Brasil: Bolsonaro fue denunciado por "incitar el genocidio indígena"

Dos entidades brasileñas presentaron la denuncia ante el Tribunal Penal Internacional. Consideran que la medida podría ejercer presión internacional.
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A la retórica del Presidente, contra los pueblos indígenas se suma la inacción ante la deforestación de la Amazonía. - Foto: gentieza

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro fue denunciado ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya por "crímenes contra la Humanidad" e "incitación al genocidio indígena". La denuncia parte de dos entidades brasileñas, la Comisión Arns y el Colectivo de Abogacía en Derechos Humanos, que consideran que Bolsonaro incita a la violencia contra las población indígenas y tradicionales y debilita los mecanismos para perseguir delitos como la apropiación ilegal de tierras, la explotación agrícola y ganadera, la minería y la tala ilegal en reservas naturales e indígenas.

 Según la denuncia, estas actividades ejercen un gran impacto sobre la selva y los pueblos que la habitan y "ahora el Gobierno las está estimulando" o está siendo negligente ante su enorme potencial de degradación. Entre las penas previstas en el Estatuto del Tribunal de la Haya están hasta 30 años de cárcel o cadena perpetua en casos extremos, además de otras sanciones, como multas y pérdida de bienes, informó El Mundo.

 "Los jefes de Estado y de Gobierno tienen, ante el derecho internacional, el deber de cohibir crímenes y proteger poblaciones vulnerables (...) por su gravedad, los crímenes bajo jurisdicción del TPI no prescriben; aunque su mandato haya terminado Bolsonaro estará sujeto a castigo por parte del tribunal", indica la denuncia.

Los denunciantes ven la medida como una forma de presión internacional ante la falta de respuesta dentro de Brasil: "Aquí no encontramos un camino eficiente; yendo allí (al TPI) esperamos estimular a las fuerzas internas de Brasil para que investiguen esas cuestiones", dijo el ex ministro José Carlos Dias, presidente de la Comisión Arns, según recoge el diario Folha de São Paulo.

La denuncia se presentó a la procuradora jefe del tribunal, Fatou Bensouda, que ahora deberá solicitar informaciones a los Estados, órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes que considere relevantes. Después, podrá presentar una petición de autorización de investigación a la Cámara de Cuestiones Preliminares, ligada al tribunal.

Bolsonaro ganó las elecciones prometiendo que no iba a registrar "ni un centímetro más" de tierras indígenas, y son constantes sus discursos en los que presenta a las poblaciones nativas como un obstáculo para el desarrollo económico del país. A sus ataques a líderes reconocidos internacionalmente como el cacique Raoni Metuktire hay que sumar los guiños a quienes ansían explotar las reservas indígenas, últimos bastiones de la selva amazónica virgen.

 Recientemente, recibió en el Palacio del Planalto, la sede del Gobierno, a garimpeiros (buscadores de oro ilegales) del Estado de Pará, prometiéndoles incluso poner a su servicio a las Fuerzas Armadas para que puedan desarrollar su trabajo. Para los indígenas, el discurso que se instaló en el Gobierno estimula la violencia y los conflictos por la tierra, porque hace que los infractores se sientan legitimados.

A principios de este mes fue asesinado el líder indígenaPaulo Paulino Guajajara, brutalmente ejecutado por un grupo de madereros al norte de Brasil. La Coordinación de Organización Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), que representa a 300 organizaciones en más de 430 territorios, expresó enseguida su repudio a la ola de "odio, rabia, racismo, ataques, criminalización y asesinato de los pueblos indígenas encabezada por el Estado brasileño, a través de la mayor autoridad del poder ejecutivo del país, el señor presidente Jair Bolsonaro".

A la retórica contra los pueblos indígenas se suma la inacción ante el aumento de la deforestación de la Amazonía. Entre agosto de 2018 y julio de este año la destrucción de la selva aumentó un 30%, hasta alcanzar los 9.762 kilómetros cuadrados.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, admitió que los datos son preocupantes, pero no presentó ningún plan para revertir la situación. Bolsonaro decía unos días después que es imposible acabar con la deforestación porque es algo cultural.

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