La escasa actividad fomentada por el Gobierno permitió la la oposición tomar la iniciativa parlamentaria. Impulsaron el juicio político a los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano y la interpelación de Eduardo Casal y a Faurie.
Ed Impresa 01/06/2019 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
La estrategia del gobierno en el campo legislativo fue clara desde el inicio mismo del período presidencial de Mauricio Macri. Con minoría en ambas Cámaras del Congreso Nacional, el oficialismo se propuso impulsar y aprobar sólo las leyes que fueron afines a su proyecto político y lo consiguió con creces.
En los dos primeros años el Poder Ejecutivo logró la aprobación de más de cien leyes que apuntalaron su gestión, con el apoyo incondicional del Peronismo Federal llamado “dialoguista” o “racional” y del Frente Renovador y quedaron asociados de manera directa, en nombre de la “gobernabilidad”, a las iniciativas políticas que contribuyeron a la debacle económica y social en la que está sumergida la Argentina.
Hoy estas fuerzas políticas que representan los gobernadores de Córdoba y Salta, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, respectivamente; el senador Miguel Pichetto, el diputado Diego Bossio y el líder Renovador Sergio Massa, se presentan como “Alternativa Federal”, que a pesar de quedar cada vez más debilitados por el alejamiento de los gobernadores (ayer al cierre de esta edición el Frente Renovador definía su estrategia electoral) y la imposibilidad de lograr la adhesión de otros espacios electoralmente significativos se presentarán con fórmula propia alejados del Partido Justicialista y de Cambiemos.
El año pasado por responsabilidad del oficialismo que es quien tiene la llave del Congreso tuvo el triste récord de sancionar la menor cantidad de leyes y la menor cantidad de sesiones ordinarias desde el retorno a la democracia en 1983.
Además, en la segunda mitad de 2018 el oficialismo mantuvo inactivo el Parlamento para evitar que la crisis económica financiera que se había desatado contaminara sus planes de gestión. En ese período la Cámara de Diputados estuvo 120 días sin sesionar y otro tanto la de Senadores.
Este año el gobierno de Cambiemos repitió la fórmula y con la campaña electoral como telón de fondo no será la excepción, como lo demuestran las estadísticas parlamentarias, de la disminución del trabajo legislativo en períodos electorales que además se estima no se extenderá más allá de junio.
La actividad parlamentaria quedó prácticamente reducida al trabajo de las Comisiones y la oposición tomó la iniciativa en el Congreso.
Después de un año de indefinición quedó conformada la Comisión Bicameral de Seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal y esta semana confirmó la citación para el próximo martes del procurador general interino, Eduardo Casal para responder sobre su gestión y dar explicaciones sobre el caso del fiscal Carlos Stornelli, que se encuentra en rebeldía por no presentarse a declarar como imputado en la megacausa D’alessio de la organización delictiva judicial, mediática y política con vinculaciones con el gobierno dedicada al espionaje y a la extorsión de empresarios, ex funcionarios y políticos opositores, en el país y en el exterior.
El juez de Dolores, Ramos Padilla le pidió a Casal que tome medidas para desaforar a Stornelli y removerlo de su cargo o iniciar un proceso de juicio político en su contra.
Sin embargo, el procurador interino no hizo lugar al pedido de Ramos Padilla y optó por solicitar al Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal un nuevo sumario administrativo para evaluar la conducta de Stornelli, que será entregado en un plazo de 60 días hábiles.
A través de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores opositores pidió impulsar el juicio político al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.
El proyecto refiere a dos hechos concretos: “las presiones indebidas dirigidas a forzar la renuncia del Dr. Carlos Rozanski a su cargo de juez federal” para garantizar “la negociación con el arrepentido Leonardo Fariña del contenido de sus declaraciones en sede judicial” para involucrar en varias causas a empresarios, ex funcionarios y los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.
Además los diputados Leopoldo Moreau, Agustín Rossi, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Daniel Filmus, José Luis Gioja y Roberto Tailhade, entre otros pidieron esta semana el juicio político a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por “mal desempeño en sus funciones e incluso una eventual responsabilidad penal por acciones cometidas en el ejercicio de su cargo público”.
Uno de los motivos principales es por su directa vinculación en el caso D’alessio. Los legisladores consideran que “ha quedado probado …que (Bullrich) mantenía un vínculo espurio con el espía Marcelo D’alessio, quien le reportaba acerca de operaciones de espionaje ilegal y que dicha relación espuria se daba en el ejercicio de sus funciones como Ministra de Seguridad”.
Además, entre las causas figura el encubrimiento del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados presidida por el neuquino Darío Martínez (Unidad Ciudadana) inició esta semana el debate sobre la licitación para la exploración hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas, donde se advirtió sobre las nocivas consecuencias de la adjudicación a empresas vinculadas al ilegítimo gobierno colonial británico en las Islas Malvinas para la soberanía argentina.
Asimismo, las adjudicaciones buscan ser frenadas mediante acciones de amparo presentadas por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), el municipio de Río Grande y harán lo propio la gobernación fueguina y el municipio de Ushuaia.
Mientras tanto, el legislador patagónico manifestó que “vamos a pedir la interpelación del canciller Jorge Faurie. Los riesgos a los que este gobierno expone nuestra soberanía y nuestros recursos naturales en torno a Malvinas merece que el responsable de la política exterior argentina venga y explique lo que está haciendo.”
Otro de los temas que irrumpió con fuerza esta semana en el Congreso fue la presentación del octavo proyecto para despenalizar el aborto.
Si bien será muy difícil que el debate vuelva a darse este año, con la misma composición de las cámaras y en medio de la campaña electoral, las diputadas y diputados “verdes” buscaron darle un envión para mantener la vigencia del reclamo y, sobre todo, instar a los candidatos a que se pronuncien sobre el tema.
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