Redacción La Nueva Mañana
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Federal contra la ley de Reforma Laboral, exponiendo que la norma desvía recursos de seguridad social para financiar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Según la denuncia del gremio, la ley permite a los empleadores descontar de sus contribuciones al sistema previsional el mismo monto que aportan al FAL. En la práctica, las empresas dejan de pagar las indemnizaciones por despido directamente, y estas pasan a ser cobradas por los trabajadores a través de un fondo financiado con sus aportes jubilatorios.
"Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, enfatizó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y anticipó que “el FAL terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado".
"Estamos frente a un desfinanciamiento del Anses sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes", completó Aguiar.
Se estima que el desfinanciamiento alcanza 3.000 millones de dólares anuales. Si el porcentaje aportado al FAL alcanza su tope del 3%, el sistema previsional perderá el 16,5% de sus ingresos, todo esto en un contexto donde el sistema encuentra no llega a cubrir las prestaciones vigentes.
"La Justicia debe intervenir y no dudar en defender los intereses de aquellos que han sido los más afectados por el programa económico de Milei, que son los jubilados", concluyó el dirigente estatal.
"El FAL afecta principios esenciales de nuestro sistema previsional, entre ellos el derecho a la seguridad social, la movilidad jubilatoria, la solidaridad como eje rector del sistema y la sustentabilidad del régimen previsional argentino", señaló por su parte Noelia Guzmán, Presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE.
El gremio impulsó la demanda contra el artículo 76 de la ley de Reforma Laboral y el artículo 24 del Decreto 408/2026. Además, solicitó una medida cautelar para frenar la aplicación de las normas mientras se define el juicio.
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