La Justicia Federal de Chaco, además, le trabó un embargo por un millón de pesos. La acusación es sin prisión preventiva.
País 03/01/2020
Redacción La NUEVA Mañana
La Justicia federal de Chaco procesó sin prisión preventiva a la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de "fraude en perjuicio de la administración pública".
Se trata de un expediente en el que la actual legisladora nacional de origen radical es investigada por el supuesto direccionamiento y el presunto pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, durante dos años.
Una vez conocida esta resolución, que tiene fecha del último día hábil de 2019, la diputada Ayala sostuvo que se trata de "una causa armada" y consideró que "no es serio que un fiscal proceda sin tener pruebas y que una jueza procese también sin pruebas".
"Yo estoy a derecho y estaré siempre", aseveró la diputada, quien sostuvo que, desde que ganó las elecciones legislativas en 2017, en Chaco, con las que se convirtió en diputada nacional, merced a "causas armadas", destruyeron su "carrera política", su "salud" y su "familia".
"No sé qué quieren", aseveró la diputada en declaraciones que formuló este jueves a El Destape Radio, en las que indicó, además, que el denunciante en el expediente por el que ahora fue procesada, es un intendente que "estuvo preso por violencia de género y tiene dos juicios del Tribunal de Cuentas por mal desempeño", en referencia a Carlos Casalboni.
En la resolución difundida este jueves, la jueza federal Zunilda Niremperger entendió, a partir de las pruebas recolectadas en la causa, y las declaraciones y testimonios, que estaba "completamente viciada" la contratación realizada en 2016 por el municipio de Quitilipi a la firma Service Hogar, propiedad de Claudio Alejandro Tolosa, también procesado en el marco del expediente.
En este marco, el fiscal federal Patricio Sabadini, quien interviene en la causa, afirmó, en declaraciones formuladas a la señal de cable C5N, que, en su condición de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Ayala había "bajado un programa con la condición de que las compras se hicieran en un polirrubro y con excesivos sobreprecios". Así fue que, según pudo determinar la investigación, a través de este programa, la Municipalidad de Quitilipi adquirió "desmalezadoras y herramientas que en el mercado tenían un costo de 400 mil pesos, por un valor cercano al millón de pesos, es decir de más del doble", según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal en sus declaraciones periodísticas.
Además, contó que, cuando efectivos de Gendarmería Nacional fueron a constatar qué había en el domicilio en el que figuraba la empresa proveedora, se encontraron "con un taller de reparación de aires acondicionados".
La decisión del gremio que nuclea a los choferes de colectivos interurbanos, se adoptó tras recibir de parte de la Fetap una propuesta salarial que podría destrabar la negociación paritaria, que ya arrastra 90 días. La debatirá un Plenario General de Delegados.
El hombre manejaba una Toyota Hilux y fue alcanzado por la Policía en barrio Rosedal Ampliación. Transportaba droga de máxima pureza, valuada en 1.200 millones de pesos. El procedimiento fue destacado por la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Martín Llaryora.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en centros de compras se redujeron 18,4% interanual en febrero de 2024: 18,2% en la Región Gran Buenos Aires y 18,6% en el resto del país.
La Cámara de Diputados iba a tratar la emergencia presupuestaria de las universidades públicas nacionales, la movilidad jubilatoria y el restablecimiento del Fonid. Las críticas a su posición, se deben a que 24 horas antes el legislador formó parte de la multitudinaria marcha en defensa de la educación superior.
El máximo tribunal dispuso por unanimidad no hacer lugar a la presentación del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23, que modifica múltiples leyes e implica en la práctica un nuevo orden económico y social.
El siniestro ocurrió este martes, en el piso 11 de un edificio ubicado en pleno centro porteño. La revista pertenece a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y es dirigida por el periodista Cristian Alarcón quien indicó: "La reconstruiremos juntes. Y haremos periodismo".
En una carpa emplazada en la plaza frente al Congreso, decenas de profesionales y voluntarios recibían a pacientes y tras las primeras consultas los derivaban a distintas postas sanitarias, mientras se ofrecía frutas, galletitas, agua y protector solar para mitigar una jornada calurosa.
Durante el fin de semana largo, el Gobierno dejó sin trabajo a 11.000 personas en todo el país. En Córdoba, ATE reportó que 107 trabajadores del Estado fueron echados y este miércoles protestarán ante el ex Ministerio de Trabajo. Alertan por más despidos.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, por amenazas contra el periodista Víctor Hugo Morales y el ex ministro y actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
“Cualquier miembro que tenga un distintivo que sea partidario tiene una actuación administrativa”, dijo Bullrich a la prensa al salir de su domicilio.
El histórico predio ubicado en Alta Gracia será puesto en valor luego de gestiones conjuntas entre la Municipalidad de la Ciudad del Tajamar y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Cuando finalizan la tarea, los muchachos dicen que el costo es de 12.500 y no de 2.500 pesos, como habían asegurado. “Escuchó mal, usted. No nos vamos de acá hasta que nos pague”, amenazan.
A través de la Resolución 01/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación estableció los nuevos esquemas tarifarios que regirán desde mayo. Para el recorrido completo del Tren de las Sierras, sugirió una tarifa de $1.300.
Participaron más de 70 mil personas entre autoridades de universidades locales, estudiantes, docentes, no docentes, gremios, organizaciones sociales, y referentes de todo el arco político, incluidos del Gobierno provincial y municipal.
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
