Es por la investigación que lleva adelante el juez federal de Dolores en el resonante caso del descubrimiento de una red ilegal de espionaje judicial, político y periodístico.
Ed Impresa22/03/2019 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
El gobierno de Mauricio Macri no solo sumergió al país en una debacle económica y social, como lo demuestran todos los indicadores de esa naturaleza, sino también en el plano judicial.
En este último sentido, la administración de Cambiemos fue denunciada desde el principio de su gestión por falta de republicanismo, uno de los leitmotiv de la alianza para diferenciarse de uno de los tantos males que le atribuyeron al kirchnerismo.
Nadie esperaba que el PRO, por su origen ideológico, fuera respetuoso de la división de poderes pero ni el radicalismo conservador, ni la Coalición Cívica lo pudieron garantizar; al contrario, convalidaron y se dejaron arrastrar por esas malas prácticas.
Así lo demuestra la larga lista de vulneración sistemática de la independencia judicial del gobierno de Macri, que fue denunciado por legisladores opositores mediante un lapidario documento por la Asociación Americana de Juristas y por la organización civil local Iniciativa Justicia.
A partir de su asunción como presidente, Macri inició una política de sometimiento del Poder Judicial que comenzó con el Decreto N°83/15 mediante el cual intentó, eludiendo el proceso constitucional, designar “en comisión” a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tras el rechazo unánime de la oposición, mandó los pliegos al Senado para los nombramientos.
Luego, el 29 de diciembre de 2015, prosiguió con el decreto 257/15 que restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio Público Fiscal, que culminó con la persecución contra la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hasta conseguir su renuncia.
A partir de esos movimientos iniciales, sucedieron una serie de presiones vinculadas a la estigmatización de la Justicia Laboral y de abogados y abogadas laboralistas, cuyo caso saliente fue el de Héctor Recalde. Persecución a profesionales del Derecho y a activistas de derechos humanos, presiones sobre magistrados y fiscales, cambiando juzgados y tribunales sin la intervención de los otros poderes; y graves intromisiones del Poder Ejecutivo en procesos en trámite, particularmente la que terminó siendo una persecución desatada contra líderes políticos y sociales de la oposición.
La larga lista por la violación sistemática de la independencia judicial en la Argentina que se describieron en el documento de la denuncia de la Asociación Americana de Juristas ante la Relatoría Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) puede leerse en: Asociación Americana de Juristas
Asimismo, en el ámbito local la organización civil Iniciativa Justicia, una entidad que agrupa a juristas, catedráticos y referentes del Derecho Penal, denunciaron la manipulación de los procesos judiciales que ponen en riesgo las garantías constitucionales y el Estado de Derecho en la Argentina. La agrupación está integrada por los letrados Carlos Alberto Beraldi, Graciana Peñafort, Maximiliano Rusconi, Daniel Llermanos y Martín Arias Duval.
“El momento actual de la administración de justicia de quienes abogan por un Poder Judicial quizás no exento de errores, pero probo e imparcial, sólo sometido a las leyes de este país, libre en sus decisiones de toda otra influencia, dista burdamente de tal desarrollo, sobre todo en materia penal y en la competencia federal, no sólo por inmiscuirse allí, inconstitucionalmente, el PEN y la presidencia de la Nación, (N de la R: y los medios de comunicación hegemónicos del país alineados con el gobierno) sino, antes bien, por los desvaríos jurídicos de jueces y fiscales”, señaló Julio Maier al sintetizar la posición de esa posición por las formas en que se llevan adelante los casos que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a funcionarios de su gobierno y también a empresarios.
Un repaso de los casos más relevantes: el fiscal Juan Pedro Zoni fue apartado de la causa que investiga la deuda de Correo Argentino, en manos de la familia Macri; en la misma causa, Gabriela Boquin debió recurrir a la Corte Suprema de Justicia para evitar el mismo destino. El ex fiscal del fuero previsional Gabriel de Vedia tuvo que dejar su cargo luego de denunciar negociados con fondos del Anses que involucraban al titular de ese organismo, Emilio Basavilbaso, y al entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo. Hace pocos días, el juez federal Claudio Bonadio, en un recreo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, sobreseyó sin más a ambos funcionarios. Al juez Sebastián Casanello, en tanto, le quitaron en febrero la investigación de los aportes truchos de Cambiemos en las campañas de 2015 y 2017. La decisión la tomó el camarista Martín Irurzun, autor de la doctrina que permite la prisión preventiva de opositores, a pedido del fiscal Carlos Stornelli.
Como corolario el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, aseguró que el Poder Judicial “está ante una crisis de legitimidad”, al inaugurar esta semana el año judicial.
En el último acto, por orden directa del presidente Macri, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, formalizó el lunes pasado la denuncia del Gobierno en contra del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para promover su destitución del cargo y su envío a juicio político por la causal de mal desempeño de sus funciones a raíz de la ventilación de datos de la causa penal seguida al detenido falso abogado Marcelo D’Alessio en una reunión pública realizada la semana pasada en el Congreso de la Nación y en la cual tiene convocado a prestar declaración indagatoria al fiscal federal Carlos Stornelli, que en dos ocasiones evadió la citación y podría ser declarado en rebeldía, que interviene en el llamado caso de las fotocopias de los cuadernos de las coimas en la obra pública, en la que intentan involucrar a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Sin embargo, la “red de espionaje ilegal de enorme magnitud” que se reveló ante el magistrado luego de los allanamientos al domicilio del falso abogado y verdadero espía Marcelo D’Alessio no solamente pone en jaque la causa de las fotocopias de los cuadernos que fungía convertirse en la principal espada judicial contra la ex presidenta Cristina Kirchner de cara a la campaña de este año sino también porque puede salpicar a figuras clave de la coalición oficialista, como la diputada Elisa Carrió, y a funcionarios de primera línea del gobierno de Cambiemos, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Pero la preocupación presidente Macri no solo tiene que ver con lo que se conoce sino también con las nuevas revelaciones que el Juez Ramos Padilla dejó ayer en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional. Por ejemplo, ahora surgieron nuevos elementos que estarían vinculando a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en graves irregularidades en el manejo de fondos reservados, confió a La Nueva Mañana un legislador integrante de la Comisión.
Al parecer “me da la impresión de que en una de las carpetas de investigación que llevó adelante D’alessio aparece la posibilidad de que hayan sido utilizados indebidamente fondos reservados de la Provincia, porque D’alessio hacía investigaciones a varias puntas y parece ser que también llevó adelante una referida a estos manejos por parte de la gobernadora de la provincia”, señaló la fuente. Pero se trata de un proceso que aún está dando sus primeros pasos y futuras revelaciones pueden echar luz sobre nuevas ramificaciones, con consecuencias imprevisibles. La orden de Macri de avanzar contra Ramos Padilla, en todo caso, deja en evidencia todo lo que está en juego para el mandatario en esta causa.
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