Con foco en su reconocida cancha de golf de 18 hoyos, Potrerillo de Larreta pide acogerse a los beneficios de una ordenanza de promoción turística.
Ed Impresa 23/08/2019 Adrián Camerano
Especial para La Nueva Mañana
Hace ya cinco años, un artículo distinguido por el Cispren con el Premio de Periodismo Rodolfo Walsh daba cuenta de la situación generada en Alta Gracia con relación al uso privado del arroyo Los Paredones. “La ciudad paralela que se cierne sobre Alta Gracia” relataba la utilización del curso de agua para decorar y complejizar hoyos de golf, el embalse artificial del recurso y la imposibilidad crónica –alambrada de por medio- de transitar la ribera del arroyo.
Cinco años después, la situación sigue igual, pese a un fallo judicial que obliga a retirar los alambrados. Con el agregado de que el barrio cerrado de los 18 hoyos pide exención de impuestos a la Municipalidad de Alta Gracia, contra la que indirectamente está litigando. Tal como se lee: en un expediente iniciado en 2015, y que desde esa época viaja entre despachos del Concejo Deliberante y distintas áreas municipales, Potrerillo de Larreta CC S.A. solicita se exima del pago de la Tasa de Comercio e Industria y del pago de servicios municipales a una serie de 47 parcelas, que incluyen la hostería, el restaurante, la cancha de golf y una cancha de tenis, entre otros sectores.
Los beneficios fueron solicitados al municipio en una simple nota de tres párrafos fechada el 2 de julio de 2015 y firmada por el presidente de la sociedad anónima, Alejandro Zuberbuhler. Dos años más tarde el interesado eleva otra nota, adjuntando el estatuto de Potrerillo, que –aclara- “es una asociación con forma de sociedad anónima”. Además, autoelogia la cancha de 18 hoyos, a la que califica como “una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Alta Gracia”. Así, para su titular, el sitio que suele elegir el presidente Mauricio Macri para algunos de sus recurrentes descansos se encuentra a la par de la media docena de museos de la ciudad, de los paisajes naturales buscados por turistas de todo el país y del conjunto jesuítico local, declarado por la Unesco “Patrimonio de la Humanidad”. En esa tónica ancla el pedido de eximición impositiva, amparándose en una ordenanza –la nº 7117, del 2004- que establece un Régimen de Promoción y Desarrollo Turístico, para una industria que aún no ha despegado del todo en la Ciudad del Tajamar.
Amanecía la década del 2000 cuando en Alta Gracia se escucharon las primeras voces cuestionando la situación de Los Paredones arroyo arriba, a sólo diez minutos de la ciudad. Pero pasaron algunos años hasta que se conformó un colectivo social –Todos por Nuestros Arroyos- dispuesto a rechazar de manera organizada el uso privado del recurso público, que era vox populi en la ciudad. En 2011 los alambres sobre el agua fueron removidos y los vecinos comenzaron a habitar el espacio, con la novedad de que el country demandó a la Provincia –y la Municipalidad es tercera interesada- por aquella remoción. Mientras el juicio avanzaba, en enero de 2013 los alambres volvieron, y siguen actualmente ahí pese a que en 2017 la jueza de Primera instancia Graciela Cerini desestimó la demanda, dispuso el uso público del sector y dio tres meses para que se quitaran. Ese fallo fue apelado por Potrerillo, que arguye motivos de seguridad para mantener cercado el espacio público, mientras los vecinos –asesorados por la ONG Fundeps- intentan desde hace meses ingresar al expediente como terceros interesados.
La gran estrella de Potrerillo es la cancha de golf de 18 hoyos, situada en un entorno inmejorable. Y en la que el arroyo desempeña un papel clave: en la página web oficial se describen las características de cada hoyo, y resulta que en 6 de los 18 se otorga al arroyo un rol específico dentro del propio juego. Así, por ejemplo, se reconoce que en el hoyo 2 “el arroyo serpentea a lo largo de estas 450 yardas de este par 5”, en el hoyo 6 se destaca que “el arroyo entra en juego en todos los tiros” y en el 8 se especifica que “el arroyo delinea el fairway de este par 5”. La misma web muestra, además, cómo el curso de agua que más abajo alimentará el arroyo Chicamtoltina fue embalsado, muy cerca del hoyo 7.
Con relación al pedido de exención impositiva, y a pesar de que el expediente tiene cuatro años, existe un silencio oficial sobre el tema, tanto en la Municipalidad como en el Concejo Deliberante. El caso trascendió semanas atrás a través del portal regional Mi Valle, y habría generado cierto debate puertas adentro, de cara a las elecciones municipales del 22 de septiembre; la duda es si la actuación la resolverá el intendente Facundo Torres o si será un lastre a afrontar por su sucesor, su hermano Marcos, el cambiemista Leandro Morer o el kirchnerista Diego Heredia, los tres postulantes que superaron las PASO. Mientras tanto, los memoriosos recuerdan un caso similar, y tiene que ver con la quita de deuda que la gestión actual le realizó a las multinacionales de telefonía celular, lerdas o directamente reacias al pago de cánones de uso por estructuras portantes instaladas en la ciudad.
Al mismo tiempo, y mientras es una incógnita qué derrotero asumirá el expediente, conocida la exposición pública del tema se sumó el rechazo de Todos por Nuestros Arroyos, aquella organización que al principio de la década encabezó el reclamo por un arroyo libre de obstáculos. “Nos indigna, y nos preguntamos a cuánto más llega la codicia de estas personas”, señaló a La Nueva Mañana Eugenia Devoto, integrante del colectivo. “No les es suficiente apropiarse de los cuatro kilómetros de arroyo que han quedado encerrados, no solo es el agua, también buscan la eximición de impuestos”, completó y cerró: “Por lo que nosotros investigamos, desde que solicitaron la eximición, el country dejó de pagar”.
De confirmarse esto, el pedido del barrio cerrado está en un problema, porque la ordenanza a la que busca acogerse establece que no podrán ser beneficiarias “las personas que al tiempo de concedérseles el beneficio tuvieran deudas exigibles e impagas a favor del Estado Municipal de carácter fiscal o provisional”. Y también especifica que “los procesos judiciales o actuaciones administrativas pendientes por los delitos, infracciones o incumplimientos a que se refieren los incisos precedentes paralizarán el trámite administrativo iniciado a los fines de esta Ordenanza, hasta que no se resuelva el caso en forma definitiva”.
Más información:
Nota: “La ciudad paralela que se cierne sobre Alta Gracia”
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