La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por las políticas migratorias de Argentina y pidió dejar sin efecto del DNU impulsado por la gestión del Gobierno de Mauricio Macri que habilita la expulsión de migrantes con antecedentes penales.

Fue luego de que el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios emitiera este viernes su segundo informe, que tuvo como base las presentaciones realizadas por la Defensoría General de la Nación (DGN), a cargo de Stella Maris Martínez, en donde se denunciaron las severas afectaciones al debido proceso.

En este marco, el Comité de la ONU solicitó que se derogue “toda medida que efectiviza la aplicación del Decreto 70/2017 porque su contenido es claramente contrario a los mandatos de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares” y que, hasta tanto, “se suspenda su aplicación”. 

De este modo, se pide al Estado argentino que “retome de manera decidida la aplicación de la Ley de Migraciones (25.871) y desarrolle toda la normativa necesaria para su implementación y cumplimiento en todos los niveles de gobierno”.

“El decreto ha creado un procedimiento sumario ‘acelerado’, aplicable a las personas que son objeto de una orden de expulsión, que provoca indefensión, y da un carácter únicamente administrativo a las decisiones de permanencia o expulsión que afectan la vida y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias”, sostiene el escrito.

Finalmente, y entre otras cuestiones relevantes, el Comité instó al Gobierno a “garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes, en particular, lo referido a la atención médica, educación y seguridad social”.