierno en enero, no solo porque el Covid-19 impedirá el contacto directo con los bonistas e inversores sino también con los bancos asesores cuyos ejecutivos esperan vuelos para regresar a sus países, para lo cual la fecha límite del 31 de marzo para la presentación de la propuesta de renegociación de la deuda, se está recalculando.
Muy probablemente el cronograma de reestructuración de la deuda, que estaba trazado por el gobierno con fecha límite del 31 de marzo, sea recalculado producto de la pandemia de coronavirus.
En el mismo sentido, la veintena de proyectos que el jefe de Estado anunció el 1 de marzo que iba a enviar al Congreso y que marcarán el rumbo de su gestión deberán esperar. Como consecuencia del coronavirus tanto la Cámara baja como el Senado establecieron mediante resolución que “solo se sesionará en el supuesto que se trate un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo de la Nación”.
No obstante, a pesar de la emergencia sanitaria el Estado interviene para que no se frene la economía y anunció un paquete de medidas que incluye el congelamiento de precios, apoyo a jubilados y beneficiarios de los planes sociales y un respaldo multimillonario a la obras públicas, las pymes y los sectores más afectados, en consecuencia con el rumbo fijado por el gobierno.
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