El equilibrio de las cuentas fiscales primarias, objetivo inflexible que Cambiemos acordó con el Fondo Monetario Internacional, también parece difícil de lograr.
Ed Impresa 05/04/2019 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Los primeros meses del año muestran una recaudación impositiva por debajo de lo esperado, frente a lo cual muchos especialistas estiman que el déficit fiscal primario terminaría siendo de poco más de medio punto de PBI. Es decir, más de lo pautado con el Fondo.
Ocurre que la recaudación del Estado nacional se dificulta por la recesión económica, un aspecto que ya habíamos señalado en anteriores entregas en este semanario, donde advertíamos que el ajuste generaría condiciones poco propicias para lograr equilibrio fiscal al perjudicar la recaudación. La estructura recaudatoria de la Argentina hace que el ingreso de dinero a través de Afip sea directamente proporcional al nivel actividad económica. Para tener una referencia del mismo, cabe mencionar que el Informe de Recaudación del año 2017 de Afip (el último informe anualizado publicado por el organismo) informa que de los recursos tributarios que recauda la administración, el impuesto al Valor Agregado y Ganancias representan el 76,8% de los ingresos registrados.
Si contemplamos la recaudación del IVA por actividad económica (de acuerdo a la actividad principal declarada por el contribuyente) vemos que la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista aportan la mayor cantidad de recursos. El primero representó en el 2017 el 29% del IVA bruto total recaudado, mientras que el comercio explicó el 24% de la recaudación del impuesto señalado. En tercer lugar aparece la intermediación financiera, actividad que aportó el 9,7% del IVA recaudado.
De lo expuesto se deduce que la industria y el comercio explican más de la mitad de la recaudación de un impuesto central para la estructura recaudatoria actual. De modo tal que es de esperar un deterioro de la recaudación total cuando estas actividades tienen mala performance económica. Según Indec, las ventas de supermercados cayeron en enero un 10,5%, mientras que los autoservicios mayoristas facturaron un 15,2% menos que hace un año atrás. De este modo, se evidenció a comienzos del año una profundización de la tendencia del 2018 en donde las ventas minoristas se debilitaron un 3% y las de los mayoristas un 3,2 por ciento en el acumulado de los doce meses.
Al deterioro del comercio se le suma la mala performance de la industria, que registró una caída interanual en enero de 10,8%, según relevamientos del mismo gobierno. Al igual que ocurrió en el comercio, el índice de producción industrial mostró un deterioro acumulado anual durante el 2018. El mismo fue de cinco puntos porcentuales y no hay expectativa de que esos números vayan a revertirse este año caracterizado por la cautela de los empresarios a la expectativa de lo que vaya a resultar de las elecciones presidenciales.
La recaudación de febrero marcó un incremento de 38% en comparación al mismo mes del año pasado, lo que significa que en términos reales hubo una caída puesto que los aumentos de precios acumulados en el período en cuestión fueron de 51,3 por ciento, de acuerdo a relevamientos publicados recientemente por Indec. Mientras que en marzo, los recursos tributarios se ubicaron 16 puntos por debajo de la inflación acumulada estimada para el mismo mes (recién el 16 del corriente mes se conocerán los datos oficiales de la inflación registrada durante marzo). De este modo, el Estado acumulará nueve meses consecutivos con ingresos vía impuestos por debajo de los aumentos de precios.
El ajuste que lleva adelante Cambiemos incuba el huevo de la serpiente. Su política de retraer el gasto público, más la contracción de la base monetaria acordada con el Fondo para financiar la fuga de dólares, implican la profundización de una dinámica recesiva que hace más difícil lograr “déficit cero”, su objetivo prioritario.
Si analizamos la situación por el lado de las erogaciones que hace el Estado (gasto público), vemos que el gasto primario registró una caída igual a 12,7% en relación con el primer bimestre del año 2018, a moneda constante, según Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal). El mismo organismo advierte que los ingresos totales crecieron por debajo de lo esperado de acuerdo a lo pautado para el primer bimestre en el Presupuesto 2019. Mientras que, pese al ajuste implementado, el gasto primario creció por encima de lo presupuestado para el primer bimestre del año. El mismo registró un incremento de 32,2% (lo que significa un ajuste en términos reales al aumentar por debajo de la inflación) no obstante, el gasto presupuestado para el período en cuestión debió ser de 23,8%.
Del gasto total que tiene el Estado nacional, más de la mitad corresponde a jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y otros subsidios sociales, que se actualiza de acuerdo a los aumentos de precios acumulados de los últimos seis meses. El resto está compuesto por subsidios a la energía y el transporte, obra pública e infraestructura, transferencias no automáticas a provincias y aportes a las universidades públicas y a las empresas estatales. De modo tal que si el Gobierno decide equilibrar el déficit ajustando aún más el gasto, para neutralizar la retracción de los ingresos, afectaría la partida presupuestaria de cualquiera de las categorías antes mencionadas. Lo cual implicaría pagar un costo político que todo oficialismo pretende evitar para mantenerse competitivo en la elección de octubre. En este estado de situación, cada vez toma más cuerpo la iniciativa de hacer otro blanqueo de capitales para inyectar recursos a las desequilibradas cuentas fiscales.
Más allá de alguna tolerancia que pueda tener el Fondo para con la gestión de Mauricio Macri respecto al incumplimiento de la meta fiscal, lo cierto es que dejará al próximo gobierno (sea cual fuere) un margen mínimo de negociación con el FMI, cuando no nula. Puesto que, con las distintas modificaciones que se realizaron sobre la marcha, desde junio del 2018 y septiembre del 2019, Cambiemos recibirá el 88% del préstamo acordado con el Fondo. En consecuencia, para el gobierno que asuma el 10 de diciembre queda el 12% restante, al cual se le exigirán superávit fiscal y reformas estructurales como condición sine qua non, de no redefinir los acuerdos pactados por la actual gestión.
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