Por primera vez en el ámbito gubernamental funciona una Dirección de Empresas Recuperadas cuyo titular es un histórico referente del sector. LNM dialogó con Eduardo “Vasco” Murúa.
Ed Impresa 21/02/2020
Gabriela Yalangozian
Eduardo “Vasco” Murúa es un histórico referente de IMPA, que en 1998 se convirtió en la primera empresa recuperada del país. De esa lucha hace 22 años nació el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que integran más de 400 organizaciones del país.
Desde el pasado mes de diciembre, de la mano del presidente Alberto Fernández se creó la Dirección de Empresas Recuperadas bajo la órbita de la Secretaría de Economía Popular que encabeza Emilio Pérsico, dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Murúa fue quien asumió a cargo de esa flamante dependencia y donde deposita sus más de 20 años de experiencia en la materia.
En dialogó con La Nueva Mañana, “Vasco” Murúa aseveró que con la nueva dependencia gubernamental la lucha de los trabajadores autogestionados cobra importancia y se abre la posibilidad de desarrollar políticas de Estado para atender las urgencias del sector, que son muchas.
“Debo decir que la situación de cada una de las empresas recuperadas en la actualidad es muy crítica. En su mayoría, presentan deudas en las tarifas, y el 90% tiene problemas de demanda. Creemos que la única forma de salir adelante será trabajando codo a codo con cada trabajador, tratando de resolver los problemas urgentes, pero pensando también cómo fortalecer el sector con políticas más claras”, afirmó.
Según expresó, la primera medida fue comenzar un relevamiento oficial en el país de empresas recuperadas. “Hoy estamos haciendo un nuevo registro, porque no existe ninguno oficial. Estamos calculando que en la actualidad hay 390 empresas que contienen a entre 17 y 18 mil trabajadores. El 25% de ellas se encuentra en el Conurbano bonaerense y el resto disperso en las distintas provincias argentinas”, señaló.
Todas ellas tomaron la forma de cooperativas de trabajo “porque es la única figura jurídica hoy que permite a los trabajadores seguir comercializando”. “Si bien nosotros no venimos del movimiento cooperativo, solo esa figura nos permite la autogestión de los trabajadores, el reparto equitativo de la renta y que todos podamos participar de la suerte de nuestra empresa”, aclaró.
Recientemente se informó que su Dirección solicitó 5 mil millones de pesos de presupuesto para dar herramientas a las empresas recuperadas con el objetivo de salir de la crisis. ¿Cómo se proyecta esa ayuda?
Todavía estamos a la espera de que se defina el presupuesto a partir de marzo para toda la secretaría de Economía Social de nuestro Ministerio. Esos 5 mil millones van a estar destinados a ocho líneas, cuatro de créditos y cuatro de subsidios, para empresas que recién arrancan o que deben empezar de nuevo porque están afectadas por los últimos cuatro años de gobierno de Macri y necesitan una inyección rápida de dinero para materias primas e insumos.
En cuanto a subsidios, la idea es que las empresas que se recuperen tengan capital de trabajo para comenzar a producir. Que no sufran lo que pasamos todos los trabajadores que recuperamos una empresa que nos cuesta casi un año y medio poder recomponer la situación por no contar con dinero. En este caso, queremos contar con un subsidio por cada trabajador de la empresa que se recupere.
Las líneas de crédito, en tanto, serán para mejorar la maquinaria y poder desarrollar nuevos productos. Queremos acompañar seriamente a las empresas para que puedan acceder a tecnología.
Por experiencia en estos 22 años de lucha, la recuperación de las empresas a veces no se termina de consolidar porque los trabajadores no tenemos capital de trabajo o los créditos suficientes para desarrollar nuevos productos y estar acorde a las necesidades del mercado.
¿Tienen previsto algún acompañamiento jurídico para asistir a los trabajadores en el proceso de recuperación de las empresas, como herramientas para enfrentar pedidos de desalojo o intimaciones por deudas?
Una de las ambiciones que tiene la Dirección es lograr una Ley nacional de expropiación de unidades productivas. Estamos dialogando con varios diputados para plantear una iniciativa por fuera de la Ley de Quiebras, que permita que cada fábrica que cierre o que entre en cesación de pago, puedan pasar a manos de los trabajadores. Que el Estado la expropie, que quede como ´propiedad social´, y que la ceda a los trabajadores.
Si logramos esa ley habremos cumplido con el 80% de los objetivos que nos propusimos. Se trata de una norma que venimos impulsando desde el año 2001. Vamos a trabajar a partir de marzo con los diputados y senadores para lograr su aprobación.
“En la actualidad hay unas 390 empresas recuperadas que contienen a entre 17 y 18 mil trabajadores. El 25% de ellas se encuentra en el conurbano bonaerense y el resto disperso en las distintas provincias argentinas”.
¿Desde la Dirección han tenido diálogo también con trabajadores de empresas declaradas en proceso preventivo de crisis? ¿Con qué empresas de Córdoba ya ha tenido contacto?
Muchos trabajadores que están en esta situación se acercan para charlar. Hay que tener en cuenta que en esos procesos, también participa otro actor importante que es el sindicato, al que los compañeros recurren primero en función del desarrollo del conflicto. Aún así, desde esta Dirección, les explicamos cómo tienen que estar preparados mientras les están vaciando la empresa. Por otro lado, estamos haciendo un seguimiento de los concursos preventivos de crisis en aquellas empresas donde los trabajadores nos piden que intervengamos. Y estamos tratando de llegar a un acuerdo con la Corte para ser informados y podamos ser parte de cada concurso preventivo que se abra.
De Córdoba ya nos visitaron compañeros del Diario de Villa María, de Plascar, y de Comercio y Justicia, que nos ayudarán con el relevamiento de empresas recuperadas que venimos haciendo en todo el país.
Yo vengo del sector y mi experiencia en estos 22 años es que ir a hablar con los compañeros desde el Estado sin tener los mecanismos para darles alguna solución, puede parecer una falta de respeto. Por eso, en primera instancia, nos abocamos a hacer este relevamiento y enfrentar lo más urgente que es darles a esas empresas herramientas para afrontar la problemática de las deudas tarifarias.
Con ese objetivo, tenemos con la Secretaría de Energía una reunión el próximo 4 de marzo para poder definir una condonación de deuda y una tarifa diferencial del 50% por un año para empresas recuperadas.
Cuando podamos encauzar estos proyectos en concreto, profundizaremos la comunicación con todos los trabajadores del sector, a eso vinimos. Nuestro objetivo es que puedan salir fortalecidas y que el Estado comience a desarrollar de una vez por todas políticas para las empresas recuperadas.
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