Redacción La NUEVA Mañana
En la jornada del viernes, Amnistía Internacional elevó un pedido de informes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el fin de reconocer los aspectos relacionados a la violencia institucional sufrida por la niña tucumanda a la que le fue negada la ILE y fue obliga a parir mediante una cesárea forzada.
El organismo internacional recordó en su pedido que en el año 2018 "el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado Argentino que garantice el acceso de las adolescentes a servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto, asegurándose de que la opinión de la interesada siempre sea escuchada y tenida debidamente en cuenta en el proceso de decisión”.
"La voluntad de la niña de interrumpir un embarazo fue manifestada de forma clara y libre tanto en sede judicial como en sede sanitaria, y fue la creación de barreras burocráticas lo que dilató innecesariamente la prestación exponiendo su salud, su vida y su libertad" señala en el comunicado en que se oficializa el pedido que deberá resolver la cartera que dirige Claudio Avruj.
El comunicado:
En el día de hoy 1 de marzo de 2019, presentamos un pedido formal a la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán (obrante en Expediente N° 99/850/M/19) para que informe sobre las violencias institucionales sufridas por “Lucía” tanto en su condición de paciente del Sistema Provincial de Salud, como en su condición de víctima dentro del Ministerio Público.
En el mes de Junio de 2018 el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado Argentino “Garantice el acceso de las adolescentes a servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto, asegurándose de que la opinión de la interesada siempre sea escuchada y tenida debidamente en cuenta en el proceso de decisión” (punto 32.b). Este caso sin embargo expresa de forma inocultable la violación de derechos de la niña y devela que su bienestar no fue lo que guió la atención de su salud integral.
Declaraciones públicas de Funcionarixs y Magistradxs de la Provincia evidencian que tanto desde el sector de la salud, como desde el sector judicial se violaron en este caso la confidencialidad, la intimidad, el derecho a un trato digno, el respeto por la autonomía y el derecho a vivir una libre de violencias.
La voluntad de la niña de interrumpir un embarazo fue manifestada de forma clara y libre tanto en sede judicial como en sede sanitaria, y fue la creación de barreras burocráticas lo que dilató innecesariamente la prestación exponiendo su salud, su vida y su libertad. Negar una interrupción legal de embarazo, o dilatarla, configura violencia contra la libertad reproductiva (art. 6 inc. d de la ley 26.485) y violencia obstétrica (art. 6 inc. e de la ley 26.485). Y al haber tenido como agentes de la misma a funcionarios/as del Estado, se configura un supuesto de violencia institucional inaceptable (art. 6 inc. b) censurado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L.
Una adecuada implementación de políticas públicas permite acceder a derechos, y abortar -en casos de embarazos producto de una violación o que pongan en riesgo la salud o vida- es un derecho de todas las personas gestantes desde hace casi un siglo. Todos los poderes de Estado son responsables de la correcta implementación de las políticas para erradicar todo tipo de violencia en la vida de las mujeres.
Instamos a respetar los estándares vigentes y garantizar a cada niña el desarrollo humano, la igualdad y la libertad para construir un futuro al margen de toda maternidad forzada.
#NiñasNoMadres
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