La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy exigió a través de un comunicado la renuncia del ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bohuid por "falta de confidencialidad, celeridad y la intromisión de los medios de comunicación".
Además, repudió a la directora del Hospital Materno Infantil, Dra. Vargas y al jefe del servicio de Gineco-obstetricia Dr. Briones por "ejercer violencia institucional y obstétrica y no cumplir con los principios rectores de los protocolos".
Fundación Huésped y APDH
"No es ILE, es maternidad forzada", se titula el comunicado emitido por la Fundación Huésped, la reconocida organización argentina sin fines de lucro que lucha por la promoción y reducción de enfermedades con foco en VIH/sida.
"Una cesárea practicada a una nena de 12 años embarazada producto de una violación y un bebé en neonatología no es Interrupción Legal del Embarazo (ILE), es maternidad forzada. Un acta de nacimiento y un proceso de adopción abierto tampoco es lo que indica la ley", arranca el comunicado publicado en el sitio web de Fundación Huésped.
La Fundación Huésped continúa con una descripción de la situación: "Una niña sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte, y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado que debía protegerla en busca de ayuda y recibe estas respuestas es una niña cuyos derechos fueron vulnerados demasiadas veces. A pesar de que en nuestro país el aborto es legal por tres causales y en su caso se cumplían dos (había sido violada y tenía riesgo de vida), el Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza".
La Fundación apuntó contra los profesionales de la salud "que no detectaron el embarazo cuando la niña asistió primeramente al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo".
Y luego contra el Gobierno jujeño: "El Estado provincial en Jujuy no estuvo ausente. Estuvo presente por acción y por omisión: impidió el derecho de la niña a la educación sexual integral que permite reconocer y denunciar un abuso, obstaculizó el acceso a los protocolos de actuación para estos casos, detallados en los 'Lineamientos sobre Abusos Sexuales y Embarazo Forzado en la Niñez y Adolescencia', violó su derecho a la privacidad. El Estado provincial es responsable".
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) responsabilizó "a las autoridades sanitarias de los daños psíquicos y físicos que ocasionará, sin duda, esta situación en la vida de la niña y de su familia".
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