La Justicia confirmó este miércoles el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en la gestión de residuos urbanos.
País17/07/2019
La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en la gestión del programa de residuos urbanos.
Se trata de una causa por la que ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.
La maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los Pmigirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales", indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi remarcaron también que “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos".
Entre los procesamientos confirmados se encuentran el del ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación.
En febrero pasado, el juez Claudio Bonadio había dispuesto el procesamiento de 92 intendentes pero la Cámara Federal sostuvo que para 42 de ellos no hay elementos contundentes por lo que corresponde seguir investigando.
Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.
El jefe de Servicio de Oncología del Hospital Garrahan, Pedro Zubizarreta, encabezó una medida anunciada por los trabajadores del centro de salud pediátrico y leyó una carta en la puerta de la institución: “Seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto”, sostuvo.
La defensa del fotoperiodista que fue herido en la represión del 12 de marzo cuestionó el resultado del expediente. El informe, que debía investigar el accionar de los gendarmes, indicó que el culpable del disparo fue la propia víctima "por ubicarse en la línea de tiro".
La abogada Victoria Aguirre, vocera Nacional del Observatorio de Mumalá, señaló que la mayoría de víctimas no pudo realizar la denuncia por el cierre de espacios de acompañamiento.
En la supuesta amenaza el acusado hacía referencia al asesinato de un trabajador en la frontera, que recibió el disparo de un gendarme, ocurrido en diciembre del 2024. Según el expediente el mensaje fue enviado tras la militarización del paso entre Salta y Bolivia.
Con el inicio de julio se concretó un aumento del 3,5% en los precios de la nafta y el gasoil. Parte del incremento responde a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que implementó la Nación.
"Lo más peligroso es que el propio Presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger", expresó el mandatario sobre la reacción de Milei tras el fallo de Estados Unidos.
Majul había sido detenida el martes cuando registraba en video el centenario quebracho que la Municipalidad de Villa Allende y la empresa Caminos de las Sierras se aprestaban a retirar de la avenida Padre Luchesse, para avanzar con una obra vial.
El Cristo Redentor presenta un ascenso de baja dificultad, de 600 metros de recorrido, y es un planazo perfecto para realizar entre grandes y chicos.
Las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial visibilizaron el rechazo al decreto impulsado por el Ministerio de Desregulación del Estado, que pretende “reducir la estructura y limitar las funciones” del organismo.
Tras la masiva marcha por la ley de financiamiento, Adiuc resolvió profundizar el plan de acción en defensa de la universidad pública. La secretaria General del gremio, expresó que los salarios acumulan una perdida mayor al 40%.
Sumarán su reclamo a la ronda de jubilados y jubiladas de este miércoles. Ante el “abandono estatal” exigen que se activen políticas públicas para impulsar la producción y garantizar salarios dignos.
