Un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se conoció el viernes abre le camino para que las empresas públicas abran el ingreso a personas con discapacidad basándose en la ley provincial 5624 y la nacional 22543, que exigen que se garantice un cupo del 5% y el 4%, respectivamente.

Todo comenzó cuando Alfredo Diez, un abogado al que le diagnosticaron lupus, pidió ser incorporado a la empresa considerando el marco establecido por las normativas antes mencionadas.  

En su momento, la empresa provincial le denegó dicho requerimiento y Diez fue a la Justicia a reclamar por su situación. En 2017, la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de Río Cuarto le dio la razón pero Epec apeló esa sentencia.

Dos años después, el TSJ resolvió exigirle a las empresas públicas la diagramación de un sistema de concurso a fin de facilitar el ingreso de personas con discapacidad tal cual lo exigen las normas provinciales y nacionales. Y le dió un año de plazo a la Epec para resolverlo. 

Si bien el TSJ no falló a favor de su requerimiento, el abogado consideró que el fallo representa “un logro grande” ya que “el objetivo fundamental era la posibilidad de abrir puertas a personas con discapacidad para el ingreso a una empresa pública en función del cumplimiento de la ley de cupo de discapacidad”, señaló en diálogo con Cadena 3.