Los últimos relevamientos de precios del Indec dan cuenta que el 2019 fue el año de mayor inflación de los últimos 28. Argentina, cuarta en el ranking mundial.
Ed Impresa 17/01/2020 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
El último relevamiento de Indec sobre los aumentos de precios publicado en esta semana marca 3,7 puntos porcentuales de inflación en diciembre, que sumada a la acumulada durante el año pasado arroja casi 54% de aumento en los precios. Estos números dejan en ridículo a las metas de inflación avaladas por el presidente Mauricio Macri, al comenzar su mandato, que pretendía llevarla a un dígito en el último año de su gestión al estimar que los aumentos de precios oscilarían entre 3,5% y 6,5% para el 2019. La redefinición de las metas de inflación luego de la crisis de financiamiento y del acuerdo con el FMI también se da de bruces con la realidad al esperar aumentos en torno a 17 puntos para el 2019, 13% en 2020, nueve por ciento en el 2021, hasta llegar a una inflación interanual en el año 2022 de solo el 5%.
Los aumentos de precios oficiales publicados por el organismo que dirige Marco Lavagna no solo evidencian la incapacidad predictiva de la administración anterior y del Fondo, sino que exponen el fracaso de su programa económico monetarista, devaluando también la credibilidad de la ideología desde la cual analizan la economía y elaboraron la política para resolver los problemas de la misma. Bajar la inflación es una tarea muy sencilla, “es de las cosas más fáciles”, decía en campaña el ex presidente Mauricio Macri; dando por descontado que se trataba de un fenómeno monetario, por tanto, al ser un problema unicausal, solo con la voluntad política de reducir la emisión se obtendrían efectos inmediatos sobre los precios, según reza el dogma monetarista.
Vale decir que una de las pocas metas logradas por Cambiemos, cuando no la única, fue la reducción constante de la base monetaria, sin embargo los resultados distan de ser los esperados. Los datos oficiales son incomprensibles desde la fe ciega en la restricción de la liquidez monetaria como única variable para bajar los precios. Los feligreses del monetarismo miran absortos los aumentos de precios en la era Macri que promedian 40% anual y acumularon 300 puntos porcentuales en solo cuatro años de gestión, siendo que desde el Banco Central se habían comprometido a no emitir y aplicaban distintos instrumentos financieros para “secar la plaza de pesos”.
La desregulación financiera implementada por la gestión anterior, más la libertad cambiaria, sumado a la finalización del plazo que tenían las acopiadoras de granos para liquidar las divisas producto del intercambio comercial en el mercado único de cambios, la reducción de las retenciones a los comodities y la dolarización de las tarifas, repercutieron directa e indirectamente en los precios de la economía. Las diferentes libertades otorgadas al capital acentuaron un problema estructural de la economía argentina, la restricción externa. La estampida desde múltiples direcciones sobre un bien escaso como son las divisas generadas por el intercambio comercial tuvo como consecuencia el encarecimiento de la moneda norteamericana y con ello el traslado de la devaluación a los precios internos. Mientras que la quita de las retenciones hizo que el valor de los alimentos se mueva a la par del precio internacional de los mismos.
En efecto, los precios en alza y en una carrera desbocada son un rasgo característico de los últimos cuatro años. Ya en el 2018 la inflación había registrado un record al llegar a ser la más elevada desde la conclusión de la hiperinflación de fines de los ochenta y principio de los noventa. En una historia económica signada por los precios altos, el ante año pasado, superó ampliamente la del 2014 (la más elevada de la gestión kirchnerista) y la registrada luego de la salida de la convertibilidad (40,6%). De este modo y pese a haber dejado la vara muy elevada, con el acumulado total del 2019 de 53,8%, Cambiemos se aseguró el primer y el segundo lugar del podio de los años con mayor aumento de precios desde 1991.
En efecto, la inflación y el default virtual en el que se encuentra la Argentina son los principales problemas con que se encuentra la actual gestión y, en consecuencia, debe comenzar a encauzar para “encender los motores de la economía”, como sostienen desde el gobierno. Los riesgos de que los precios continúen su marcha ascendente son numerosos, puesto que su ascenso debilita el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y asignaciones, dificultando la motorización de la economía mediante la demanda; atrasa el tipo de cambio; envilece la recaudación; y vuelve impagable la deuda en moneda extranjera.
Para contrarrestar la espiral inflacionaria, desde el gobierno incorporan al acuerdo de Precios Cuidados a proveedores mayoristas, almacenes y supermercados chinos, que se suman a las grandes cadenas para ofrecer 310 productos, entre primeras y terceras marcas, con una reducción promedio de precios del 8%. Sin embargo, vale señalar el efecto relativo de esta medida en el nivel general de precios e inclusive en los valores de los alimentos, teniendo en cuenta que este acuerdo estuvo vigente durante el año pasado y los alimentos aumentaron 56,8% promedio en todo el país. En igual sentido, el dialogo intersectorial que propone el Gobierno también parece ser una iniciativa insuficiente.
Ahora la administración que asumió el 10 de diciembre le toca jugar una partida de ajedrez muy compleja con un tablero asediado, en donde cada movimiento genera efectos colaterales. Por lo pronto, el congelamiento de los aumentos tarifarios, sumado a las restricciones a la compra de dólares y el impuesto al atesoramiento de divisas, son las medidas más antiinflacionarias en las que se refugia la administración que conduce Alberto Fernández, sin embargo son medidas circunstanciales que no resuelven los problemas de fondo.
En los últimos meses se evidencia un aumento de la liquidez consecuencia de la compra de dólares por parte del BCRA y del pago de más de $100.000 millones en concepto de Leliq e intereses. Ahora bien, en paralelo a estas acciones que significan una pesificación de las carteras, el Central baja la tasa de referencia en busca de estimular el crédito productivo. Al bajar la tasa que los bancos pagan por disponer del dinero de los agentes de la economía, se desincentiva esa acción. En efecto, es de esperar que crezca la demanda de dólares.
Por lo pronto hay una contención de la brecha cambiaria pese a la expansión monetaria. Es decir, la diferencia entre el dólar oficial y las otras cotizaciones (el contado con liquidación o el blue) no presentó cambios significativos. Lo cual puede deberse a una dolarización de las carteras durante los cuatro años de desregulación cambiaria y, particularmente, antes de que la gestión anterior implementara controles a la compra de divisas. En consecuencia, la prolongada dolarización de los agentes lleva a que, frente a una demanda estacional de pesos por aguinaldo y otros compromisos, los cambien por pesos para enfrentar gastos corrientes, en muchos casos.
De lo anterior se desprende la siguiente pregunta: ¿Qué hará el Gobierno para evitar que, concluida la demanda circunstancial de pesos, la liquidez se dirija al dólar en un contexto de tasas a la baja? , y , por otro lado, ¿los acuerdos de precios son suficientes para apaciguar las subas?.
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