Especial para La Nueva Mañana

Como en la casa de cualquier vecino, adornan las viviendas del loteo social 8 de Agosto una planta acá, miniaturas de plástico allá, algún cuadro acullá. Pero todas y cada una de las humildes viviendas del sector cuenta con un adorno inesperado: un medidor de luz, que con mucho esfuerzo se compró y que todavía nadie instaló. Juntando tierra en algún rincón de cada casa, ahí están tirados los medidores, inútiles, impotentes, testigos mudos de otra promesa incumplida.

Llevan casi tres años pidiendo luz individual los vecinos de ese barrio olvidado de Alta Gracia. Hartos del círculo vicioso de notas, reuniones, expedientes y promesas incumplidas, el miércoles pasado decidieron acampar frente al municipio por servicios básicos y para exigir, en suma, que se cumplan al menos algunas de las resoluciones vigentes.

La génesis de un barrio popular

Promediaba el crudo invierno de 2012 cuando un grupo de familias decidió tomar tierras que habían pertenecido a la traza del desguazado ferrocarril. A pico y pala levantaron refugios de tarimas y nylon, se organizaron en Asociación Civil y comenzaron a exigirle a los Estados el derecho básico al hábitat digno. Articulando con organizaciones socias como Serviproh (Servicio en Promoción Humana), TECHO Argentina y el Centro Experimental de la Vivienda Económica, los vecinos se afianzaron en la posesión real del territorio: 118 hectáreas habitables en un 30 por ciento. El resto es una reserva natural, que ellos también preservan. Conforme pasó el tiempo crecieron en asociación, solidaridad y sinergias técnico-políticas, lograron la ordenanza Nº 9554, que establece “Políticas Integrales para la producción social del hábitat”, y la Nº 9563, que habilita a la Asociación para la transferencia de las tierras –son del Estado Nacional-, la gestión de las obras de infraestructuras básicas y la aprobación del loteo como “de interés social”. También hicieron mingas solidarias, recibieron apoyo técnico de distintas universidades y se sentaron con cada funcionario con poder de decisión sobre el tema. El año pasado, incluso, lograron un amparo judicial que hace eje en la obligación estatal de proveer servicios básicos.

Es que, aunque vienen desarrollando una experiencia inédita de hábitat digno, y cuentan con avales del Poder Judicial y la Nación, los vecinos no han cesado de soportar un fuerte déficit de servicios básicos. En concreto: un par de medidores de luz abastece a 25 familias, mangueras de agua serpentean el loteo cual víboras plásticas, y gas y cloacas se inscriben en el terreno de la utopía, como ocurre también en otros sectores de la ciudad.

Acampe por tiempo indeterminado

Así las cosas, a apenas dos semanas de las primeras PASO en la historia de Alta Gracia, una bomba de tiempo le estalló en las manos al intendente Facundo Torres y al candidato oficialista, su hermano Marcos. El acampe por tiempo indeterminado que la Asociación 8 de Agosto montó en la plaza principal vio desfilar a distintos candidatos opositores y obligó al Ejecutivo a esgrimir una respuesta a la pregunta clave: por qué no se han realizado algunas obras esenciales.

En distintos medios de prensa Marcos Torres dijo primero que la traba está en la titularidad de la tierra –“son tierras nacionales, por lo tanto nos vemos impedidos de realizar obras”- e intentó luego patear la responsabilidad al Concejo Deliberante, que según el candidato lleva tiempo acunando un expediente sobre el asunto. Pero lo cierto es que mientras queda al desnudo la incapacidad oficial para aportar soluciones y la avidez opositora para intentar capitalizar la desgracia ajena, más de cien vecinos claman por una situación que se va tornando desesperada. “A la fecha tenemos una deuda emitida de EPEC por 300 mil pesos, y estamos pagando facturas renegociadas una y otra vez”, sintetizó Claudia Moreno, presidenta de la Asociación. Las veinticinco familias reciben luz de dos medidores, de los cuales solo uno tiene tarifa diferencial –no puede beneficiarse a dos bocas del mismo usuario-, pero el descuento se evapora porque los kilovatios se pagan cada vez más caros conforme aumenta el consumo.

Una solución posible y sin costo más que el operativo sería que la Municipalidad abra calles, EPEC efectivice el tendido y cada casa tenga su medidor, para que las familias sólo paguen lo que consumen y además puedan solicitar beneficios a título individual. Pero no es tan sencillo: explica Moreno que aunque “Nación dice que no hay impedimento y EPEC tiene el proyecto hace dos años y el dinero para financiar la obra con un fondo social”, la obra “no puede avanzar porque el municipio impide el ingreso de los camiones”.
Abrir calles permitiría también que ingresen al loteo ambulancias, y principalmente autobombas, como las que hicieron falta días atrás, cuando un foco de incendio arrasó con monte nativo a sólo 150 metros de las casas. Esas mismas casas pródigas en chapa y madera, adornadas por medidores que todavía nadie puede usar.

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