Este viernes se cumplen dos años del asesinato del joven en manos de dos efectivos policiales. Hoy realizarán una intervención exigiendo justicia y descubrirán un mural en su homenaje.
Ed Impresa 22/02/2019
Gabriela Yalangozian
22 de febrero de 2017. Franco Amaya, con sus 18 años estaba a punto de recibirse de peluquero, y esa noche iba a ver a Ulises Bueno en el boliche Molino Rojo en Villa Carlos Paz. Con su primo Agustín salieron en moto a buscar una camisa.
Cuando circulaban por calle Los Gigantes casi en la intersección con Alem, se encontraron con una posta policial. La moto tenía pocos frenos y Franco intentó detenerse utilizando los cambios. Allí es cuando el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos, de 26 años, le disparó por considerar que estaban evadiendo el control de la Policía.
Su compañero, el agente oficial ayudante José Ezequiel Villagra, de 23, era el responsable del control y fue quien dio aviso a un superior cuando ocurrió el hecho. Franco agonizaba y se le negó asistencia médica, debieron llevarlo en forma particular al Hospital Gumersindo Sayago, a pocas cuadras del control, donde posteriormente falleció.
Su asesinato despertó una movilización en las puertas de la Unidad Departamental Punilla de Carlos Paz. Su caso pasó a formar parte de la lista de víctimas del “gatillo fácil” y su familia hizo varias marchas para exigir justicia.
En mayo del año pasado la Cámara 11 del Crimen llevó adelante el juicio. Allí se determinó que ambos policías estaban alcoholizados al momento del hecho. El 18 de mayo en una sentencia polémica, Bustos fue condenado a 12 años de prisión; mientras que Villagra fue absuelto.
La mamá de Franco Amaya, Laura Cortez, no pudo evitar las lágrimas de frustración al oír el fallo del tribunal. Su abogado Carlos Nayi, ofició de vocero y aseguró que se iba a apelar la sentencia.
Consultado por La Nueva Mañana, Carlos Nayi precisó que el recurso de casación se encuentra en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia a la espera de una resolución.
Lo que se objeta es la pena de 12 años de prisión para Bustos bajo la calificación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Para la querella, el policía debe ser juzgado “bajo la calificación legal que le corresponde: la de homicidio agravado en calidad de autor y por el uso de arma de fuego en concurso ideal”.
“Cuando mató tenía el uniforme policial y lo hizo con el arma reglamentaria. Además, como condimento, hay que tener presente que tanto él como Villagra estaban ebrios: el primero tenía 87mm de alcohol en sangre, su jefe 84mm. No cabe duda alguna que mataron de manera artera e innecesaria, a traición cuando Franco no estaba armado y no escapaban de ningún control. Lo ejecutó a 50 centímetros. Mató porque sí, por desprecio, y luego mostró indiferencia total. Ese accionar tiene una sola respuesta que es la prisión perpetua”, aseguró Nayi.
“No puede haber concesiones, porque en Córdoba no existe la llamada ´doctrina Chocobar´. Aquí nos regimos por el Código Penal, y no podemos hacerle decir al código lo que no dice por una campaña electoral”, aseveró el abogado de la familia.
Nayi además citó un caso anterior también en Córdoba. El de Güere Pellico en 2016. Los uniformados que lo asesinaron fueron condenados a prisión perpetua.
“En el caso de Franco Amaya, estamos convencidos de la responsabilidad penal. Quienes lo mataron no obraron en exceso del ejercicio de su función, sino que lo hicieron a conciencia. Aquí el alcohol no fue un atenuante. Los peritos forenses determinaron que los uniformados sabían lo que hacían. Por eso es que solicitamos la realización de un nuevo juicio”, explicó.
A dos años del asesinato de Franco, su familia asegura “hubo juicio, pero no justicia”. Y por esa razón convocaron a una intervención pública este viernes desde las 18 horas en la esquina de Alem y Los Gigantes, en Villa Carlos Paz. Se trata del lugar donde Franco recibió el disparo fatal a quemarropa.
Laura Cortez, mamá de Franco, comentó a La Nueva Mañana que la actividad fue organizada por amigos. “Yo no puedo organizar nada, me quedé como paralizada luego de lo que pasó. Siento que por más que grite, a mi hijo no lo devuelve nadie”.
Según precisó, este viernes caminarán por calle Los Gigantes pegando en los postes de luz carteles “con frases que se dijeron durante el juicio”. También se intervendrá el nombre a la calle para ponerle el de Franco Amaya.
Las acciones continuarán en avenida Perón y Los Gigantes donde habrá un acto y se irá pintando un mural con el rostro del joven asesinado, para terminar con un festival musical.
Cuando se le pregunta sobre las políticas de seguridad que tuvo en estos dos años el Estado nacional, en especial por el protocolo de uso de armas de fuego a las fuerzas de seguridad, Laura Cortez dice que siente bronca.
“A mi hijo lo mataron porque querían. No es justo, no tenían derecho a quitarle la vida. Franco no era un ´cabecita negra´, tampoco ´una rata menos´, como dijeron en su momento. Era un chico que tenía muchos proyectos. ¿Cuantos inocentes más van a morir en manos de la policía?”, se preguntó.
Pasaron dos años y según cuenta nunca nadie de la institución policial se comunicó con ella: “Nunca me dijeron nada, ni me pidieron disculpas por lo ocurrido. Pero tampoco esperé que lo hicieran”, admitió.
La doctrina “Chocobar”
La llamada doctrina “Chocobar” hace referencia al policía Luis Chocobar, que en diciembre de 2017 mató a balazos a Pablo Kukoc de 18 años, que había apuñalado a un turista en el barrio porteño de la Boca.
El suboficial estaba vestido de civil. Corrió a Kukoc y le disparó siete veces por la espalda: dos disparos impactaron en el joven, quien finalmente murió.
Esta semana, se supo que el caso será sometido a juicio oral y público. La carátula de la causa ya generó polémica. La querella pide que vaya a juicio por homicidio agravado, con condena perpetua. La fiscalía considera que el delito es “homicidio con exceso en el cumplimiento de deber”, cuya pena máxima es de cinco años.
El caso de Chocobar fue emblemático. El propio presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldaron al efectivo policial en varias oportunidades.
En diciembre pasado, el gobierno dictó la resolución 956/2018 publicada en el Boletín Oficial, que popularmente fue conocida como la “Doctrina Chocobar”.
En la misma autoriza a las fuerzas de seguridad a disparar cuando un “presunto delincuente” posea un símil de arma letal, o cuando se presuma que la posee”. También autoriza a abrir fuego cuando se efectuasen “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”.
El Reglamento General para el Empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad se encuentra en plena vigencia.
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